El documento señala la causa sin rodeos: esa tendencia «responde a la falta de medios personales y materiales para acometer el volumen de trabajo que genera determinar la edad civil de personas extranjeras indocumentadas». La formulación es casi idéntica a la de la Memoria anterior, lo que sitúa el problema como estructural y no coyuntural.
Durante los doce meses de 2025, los fiscales fueron cerrando expedientes al mismo ritmo en que entraban otros nuevos, sin recortar prácticamente nada del volumen acumulado. El resultado es que casi la mitad de quienes entraron en el sistema de protección alegando minoría de edad terminó el año sin que nadie hubiera comprobado si decían la verdad.
Mientras el expediente de determinación de edad permanece abierto, la ley obliga a tratar al interesado como menor: plaza en un centro de protección, tutela provisional y acceso a los mismos recursos que recibe un menor ya acreditado. Según fuentes policiales, la espera media para resolver estos expedientes ronda los cuatro o cinco meses, un plazo que con casi 4.000 casos pendientes tiende a alargarse.
A esa demora se suma un fenómeno ya documentado: una parte de quienes dicen ser menores abandona el centro de protección antes de que llegue a practicarse la prueba de edad, lo que obliga a archivar el expediente sin que vuelva a tenerse noticia de esas personas. Es una dinámica próxima a la relatada en la pieza sobre la red de siglas vinculada al Movimiento Socialista, aunque de origen distinto.
El nivel más alto desde 2018
Los casi 8.000 expedientes incoados en 2025 repiten el volumen del año anterior y colocan al sistema en su nivel más alto desde la crisis de 2018, cuando la avalancha de pateras en Andalucía disparó las diligencias por encima de las 12.000. La propia Memoria atribuye el repunte reciente a una llegada masiva por Canarias y Ceuta que forzó a declarar ambos territorios en situación de contingencia migratoria.
«Una llegada masiva de menores extranjeros con entrada mayoritaria por las Islas Canarias y Ceuta», según la Memoria de la Fiscalía General del Estado.
Esa declaración de contingencia habilitó el reparto de menores entre el resto de comunidades autónomas, una medida que varias de ellas han impugnado ante los tribunales por entender que excede sus competencias o su capacidad de acogida, sin que la Memoria detalle el estado actual de esos litigios.
El diagnóstico de la propia Fiscalía —la falta de medios para tramitar con agilidad miles de expedientes— deja abierta la pregunta de cuántas de esas casi 4.000 personas pendientes de prueba de edad seguían en el sistema de protección al cierre de 2025 o habían abandonado ya los centros sin dejar rastro.
