Valiente insistió en que no existe una causa única que explique el repunte, sino un cruce de factores que, a su juicio, requiere un análisis alejado tanto del discurso gubernamental como de las lecturas más alarmistas. Su intervención se produjo mientras miles de personas que habían accedido a la ciudad autónoma emprendían ya el camino de regreso hacia Marruecos, en un movimiento que las autoridades no habían terminado de cuantificar con precisión.
"Ni mafias ni sentencia. Esto no se sostiene en un análisis sereno con los datos que ahora mismo se tienen", resumió el director de CEAR. El responsable de la organización aportó un dato para sustentar su argumento: las llegadas a Ceuta venían aumentando de forma significativa desde el inicio de 2026, hasta doblar la cifra del año anterior antes de que se conociera el fallo del Supremo. Esa tendencia previa, sostuvo, desmonta la relación causa-efecto que ha defendido el Ejecutivo al hablar de una "lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanos han hecho" de la sentencia.
La resolución a la que se refiere el Gobierno es la dictada por el Tribunal Supremo a comienzos de julio de 2026, que confirmó la ilegalidad de las devoluciones en caliente practicadas por mar durante años. El fallo, según explicó Valiente, no se pronuncia sobre los rechazos en frontera terrestre, sino sobre la aplicación de las devoluciones por el mar. "Pensar que las personas que puedan estar a la espera de cruzar la frontera hagan un análisis de esta sentencia yo creo que es algo bastante infundado", señaló el abogado.
Operación Paso del Estrecho y Feria de Ceuta, entre los factores citados
Entre las circunstancias que sí explicarían el pico de cruces, Valiente citó el desarrollo de la Operación Paso del Estrecho, el dispositivo que cada verano gestiona el tránsito de personas y vehículos entre la península y el norte de África y que tradicionalmente coincide con un mayor trasiego fronterizo, así como la celebración de la Feria de Ceuta, que atrae en estas fechas un movimiento adicional de población a ambos lados de la línea divisoria.
CEAR, que mantiene un servicio ordinario de asesoramiento jurídico en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta, reconoció que la magnitud de las llegadas ha desbordado sus previsiones de trabajo. La organización cuenta con abogados en el propio centro que atienden de forma regular a los residentes y se ha puesto a disposición del Ministerio del Interior para reforzar el equipo si resultara necesario, en un momento que Valiente describió como de "total anormalidad" mientras no se ordene el flujo de personas hacia el CETI y las entrevistas de identificación.
El marco normativo que rige estas situaciones combina la legislación española de extranjería y asilo con el derecho de la Unión Europea, que establece garantías mínimas para quienes manifiestan intención de solicitar protección internacional. La Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, obliga a las autoridades a identificar a quienes expresan esa voluntad y a tramitar su solicitud con independencia del volumen de llegadas, mientras que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha fijado en distintas resoluciones los límites de las devoluciones sumarias en frontera.
Amparándose en ese marco, CEAR reclamó que se agilicen los traslados a la península de las personas llegadas a Ceuta, como vía para descongestionar la ciudad autónoma y garantizar una atención en condiciones dignas. La organización advirtió de que proceder a retornos hacia Marruecos sin las garantías individuales exigidas por la normativa, y sin atender a las circunstancias personales de cada persona, socavaría el derecho de asilo reconocido tanto en la legislación española como en los convenios internacionales suscritos por España.
El episodio no es inédito en la frontera ceutí. La ciudad autónoma vivió entradas masivas de gran magnitud en mayo de 2021, cuando miles de personas cruzaron a nado o por el espigón fronterizo en el contexto de una crisis diplomática entre España y Marruecos, un episodio que motivó un fuerte despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del Ejército, derivó en numerosos procedimientos judiciales y abrió un intenso debate sobre el procedimiento de devoluciones aplicado por las autoridades españolas.
El Gobierno, por su parte, mantiene que estructuras de tráfico de personas habrían utilizado el fallo judicial como reclamo para incentivar los cruces. La posición de CEAR es que la tendencia al alza de las llegadas ya era anterior a la sentencia, lo que a su juicio debilita esa explicación. Ambas partes coinciden, no obstante, en la excepcionalidad de la situación y en la necesidad de ordenar el flujo de personas hacia el CETI.
A la espera de que se aclare el balance definitivo de entradas y retornos, y de que el Ministerio del Interior detalle el procedimiento aplicado a quienes permanecen en el CETI, la controversia sobre las causas de la crisis fronteriza en Ceuta seguirá previsiblemente en el centro del debate político y judicial en las próximas semanas, en paralelo a la tramitación de las solicitudes de protección internacional que se hayan podido presentar durante estos días.
