El procedimiento se encuentra en una fase preliminar, previa a cualquier calificación jurídica de los hechos. Antes de hablar de delito, la Policía Científica debe establecer si los restos pertenecen a un ser humano, una tarea que corresponde a los servicios de antropología forense adscritos a los institutos de medicina legal. Solo si el informe confirma el origen humano se abriría diligencia judicial formal ante el Juzgado de Instrucción de guardia de Valencia, competente por razón del territorio.
La red de saneamiento de Nazaret, un barrio situado junto al puerto y la antigua desembocadura del Turia, es competencia municipal, y cualquier intervención sobre las alcantarillas exige coordinación entre operarios y los agentes que se han hecho cargo de la inspección técnico-policial del punto exacto del hallazgo. Este tipo de actuaciones obliga a preservar la cadena de custodia de los restos desde el momento en que se detectan, un requisito procesal que puede resultar determinante si el caso deriva en una causa penal.
La determinación de la antigüedad es clave para orientar las pesquisas. La antropología forense recurre a técnicas como la datación por carbono-14 o el análisis de la mineralización ósea para establecer si los restos llevan meses, años o décadas en el lugar. Una antigüedad elevada podría vincular el hallazgo con hechos ya prescritos o con antiguos usos del terreno, mientras que restos recientes obligarían a activar con mayor urgencia los protocolos de muerte violenta.
Si los peritos confirman que los restos son humanos, uno de los pasos habituales consiste en cotejar los perfiles genéticos con la base de datos de ADN gestionada por la Policía Judicial y con muestras de familiares que hayan denunciado desapariciones no aclaradas en la Comunidad Valenciana. El Centro Nacional de Desaparecidos, dependiente del Ministerio del Interior, mantiene un registro con miles de denuncias activas de personas cuyo paradero sigue sin resolverse en el conjunto de España.
No es la primera vez que un hallazgo de restos óseos en infraestructuras urbanas desencadena una investigación de este tipo. En las últimas décadas se han producido casos similares en alcantarillados, solares en obras o zonas de escombros de distintas ciudades españolas, y en buena parte de ellos la instrucción concluyó con la determinación de un origen no humano o con restos de gran antigüedad vinculados a antiguos enterramientos o necrópolis desaparecidas, un extremo que en este caso todavía no consta.
Un caso sin persona investigada
La Policía Nacional no ha ofrecido por el momento una cronología detallada de cómo se produjo el hallazgo ni quién dio la voz de alarma, si fue personal municipal de mantenimiento, vecinos o los propios agentes durante otra actuación. Tampoco ha trascendido si se han detectado más restos o si la inspección se ha ampliado a otros tramos de la red de saneamiento del barrio. Según fuentes policiales, la investigación permanece abierta y no existe a día de hoy ninguna persona señalada ni ninguna línea de investigación cerrada.
El marco normativo aplicable combina la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regula la intervención judicial cuando se detectan un cadáver o restos humanos en circunstancias que sugieran violencia, con los protocolos internos de la Policía Judicial para la localización y catalogación de restos óseos. Si el resultado pericial descarta el origen humano, las diligencias se archivarán sin mayor trascendencia procesal.
El barrio de Nazaret, de fuerte tradición pesquera y portuaria, ha sido escenario en las últimas décadas de intervenciones policiales de distinta naturaleza, aunque no consta un precedente reciente y comparable de hallazgo de restos óseos en su alcantarillado. La cautela con la que se está tratando el caso responde precisamente a la ausencia de confirmación sobre la naturaleza de los restos, un dato que condiciona por completo el desarrollo de las pesquisas.
A partir de ahora, el curso del caso dependerá del informe de los servicios de antropología forense, cuyo plazo de entrega no ha sido concretado. Si se confirma el origen humano, el Juzgado de Instrucción de Valencia que resulte competente por reparto asumirá la causa y ordenará las diligencias oportunas, incluida la posible identificación genética. Hasta entonces, la actuación continúa en fase policial, sin ninguna persona investigada ni imputación formal.
