Los dos guardias civiles del GRS 2 desarrollaban en ese momento una labor de identificación de personas en las inmediaciones del muelle, un dispositivo destinado a impedir que quienes carecen de autorización para residir en España aborden los ferris que conectan la ciudad autónoma con puertos peninsulares como Algeciras. Al ser requeridos para acreditar su identidad, uno de los dos hombres, que no portaba documentación, empujó con violencia a uno de los agentes y emprendió la huida junto a su acompañante, según el relato de los hechos Faro de Ceuta.
Uno de los guardias civiles inició una persecución a pie que se prolongó unos 300 metros hasta dar alcance a uno de los fugitivos. En ese momento, según ese mismo relato, el hombre reaccionó con un puñetazo en el pecho del agente, lo que derivó en un forcejeo que terminó con ambos en el suelo. El guardia civil logró inmovilizar al primer detenido, pero el segundo integrante del grupo intervino entonces para intentar liberar a su compañero, prolongando el altercado hasta la llegada de un segundo agente, que permitió reducir también al otro implicado.
Ambos fueron trasladados a dependencias policiales, donde se instruyeron las diligencias correspondientes antes de ser puestos a disposición judicial como investigados por un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad. Uno de los guardias civiles resultó herido de carácter leve, con una contusión en la mano derecha que afectó especialmente al dedo meñique, lesión compatible con el forcejeo descrito. El agente recibió asistencia médica y su estado no revestiría gravedad.
Este altercado se produjo un día después de que se conociera la detención de otras doce personas, también de nacionalidad marroquí, investigadas por preparar una presunta emboscada contra un grupo de militares desplegados en la ciudad. Ambos episodios se enmarcan en un contexto de tensión sostenida en Ceuta desde que, el 30 de julio, se registrara una entrada masiva e irregular de personas por la frontera con Marruecos.
Un goteo de denuncias en los juzgados ceutíes
Los juzgados de Ceuta habrían recibido hasta la fecha 53 denuncias por agresiones, resistencia y atentados contra agentes de la autoridad presuntamente cometidos por personas en situación irregular desde aquella fecha, según la información publicada. De ese total, 29 corresponderían a delitos de atentado a agente de la autoridad, 23 a delitos de resistencia y una a un delito de agresión. La mayoría, 51, habrían sido presentadas por agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local.
A ese bloque se sumarían, según la misma información, otras 20 denuncias relativas a presuntas agresiones sexuales, ocho de ellas calificadas como violación, contabilizadas hasta el pasado miércoles, con una vecina de la ciudad autónoma entre las víctimas. El Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, no ha hecho pública una estadística oficial y desagregada de la incidencia delictiva vinculada a los episodios migratorios registrados en Ceuta desde julio, lo que impide contrastar de forma independiente la magnitud exacta del fenómeno descrito por fuentes judiciales y policiales.
El delito de atentado contra agente de la autoridad, regulado en los artículos 550 a 554 del Código Penal, protege específicamente a quienes ejercen funciones públicas de seguridad frente a agresiones cometidas en el desempeño de su labor. La pena prevista oscila entre uno y cuatro años de prisión cuando concurre violencia, y puede agravarse si se emplean armas u objetos peligrosos, circunstancia que no consta en este caso. El procedimiento seguirá su curso ante el juzgado de instrucción de guardia de Ceuta, que deberá decidir sobre la situación personal de los dos investigados, sin que conste a día de hoy si se ha solicitado prisión provisional o si han quedado en libertad con cargos.
La condición de investigado, que sustituyó a la antigua figura del imputado tras la reforma procesal de 2015, no implica en ningún caso una declaración de culpabilidad. Corresponde a la instrucción judicial determinar si existen indicios suficientes para elevar la causa a fase de acusación, y en última instancia será un tribunal el que, tras el correspondiente juicio, declare culpables o absuelva a los detenidos.
Ceuta, junto con Melilla, mantiene desde hace décadas una situación fronteriza singular dentro de la Unión Europea por su condición de frontera terrestre entre territorio comunitario y el continente africano, lo que ha generado episodios recurrentes de presión migratoria desde los años noventa. Entre los precedentes más citados figuran los asaltos masivos a la valla de 2005, que se saldaron con varios fallecidos, y la crisis diplomática de mayo de 2021, cuando alrededor de 10.000 personas entraron a nado o a pie en pocas horas tras la relajación temporal de controles por parte de Marruecos, en plena tensión bilateral por la acogida en España del líder del Frente Polisario.
El episodio iniciado el 30 de julio de este año se suma a ese historial y ha vuelto a situar en primer plano el debate sobre los recursos disponibles para las fuerzas de seguridad destacadas en la ciudad. A falta de que Interior facilite datos oficiales consolidados, el seguimiento del asunto pasará en las próximas semanas por comprobar cuántas de las 53 denuncias registradas en los juzgados ceutíes derivan en apertura de juicio oral, así como por la resolución judicial de los casos ya conocidos, incluida la presunta emboscada a militares denunciada un día antes de este último incidente.
