En su exposición de motivos, el punto IV del contrato recoge que la editora «está interesada en contar con su colaboración personal y derechos para la realización de series, docuseries, podcast, informaciones, biopics y cualquier producto audiovisual y escrito» con el fin de trasladar información a sus usuarios, espectadores y lectores. Entre las prestaciones, la cláusula primera, apartado B), fija la «colaboración en exclusiva para la realización de un libro y una DOCUSERIE».
La cláusula quinta, dedicada a la propiedad intelectual, concreta el alcance de esa cesión en los términos que reproduce la cabecera.
«El COLABORADOR cede a OKDIARIO, con carácter de exclusiva, y con facultad de cesión a terceros, todos los derechos de imagen y explotación sobre los materiales audiovisuales, periodísticos, informativos, documentales o de cualquier otra naturaleza, incluidas sus intervenciones en las entrevistas o en la docuserie, biopic, podcasts y cualquier producto audiovisual, incluidos libros», recoge el texto del contrato.
La versión alternativa sobre la relación entre la editora y Koldo García se apoyó en facturas que su abogada, Leticia de la Hoz —imputada en el caso conocido como Leire—, entregó en la Audiencia Nacional. Esa documentación, difundida por El País, la Cadena SER y eldiario.es este jueves a las 13.00 horas, apuntaba a un encargo distinto del periodístico, vinculado a la defensa de Koldo ante los tribunales.
OKDIARIO sostiene que el contrato desmiente esa lectura y que las obligaciones pactadas corresponden a una colaboración informativa. El documento exige a Koldo García aportar material audiovisual y documental que acredite la veracidad de sus declaraciones, con nombres y apellidos de las personas implicadas, empresas y cantidades entregadas o recibidas, y cualquier dato que permita contrastar los hechos.
El acuerdo también traslada a Koldo García la responsabilidad sobre la exactitud y legalidad de los materiales que proporcione, y le obliga a mantener indemne a la editora frente a cualquier reclamación derivada de lo publicado. Son, según la cabecera, «las garantías propias de una colaboración periodística, y no las de un encargo de defensa jurídica como pretende hacer creer elDiario.es».
El contrato se enmarca en la instrucción del caso Koldo, abierta en la Audiencia Nacional, que desde febrero de 2024 escruta contratos, asesorías y relaciones económicas del entorno del exministro José Luis Ábalos. La disputa sobre los pagos entre medios suma un episodio en un terreno recurrente desde los años noventa, cuando la adquisición de testimonios y derechos de los protagonistas de casos judiciales abrió el debate sobre el llamado «periodismo de talonario».
El documento publicado este jueves queda como la pieza que la editora opone a la versión difundida por El País, la SER y eldiario.es sobre la naturaleza de su relación con el ex asesor de Ábalos.