Los hechos, según relató el delegado del Gobierno, ocurrieron alrededor del 20 o 21 de julio y trascendieron cuando los vídeos de la paliza se difundieron por redes sociales y grupos de mensajería instantánea. Las imágenes, grabadas por una de las propias menores presentes, muestran a varias niñas propinando bofetadas, puñetazos y rodillazos de forma reiterada a la víctima mientras otras ríen y jalean lo ocurrido.
Las cuatro menores investigadas fueron puestas a disposición judicial y, tras prestar declaración, quedaron en libertad de forma inmediata. Ninguna puede ser sometida a medida sancionadora alguna: todas se sitúan por debajo del umbral de edad que la ley española fija para exigir responsabilidad penal.
Por qué la ley las declara inimputables
El artículo 3 de la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, establece que los menores de 14 años son inimputables y no pueden ser sometidos al procedimiento penal juvenil ni, por extensión, a la vía penal ordinaria. Ese umbral, vigente desde la entrada en vigor de la norma en enero de 2001, sitúa a España entre los países europeos con el límite más alto, frente a los 10 años de Inglaterra y Gales o los 12 de otros ordenamientos del entorno. Cuando el infractor no alcanza esa edad, el caso se deriva a las entidades de protección de menores.
La Fiscalía de Menores de Huelva aguarda la recepción del atestado policial para fijar las medidas que correspondan, que en ningún caso podrán tener carácter punitivo dado el estatus de inimputabilidad de las investigadas. El delegado del Gobierno precisó que las actuaciones serán exclusivamente de naturaleza educativa, en línea con el espíritu protector que inspira la legislación de menores. La Fiscalía trasladará además el expediente a los servicios de Asuntos Sociales para que evalúen la situación de las familias de las menores implicadas.
Al margen de la inimputabilidad penal, el marco de la responsabilidad civil sí ofrece un cauce reparador. Con carácter general, los padres, tutores o guardadores legales responden de los daños causados por los menores a su cargo, salvo que acrediten haber empleado la diligencia debida. Esa vía es, en la práctica, la única con la que cuenta la familia de la víctima ante la imposibilidad de una respuesta penal frente a las agresoras.
Investigación abierta por la difusión de las imágenes
La Guardia Civil, a través de su equipo de Policía Judicial, mantiene abierta una doble investigación: para esclarecer el origen y la cadena de difusión del vídeo de la agresión, y para determinar responsabilidades por la divulgación no autorizada de imágenes de menores señaladas como presuntas autoras de los hechos, una conducta que puede constituir una infracción independiente al margen de la agresión física.
La difusión de la identidad de menores, incluso cuando figuran como presuntos agresores, puede entrar en conflicto con el derecho a la propia imagen y a la protección de datos amparados por la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor y por el Reglamento General de Protección de Datos europeo. Los tribunales españoles han venido protegiendo de manera estricta la identidad de menores en conflicto con la ley, incluso en casos de fuerte repercusión mediática.
El delegado del Gobierno subrayó que, aunque no existe ninguna medida cautelar sobre las menores señaladas, la Delegación mantendrá un seguimiento del caso ante el riesgo de que la exposición pública genere presión sobre las implicadas. «Haremos un seguimiento por si esto genera algún tipo de presión, coacción o situación de riesgo para alguna de las menores que aparecen en el vídeo», precisó. La identidad de las investigadas, pese a su condición de menores, ha circulado abiertamente en redes.
La tensión entre ambas familias se ha trasladado también al terreno extrajudicial. Según las capturas y audios difundidos por el entorno de la víctima, la madre de una de las menores investigadas habría dirigido mensajes a los padres de la niña agredida advirtiéndoles de que emprenderá acciones legales por difundir la identidad de su hija, y de que pretende, según esos mensajes, «sacarles el dinero» y «hundirles a base de presentar demandas judiciales». La familia de la víctima ha hecho públicas esas amenazas.
Episodios de acoso escolar grave con difusión de vídeos en redes se han repetido en distintos puntos de España en los últimos años, reabriendo periódicamente el debate sobre si el umbral de los 14 años sigue siendo adecuado frente a la violencia amplificada por las plataformas digitales. Ese debate ha generado propuestas legislativas puntuales, sin que hasta la fecha se haya materializado una reforma del límite de edad fijado en la Ley Orgánica 5/2000.
A partir de ahora, el procedimiento seguirá varias vías paralelas: la actuación de la Fiscalía de Menores, que resolverá sobre las medidas educativas una vez reciba el atestado completo de la Guardia Civil; la evaluación de las familias por Asuntos Sociales; la eventual reclamación civil que puedan emprender los padres de la víctima contra los progenitores de las agresoras por los daños físicos y morales; y la investigación abierta por la difusión de las imágenes, que podría derivar en responsabilidades adicionales, ajenas ya a la agresión inicial, para quienes grabaron y compartieron el vídeo.
