El programa PNT robusto busca dotar a las Fuerzas Armadas de sistemas de posicionamiento y navegación resistentes a interferencias y ataques electrónicos, una capacidad considerada crítica en los conflictos contemporáneos, donde la guerra electrónica ha cobrado un peso creciente en teatros como Ucrania. La partida de 1.438 millones para la modernización de aviones del Ejército del Aire se suma a una renovación de flota que arrastra años de retraso respecto a otros socios europeos.
Estos acuerdos llegan poco después de que el Gobierno destinara 2.196 millones de euros en préstamos a Navantia para tres programas estratégicos de la Armada, lo que eleva el volumen de compromisos recientes en los sectores naval y aeronáutico de defensa.
El incremento del gasto militar se inscribe en el compromiso asumido por España ante la OTAN, que en sucesivas cumbres ha reclamado a sus miembros acercar la inversión en defensa a un porcentaje del PIB sensiblemente superior al histórico español, situado durante décadas por debajo de la media aliada. La Alianza fijó en su día el objetivo del 2% del PIB, un umbral que España figura entre los últimos en alcanzar.
Los acuerdos de adquisición para Defensa se tramitan habitualmente mediante la fórmula de programas especiales de armamento, que permiten comprometer gasto plurianual fuera del ciclo presupuestario ordinario, un mecanismo regulado por la Ley de Contratos del Sector Público y sometido a fiscalización previa de la Intervención General de la Administración del Estado.
Estos programas han acumulado históricamente desviaciones de plazo y coste. El del avión de combate Eurofighter, lanzado en los años noventa, y el del submarino S-80, cuyo primer ejemplar fue entregado a la Armada en 2023 con más de una década de retraso respecto a las previsiones iniciales, figuran entre los casos que el Tribunal de Cuentas ha señalado al revisar la contratación militar.
La aprobación de estos expedientes coincide con un escrutinio intenso sobre la gestión de grandes contratos y recursos públicos en sectores estratégicos. El caso de que el presidente de Adif cobra 195.000 euros tras los siniestros de Adamuz y Urda ha alimentado el debate sobre el control de las infraestructuras y los contratos públicos, desde el ferroviario hasta el de defensa.
El volumen total de los programas aprobados este martes supera los 4.000 millones de euros, al sumar los 2.300 millones del PNT robusto y los 1.438 millones destinados a la aviación militar, con la publicación de la documentación oficial del Consejo de Ministros pendiente de detallar los calendarios de entrega.