Según Jupol, los representantes de policías y guardias civiles acudieron el martes a la mesa técnica convocada por el Ministerio del Interior con la expectativa de firmar el reconocimiento de la profesión de riesgo y avanzar en la jubilación anticipada de los agentes. En lugar de un acuerdo, el sindicato asegura que el departamento de Marlaska rompió las negociaciones y expulsó a los representantes sindicales, sin fijar fecha de reanudación.
«Estaba abrazando y mostrando todo su apoyo a Óscar Puente, tras dos tragedias ferroviarias que suman al menos 115 vidas: 69 en Urda, 46 en Adamuz», denunció el sindicato Jupol, que trasladó su «cariño, apoyo y solidaridad» a las víctimas y sus familias.
El contraste que plantea el sindicato llega en una semana marcada por el accidente de Urda (Toledo), que dejó al menos 30 muertos según las primeras pesquisas y en el que murió la exministra de Trabajo Fátima Báñez. La tragedia ha abierto una crisis política sobre la continuidad de Puente al frente de Transportes, con voces internas del PSOE cuestionando su gestión tras dos siniestros ferroviarios graves en poco tiempo.
«Para apoyar a su compañero de Gobierno y responsable de la red ferroviaria tras dos accidentes gravísimos sí hay abrazos. Para reconocer los derechos de policías y guardias civiles, no», critica el sindicato, que enmarca la negativa de Interior en lo que considera un desprecio hacia los agentes en un momento de tensión creciente en las calles.
Jupol cifra en 121.000 los delitos de atentado contra policías y guardias civiles durante el Gobierno de Pedro Sánchez, y señala que solo en las últimas semanas una treintena de agentes han resultado heridos en los disturbios que denomina kale borroca. El sindicato sostiene además que los antidisturbios afrontan las revueltas del movimiento Blocus sin órdenes ni planificación operativa, al dejar de recibir instrucciones de servicio de las delegaciones del Gobierno en distintas ciudades.
La profesión de riesgo es una reivindicación histórica de los sindicatos policiales, que reclaman su reconocimiento legal para equipararse a colectivos como bomberos o mineros, con implicaciones directas en los coeficientes reductores de la edad de jubilación. El Ministerio del Interior ha mantenido negociaciones intermitentes sobre esta materia sin cerrar un acuerdo definitivo.
El episodio se suma a una semana de alta tensión institucional derivada de los accidentes ferroviarios, en la que el Gobierno gestiona a la vez el duelo por las víctimas, las dudas sobre la seguridad de la red y el malestar de los cuerpos policiales. El portavoz de un sindicato de maquinistas ya había advertido tras el siniestro de Urda que «nuestros trenes eran seguros, rápidos y puntuales. Ya no».
Jupol cerró su comunicado sin fecha anunciada para la reanudación de la mesa técnica rota el martes.