Según informó este viernes la Policía Nacional, las transferencias bancarias que sufragaron el presunto fraude se prolongaron entre noviembre de 2025 y agosto de 2026, un periodo de cerca de diez meses durante el cual las religiosas habrían realizado numerosos ingresos a cuentas controladas por el investigado.
El relato policial describe un esquema en dos fases. Primero, el hombre se presentó ante la comunidad como proveedor de materias primas para el obrador donde las clarisas elaboran y comercializan pan y repostería, una actividad habitual de sustento en este tipo de congregaciones. Una vez consolidada esa relación comercial y de confianza, habría virado el discurso hacia una supuesta herencia pendiente de cobro, para cuya tramitación alegaba necesitar ir sufragando impuestos sucesivos.
Las peticiones de dinero se habrían repetido tanto por teléfono como mediante visitas presenciales al convento, de acuerdo con la denuncia presentada por las propias religiosas.
La investigación arrancó el pasado 26 de septiembre, cuando las responsables del convento acudieron a la Policía Nacional para denunciar los hechos. Los agentes iniciaron entonces diligencias que incluyeron reconocimientos fotográficos con el objetivo de identificar plenamente al sospechoso.
La identificación no derivó en una detención inmediata: el investigado carecía de domicilio estable conocido, lo que dificultó dar con su paradero. Ante esa circunstancia, los agentes incorporaron una orden de búsqueda y detención en las bases de datos policiales mientras mantenían abiertas las pesquisas.
El dispositivo de vigilancia desplegado por los investigadores dio resultado este martes, cuando lograron localizar y detener al sospechoso en las inmediaciones del propio convento al que presuntamente llevaba meses defraudando. Pasó a disposición judicial como presunto autor de un delito de estafa.
El delito de estafa está tipificado en el artículo 248 del Código Penal, que exige un engaño bastante para inducir a error a la víctima y obtener un desplazamiento patrimonial; las penas se agravan en función de la cuantía defraudada y, superados los 50.000 euros, pueden alcanzar los seis años de prisión. Las estafas con ancianos o personas de confianza como objetivo son una tipología recurrente en las investigaciones de las fuerzas de seguridad, en la línea de otras operaciones contra el fraude que han ocupado a los juzgados españoles, como la reciente actuación que permitió intervenir 2,5 toneladas de hachís y 600 kilos de cocaína en un registro en Cullera.
La causa permanece abierta. La Policía Nacional señaló que continúa el rastreo bancario de los movimientos vinculados al caso, con el doble objetivo de tratar de recuperar la cantidad defraudada y de esclarecer el destino final de los fondos que las religiosas habrían transferido durante los diez meses que duró el presunto engaño.
