La respuesta marroquí llega en un momento de tensión diplomática entre Rabat y Madrid a cuenta de la presión migratoria sobre la ciudad autónoma de Ceuta, uno de los dos enclaves españoles en el norte de África junto con Melilla, sometidos periódicamente a episodios de presión fronteriza que ambos gobiernos han gestionado tradicionalmente mediante fórmulas de cooperación bilateral en materia de control migratorio.
El Ejecutivo español no ha desmentido ni confirmado públicamente la existencia de presiones por parte de las autoridades marroquíes. En crisis anteriores —como la de mayo de 2021, cuando cerca de 10.000 personas entraron en Ceuta en menos de 48 horas tras la relajación de los controles marroquíes en un contexto de tensión por la hospitalización en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali— la relación bilateral quedó marcada por el uso del control de fronteras como palanca en el terreno diplomático.
La sentencia que Rabat sitúa en el origen
El punto central de la controversia es una resolución de la justicia española que, según la versión trasladada por Rabat, habría "desactivado el elemento disuasorio" que representaban las expulsiones en caliente aplicadas a las personas migrantes que llegan por mar. El Ministerio marroquí sostiene que ese cambio en el marco jurídico español, y no una decisión política de Rabat, explica el incremento de las salidas, al reducirse a su juicio el riesgo de devolución inmediata para quienes alcanzan la costa o las aguas próximas a Ceuta.
El régimen de rechazo en frontera está regulado en la disposición adicional décima de la Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería, introducida por la reforma de 2015, y permite la devolución inmediata de quienes son detectados intentando entrar de forma irregular por los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla, sin tramitación de expediente administrativo previo. El Tribunal Constitucional avaló ese mecanismo, y su aplicación a distintos supuestos ha sido objeto de litigio judicial durante años.
En el plano europeo, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió en febrero de 2020 el caso N.D. y N.T. contra España, en el que avaló las devoluciones sumarias en la frontera terrestre bajo determinadas condiciones, sin zanjar de forma definitiva su aplicación a todos los supuestos de llegada por mar. Es en ese marco jurídico en discusión donde Rabat inscribe la resolución a la que atribuye el efecto llamada.
Según lo trasladado en el encuentro con agencias de prensa extranjeras, el Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí sostiene que el fallo habría sido interpretado por las redes de tráfico de personas y por los propios migrantes como una ventana de oportunidad. Rabat no citó, no obstante, el texto íntegro de la resolución ni precisó su alcance exacto durante la comparecencia.
Desde el lado español, el Gobierno de Pedro Sánchez ha defendido en crisis anteriores la necesidad de reforzar la cooperación con Marruecos en el control de fronteras y ha evitado, por lo general, atribuir públicamente responsabilidad a decisiones judiciales internas. Hasta el momento no ha corroborado la interpretación marroquí sobre el efecto de la sentencia. Los tribunales españoles, por su parte, no realizan valoraciones sobre la lectura que terceros gobiernos hacen de sus resoluciones.
La magnitud del episodio no ha sido precisada oficialmente por ninguna de las dos partes. El comunicado marroquí habla de "decenas de miles" de intentos, una cifra que, de confirmarse por fuentes oficiales españolas como el Ministerio del Interior o la Delegación del Gobierno en Ceuta, situaría el episodio entre los más intensos desde mayo de 2021, cuando miles de personas fueron devueltas a Marruecos mediante el procedimiento de rechazo en frontera en los días posteriores a la avalancha.
La gestión de estos episodios se enmarca en el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación firmado por España y Marruecos en 1991, así como en los sucesivos acuerdos de readmisión de migrantes en situación irregular suscritos desde los años noventa, que constituyen la base jurídica de las devoluciones acordadas bilateralmente al margen del procedimiento de asilo ordinario.
La crisis reabre el debate sobre la dependencia estructural de España respecto a la cooperación migratoria marroquí, un patrón que se ha repetido con distinta intensidad desde el incidente del islote Perejil en 2002 hasta la crisis de 2021, y que ha llevado a sucesivos gobiernos españoles, con independencia de su color político, a buscar equilibrios entre la firmeza en el control fronterizo y la necesidad de preservar la colaboración de Rabat en seguridad y migración.
En el plano procesal, cualquier eventual investigación sobre actuaciones concretas de las fuerzas de seguridad en el control fronterizo correspondería, en su caso, a los juzgados de instrucción de Ceuta o a la jurisdicción contencioso-administrativa, según la naturaleza de los hechos. La controversia diplomática se centra ahora en fijar el relato sobre el origen de la crisis, mientras la aplicación práctica del régimen de rechazo en frontera y su compatibilidad con la jurisprudencia española quedan pendientes de mayor precisión jurídica y política en las próximas semanas, a la espera de que Madrid ofrezca una versión detallada de los hechos y cifras oficiales contrastadas.
