Para revertir la situación, la IHE reclama que el director general de la AEAT sea nombrado por el Parlamento, al estilo de lo que ocurre con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) o los reguladores financiero y de competencia. También piden redactar unos estatutos de la agencia que llevan pendientes de desarrollo 35 años, actualizar los métodos de lucha contra el fraude, reducir el uso de la libre designación para cubrir plazas de inspectores e incorporar inteligencia artificial a las labores de control.
El detonante más reciente de las críticas ha sido la ausencia de comprobaciones tributarias durante varios años a Julio Martínez, amigo y socio del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, un episodio al que se suma la revelación de datos fiscales de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sobre el primer caso, el comunicado del congreso sostiene que "lo sucedido tiene una explicación técnica, pero se impuso a la dirección de la AEAT la decisión de no ofrecerla, lo que ha provocado uno de los daños reputacionales más graves de su historia".
"Hemos asistido a una campaña de ataques sin precedentes. Se han cebado con los Inspectores de Hacienda", señaló Ana de la Herranz, presidenta de la IHE, en una rueda de prensa celebrada la mañana de este viernes.
"Hemos estado solos en la defensa de los inspectores, hemos echado de menos manifestaciones por parte de la AEAT", añadió Herranz.
La campaña de Robert Amsterdam
La asociación denuncia además que la agencia no ha amparado a sus funcionarios frente a la campaña del abogado estadounidense Robert Amsterdam, que ha llegado a calificar a los inspectores de "mafia", "extorsionadores" o "secuestradores". El comunicado lamenta que todo ello ha ocurrido "sin que la AEAT haya dado una respuesta contundente, ni mediática ni judicial en defensa de sus funcionarios".
Detrás de buena parte de la inquietud del cuerpo late un asunto que el año pasado ocupaba el centro de sus reivindicaciones: la reforma de la financiación autonómica, paralizada por el adelanto electoral que disolvió las Cortes. Los inspectores temían, y siguen temiendo, que el Gobierno ceda a la Generalitat de Cataluña las competencias sobre el IRPF, lo que obligaría a transferir inspectores de la AEAT a la agencia tributaria catalana. "Al final nos ha salvado la campana de la convocatoria electoral", resumió José María Peláez, vicepresidente de la IHE, quien sostuvo que la agencia tributaria catalana ya venía reforzándose con vistas a una eventual asunción del IRPF en 2028 que, subraya, no estaría "amparada por ninguna norma".
La AEAT, creada en 1992 como organismo adscrito al Ministerio de Hacienda, centraliza la gestión, inspección y recaudación de los principales tributos estatales, la base de los ingresos del Estado. Los inspectores reclaman ahora blindar su independencia con un modelo de nombramiento parlamentario que ya rige en otros organismos; es la misma reivindicación de autonomía institucional que han planteado otros cuerpos de la Administración, como cuando Jucil pidió al Gobierno medidas urgentes ante el déficit de guardias civiles en Baleares.
El colectivo insiste en que la amenaza de fragmentación del organismo sigue vigente pese a la parálisis parlamentaria, y condiciona la supervivencia de la agencia a la aprobación de la reforma estatutaria pendiente desde hace tres décadas.