El sobrecoste no es menor para las economías domésticas. Analistas del sector estiman que mantener el aire acondicionado encendido más de ocho horas diarias puede suponer un desembolso adicional de entre 50 y 60 euros al mes durante un mes de verano, según las cifras difundidas junto al informe. Se trata de un gasto que se concentra precisamente en las semanas de mayor tensión térmica, cuando las temperaturas superan los 40 grados en amplias zonas del país.
Ante ese escenario, una parte de la población ha empezado a modificar sus hábitos. El 27,4% de los hogares afirma haber introducido cambios recientes para hacer su vivienda más eficiente y ahorrar en el recibo, mientras que un 42,4% se lo plantea para un futuro cercano, según el mismo Observatorio Cofidis. La mayoría opta por medidas de bajo coste: los electrodomésticos de bajo consumo (66,1%), el reciclaje (57,1%) y la reducción del uso de la luz (55,7%) encabezan las actuaciones más frecuentes, seguidas del aislamiento térmico de ventanas (50,7%).
Las inversiones de mayor calado tienen, en cambio, una implantación mucho más limitada. Las placas solares solo están presentes en el 20,5% de los hogares que han actuado, según el informe. El tramo de gasto más habitual para mejorar la eficiencia del hogar se sitúa entre 1.001 y 3.000 euros, la opción señalada por el 20,8% de los encuestados.
Una vulnerabilidad que condiciona cualquier estrategia de ahorro
El propio observatorio vincula ese techo de inversión con la estrechez financiera de buena parte de las familias. "Este límite en la inversión se enmarca en un escenario donde una parte relevante de hogares llega a fin de mes con poco o ningún ahorro; estas cifras se convierten en una barrera real para avanzar hacia viviendas más eficientes frente al calor", sostiene el estudio. La capacidad de planificación queda así reducida, y con ella el margen para amortiguar picos puntuales de la factura.
Los datos de ahorro dibujan ese margen escaso. Junto al 24% de hogares que no reserva nada, un 32,4% apenas aparta menos del 10% de sus ingresos, de modo que solo cuatro de cada diez familias consiguen guardar más del 10% mensual, según el Observatorio Cofidis. Ese colchón limitado deja a una parte relevante de la población expuesta a cualquier incremento inesperado del recibo eléctrico o a un gasto imprevisto.
La fragilidad se agudiza ante las urgencias de mayor cuantía. El 25,9% de los hogares no podría asumir con recursos propios un imprevisto de 5.000 euros, porcentaje que se eleva al 33,9% cuando el gasto urgente alcanza los 10.000 euros, según el informe. Incluso ante importes menores, un 11,2% no podría afrontar 1.000 euros y un 7,2% tendría dificultades con 500. "El resultado dibuja una vulnerabilidad estructural que continúa presente en una parte relevante de la población", concluye el observatorio.
El diagnóstico se inscribe en un marco regulatorio que ofrece a los consumidores herramientas para contener el gasto. El bono social eléctrico, gestionado por el Ministerio para la Transición Ecológica, aplica descuentos sobre la factura a los hogares considerados vulnerables, y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) supervisa las condiciones de facturación y el funcionamiento del mercado minorista. La contratación en el mercado regulado —la tarifa PVPC— o en el libre determina, además, la exposición del consumidor a las fluctuaciones del precio mayorista.
El impacto del calor sobre la demanda eléctrica no es un fenómeno nuevo. Durante la crisis energética de 2021 y 2022, los precios mayoristas de la electricidad marcaron máximos históricos en España, lo que obligó al Gobierno a adoptar medidas excepcionales como la rebaja temporal del IVA eléctrico y el llamado tope al gas ibérico, autorizado por la Comisión Europea. Aquellos episodios evidenciaron la sensibilidad de las economías domésticas a los vaivenes del recibo, una sensibilidad que los datos actuales confirman en un contexto de veranos progresivamente más cálidos.
El agravamiento de las olas de calor añade una dimensión estructural al problema. La refrigeración deja de ser un gasto puntual para convertirse en una necesidad recurrente durante meses cada vez más largos, lo que traslada la presión a los hogares con menor capacidad de inversión en eficiencia, precisamente los que más notan el sobrecoste. La brecha entre quienes pueden acometer reformas —aislamiento, autoconsumo— y quienes no dispone de margen para ello tiende, según el diagnóstico del observatorio, a ensancharse.
De cara a los próximos meses, la evolución del recibo dependerá tanto de la duración e intensidad de los episodios de calor como de los precios en el mercado mayorista y de la cobertura del bono social. Los hogares que se plantean mejoras de eficiencia —ese 42,4% que declara intención de actuar— marcarán el ritmo real de adaptación del parque de viviendas español a un clima más extremo, en un país donde, según el propio Observatorio Cofidis 2026, la capacidad de ahorro sigue siendo el principal factor limitante.
