El 3 de noviembre renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, además de varios cargos estatales, en una votación que funciona tradicionalmente como termómetro de la popularidad presidencial a mitad de mandato. Llega en un momento de fricción constante entre Washington y sus socios europeos, marcada por disputas comerciales, diferencias sobre la gestión de conflictos internacionales y un tono retórico que ha desgastado la confianza mutua acumulada desde la posguerra.
Barack Obama ha participado esta semana en actos de campaña en Georgia en apoyo a candidatos demócratas, en un esfuerzo por movilizar al electorado en estados clave. La contienda se ha visto además marcada por la disputa en California sobre unos 20.000 votos, después de que un juez rechazara apartarlos del recuento y los fiscales apelaran de inmediato esa decisión, lo que anticipa una resolución judicial que podría prolongarse más allá de la jornada electoral.
El razonamiento de fondo es que incluso una victoria demócrata amplia en ambas cámaras no revertiría de forma inmediata las decisiones ya tomadas en materia arancelaria, de defensa o de política exterior durante los dos años de mandato de Trump. El Congreso estadounidense comparte competencias con el Ejecutivo en comercio y gasto militar, pero el presidente conserva amplios márgenes de acción unilateral en política exterior, lo que limita el alcance real de un cambio en la composición legislativa.
En un análisis publicado este viernes en EL PAÍS se sostiene que los europeos, pese a su inquietud, harían bien en moderar sus expectativas. Un buen resultado de los demócratas, se argumenta, transmitiría "una señal política importante, incluido el deseo de mejorar las relaciones con los aliados hoy menospreciados", pero el cambio práctico tardaría en llegar porque se tardará tiempo en reparar el daño causado.
El antecedente de 2018 ilustra esa cautela: aquel año los demócratas recuperaron la Cámara de Representantes en las primeras elecciones de mitad de mandato del primer mandato de Trump sin que ello alterara sustancialmente el rumbo de la política exterior de la Casa Blanca durante los dos años siguientes. Esa experiencia alimenta hoy la prudencia con la que Bruselas y las principales capitales europeas afrontan la posibilidad de un giro legislativo en Washington.
El propio proceso electoral se ha visto atravesado por controversias ajenas al contenido programático. Trump ha pedido esta semana que se procese a Mary Peltola, candidata demócrata al Senado por Alaska, en una intervención que refleja el clima de confrontación directa entre el presidente y aspirantes de la oposición en la recta final de la campaña.
La seguridad de los sistemas administrativos estadounidenses también ha quedado en entredicho en los días previos a la votación, después de que se confirmara que un ciberataque al Departamento de Seguridad Nacional expuso datos de más de 40.000 trabajadores, un episodio que se suma a la tensión que rodea estos comicios.
La prioridad inmediata, gane quien gane el 3 de noviembre, seguirá siendo gestionar la relación con una Casa Blanca que conservará la presidencia hasta las elecciones de 2028. El margen legislativo que obtengan los demócratas en caso de victoria condicionará la capacidad del Congreso para fiscalizar al Ejecutivo, pero no garantiza por sí solo un giro en el tono ni en el contenido de la política exterior estadounidense.
El resultado de la jornada del 3 de noviembre, y en particular el desenlace de la disputa judicial abierta en California sobre el recuento de votos, marcará el margen real con el que contará la nueva composición del Congreso para influir en la agenda de la Casa Blanca durante los próximos dos años.