Entre los delitos que, a su juicio, no se persiguieron en la plaza, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local enumeró «agresiones sexuales y físicas, atentados contra el patrimonio, tenencia ilegal de armas, delitos de odio y amenazas, injurias contra la presidenta de la Comunidad de Madrid». El anuncio llegó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrado este viernes tras aplazarse por el accidente ferroviario de Urda (Toledo), en el que murió la exministra Fátima Báñez.
La denuncia llega días después de que Martín presentara su dimisión tras quedar fuera de las listas del PSOE para las elecciones generales del 29 de noviembre. El Consejo de Ministros aprobó su cese y designó como sucesora a la hasta ahora subdelegada, Pilar Trinidad. Antes de abandonar el cargo, Martín remitió el lunes una carta a los acampados en la que les animaba a levantar el campamento tras «un tiempo razonable».
Preguntado por esa misiva, García Martín recordó que el Ejecutivo autonómico ha exigido el desalojo desde el principio y defendió que el exdelegado ignoró esa reclamación durante más de un mes.
«Está arruinando a comerciantes, que está vandalizando el patrimonio y que está tomando una plaza que es de todos los madrileños», afirmó Miguel Ángel García Martín, portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
El portavoz reivindicó las acciones ya emprendidas por el Ejecutivo autonómico: el recurso contencioso-administrativo para forzar el levantamiento del asentamiento y la denuncia que llevó a la Fiscalía Provincial a abrir diligencias por «posibles delitos de odio, injurias y daños contra el patrimonio». El Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida también ha anunciado una denuncia penal propia contra el exdelegado por su inacción.
Los comerciantes de la zona cifran en cerca de 25 millones de euros las pérdidas provocadas por la acampada. La patronal CEIM remitió a Martín, tres días antes de su dimisión, un requerimiento previo a una posible demanda por daños y perjuicios en el que exigía que Sol quedara libre antes del 13 de noviembre, fecha de inicio de la campaña electoral. Martín niega que ese escrito motivara su salida del cargo. Los sindicatos policiales, en la misma línea crítica que Jupol mostró frente a Marlaska tras Urda, han culpado al exdelegado de las agresiones sufridas por agentes en Sol por permitir el asentamiento.
La vía penal contra una autoridad por no actuar frente a una acampada reedita el pulso institucional que la Comunidad y la Delegación del Gobierno mantienen desde el 15-M de 2011, cuando la acampada de la indignación ocupó Sol durante casi un mes sin desalojo. La prevaricación administrativa que invoca el Gobierno regional sanciona en el Código Penal a la autoridad que dicta —o omite— una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia.
García Martín atribuyó las convocatorias difundidas en redes para cometer actos vandálicos durante la noche de Halloween a «la amenaza de la izquierda y de la ultraizquierda» de que «ya no habrá paz en las calles», y denunció «la irresponsabilidad de algunos partidos políticos que están llamando a quemar absolutamente todo y quemar las calles de nuestra ciudad, de nuestra región y nuestro país».
El portavoz regional reclamó al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno, ahora en manos de Pilar Trinidad, que doten de medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que den las «instrucciones oportunas» para que «el orden y la ley» puedan «estar en las calles de Madrid», a pocos días de la huelga general convocada para el 11 de noviembre.
