El relato, atribuido a agentes que participan en los encuentros semanales de coordinación fronteriza —celebrados cada viernes de forma telemática—, sitúa el origen de las alertas en el seguimiento habitual que las Fuerzas de Seguridad hacen de los campamentos de migrantes en el entorno de Ceuta y Melilla, cuya evolución recoge el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) en informes semanales. Según esas fuentes, el peligro de una entrada masiva se habría comunicado «en los últimos seis meses» tanto por vía marítima como por la valla terrestre.
A esas reuniones acuden, según el mismo relato, responsables de la Unidad de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil, de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, de la Dirección General de Relaciones Internacionales, la Secretaría de Estado de Seguridad y el gabinete del ministro.
De la sentencia del TSJA a la boya flotante
El punto de inflexión, de acuerdo con este relato, habría sido la sentencia del TSJA de 24 de marzo de 2025, que declaró contraria a derecho la práctica de las devoluciones en caliente de personas que intentan acceder a nado a las ciudades autónomas. Esa resolución fue recurrida y el Tribunal Supremo la ratificó mediante sentencia cuyo sentido acordó la Sala de lo Contencioso-Administrativo el 16 de junio de 2026, aunque el texto íntegro no se conoció hasta el 8 de julio, confirmando que la legislación vigente no ampara la expulsión inmediata sin garantías procedimentales en dichos supuestos.
Fue precisamente en junio, antes de conocerse el fallo completo del Supremo, cuando los mandos policiales habrían planteado en una de esas reuniones la instalación de una boya que marcara físicamente el límite de las aguas territoriales españolas, como elemento disuasorio y de constatación ante un eventual aumento de intentos de entrada por mar. «Si el problema era que no había una barrera física, por qué no se ponía una boya que representara el límite físico de las aguas territoriales españolas», relató uno de los agentes citados. Esa propuesta, según las mismas fuentes, no se atendió entonces.
La barrera flotante se desplegó finalmente el 1 de agosto de 2026, un día después de una entrada masiva en la frontera de Ceuta durante los días 30 y 31 de julio, episodio que ha generado una crisis de seguridad en la ciudad autónoma y ha llevado a reforzar el dispositivo policial y de control fronterizo en las semanas posteriores. Para las fuentes policiales, la medida pudo haberse dispuesto antes y evitado la crisis.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha negado en distintas comparecencias públicas —la más reciente el martes— que existieran alertas previas específicas sobre el riesgo de una entrada masiva de estas características, en una versión que, según el material citado, ha entrado en contradicción con manifestaciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre el conocimiento previo de la situación en la frontera sur. Las fuentes policiales consultadas replican que negar esas alertas es «negar la evidencia».
El debate sobre la respuesta institucional ante los saltos en la frontera de Ceuta no es nuevo. Ya en el llamado salto del Tarajal de 2021, cuando miles de personas cruzaron la frontera aprovechando la apertura temporal del paso fronterizo, mandos de ambos cuerpos propusieron ampliar el espigón que separa la playa española de la marroquí, una obra que llegó a aprobarse pero que, según las fuentes ahora consultadas, «inexplicablemente nunca se llegó a aplicar». La reivindicación sobre la falta de efectivos en Ceuta y Melilla tampoco es reciente: sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles llevan años denunciando un déficit estructural de personal frente a la presión migratoria recurrente, especialmente en los meses de verano.
Desde el punto de vista jurídico, la controversia de fondo remite al régimen de rechazos en frontera regulado en la disposición adicional décima de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, aplicable a Ceuta y Melilla, y al artículo 13 de la Constitución sobre derechos de los extranjeros. La materia ha sido objeto de sucesivos pronunciamientos judiciales, incluido el del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso N.D. y N.T. contra España, resuelto por la Gran Sala en 2020, que avaló bajo ciertas condiciones las devoluciones inmediatas en la frontera terrestre, doctrina que las resoluciones del TSJA y del Supremo han acotado en el supuesto de acceso a nado.
La crisis abierta en Ceuta desde finales de julio se mantiene sin resolución definitiva casi un mes después. El Gobierno ha anunciado refuerzos policiales y coordinación con Marruecos para el control de los puntos de salida en la costa norteafricana, mientras las asociaciones profesionales de Policía Nacional y Guardia Civil reclaman una revisión de los medios materiales y humanos destinados a la frontera sur antes de que concluya el actual periodo estival, tradicionalmente el de mayor presión migratoria.
