El teniente coronel Balas figura señalado como presunto responsable de la filtración de las comunicaciones privadas entre el presidente del Gobierno y quien fuera su ministro de Transportes. Según la información disponible, el propio jefe del DAO habría descartado esa hipótesis internamente antes de que se pusiera en marcha el expediente, lo que abre un interrogante sobre los motivos que impulsaron la investigación interna.
El reconocimiento se habría producido ante un superior de la UCO, la unidad que investiga buena parte de las causas de corrupción y filtraciones con relevancia pública en España, incluidas varias ramificaciones del caso Koldo-Ábalos. Que un mando del DAO trasladara esa valoración a un responsable de la UCO sitúa el episodio dentro del entramado de comunicaciones internas entre estructuras de la Guardia Civil sometidas a escrutinio judicial y parlamentario. No consta qué órgano superior ordenó abrir la investigación ni bajo qué argumentos se sostuvo pese al criterio inicial de Llamas.
El episodio se conoce en paralelo a otras piezas que han aflorado sobre el entorno de inteligencia y contrainteligencia ligado a la causa Ábalos. Entre ellas, un comisario retirado ha vinculado las siglas GKS, CJS e IAS a la red del Movimiento Socialista, un relato que ha añadido ramificaciones a una trama con múltiples frentes abiertos en distintos juzgados.
La investigación sobre Balas no es la única controversia procesal en el ámbito de la causa Ábalos. La instrucción judicial principal se sustancia ante el Tribunal Supremo por el aforamiento del exministro, que como diputado solo puede ser investigado por la Sala de lo Penal del alto tribunal. Esa causa convive con procedimientos internos como el que ahora afecta al teniente coronel, de naturaleza disciplinaria, que no tiene por qué coincidir en plazos ni en conclusiones con la vía penal.
La distinción importa: las diligencias internas de la Guardia Civil sobre sus propios mandos se rigen por la Ley de Régimen Disciplinario del Instituto Armado, con sus propias infracciones y plazos, y su resultado no determina automáticamente responsabilidad penal para el oficial investigado. La depuración interna de filtraciones de información reservada es competencia de los órganos de personal y disciplina del cuerpo, al margen de la causa judicial que sigue el Supremo.
El caso se produce en un clima de tensión entre el Ejecutivo y distintos órganos judiciales. El Tribunal Supremo reprochó recientemente al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, sus críticas al juez Peinado al considerar que excedían los límites de la crítica admisible, un episodio que ilustra el pulso abierto entre la política y la judicatura en torno a varias de estas instrucciones.
La investigación interna sobre el teniente coronel Balas sigue abierta, sin que conste públicamente qué mando ordenó iniciarla ni cuándo concluirán las diligencias.
