La Abogacía atribuye a la formación de Santiago Abascal un cálculo político concreto: la sospecha de que ese colectivo, al descender de exiliados, «va a optar mayoritariamente por opciones políticas de izquierdas» en futuras elecciones. Los servicios jurídicos ven en esa premisa un «claro perjuicio ideológico», al entender que la impugnación no responde a un problema técnico o de procedimiento administrativo, sino a una previsión sobre el comportamiento electoral de los nuevos españoles.
Es en ese punto donde el escrito introduce su afirmación más contundente sobre la falta de sustento del argumento electoral esgrimido por el partido.
«Nada de esto se sustenta en la más mínima prueba, siquiera sea indiciaria», advierte la Abogacía del Estado en el escrito presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
El litigio se remonta al acuerdo de la Junta Electoral Central que paralizó el derecho al voto de miles de personas nacionalizadas al amparo de la conocida como 'ley de nietos', la norma que permite recuperar la nacionalidad española a descendientes de quienes emigraron o se exiliaron durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Vox llevó ese acuerdo al Tribunal Supremo, que el pasado 8 de septiembre paralizó cautelarmente el derecho al voto de esos beneficiarios, según informó EL PAÍS.
La 'ley de nietos', aprobada como parte de la Ley de Memoria Democrática de 2022, amplió los supuestos para que descendientes de españoles que perdieron o tuvieron que renunciar a su nacionalidad por el exilio o el destierro pudieran optar a la nacionalidad española sin necesidad de residir en España. La norma disparó las solicitudes de nacionalización, especialmente entre comunidades descendientes de exiliados republicanos en América Latina.
El recurso de Vox se centró formalmente en cuestionar el procedimiento de inscripción censal de esos nuevos nacionales antes de las elecciones, lo que llevó a la suspensión cautelar de su derecho al voto mientras se resuelve el fondo del asunto. La Abogacía del Estado, sin embargo, sitúa el litigio en un terreno distinto: el de la intención última del partido al judicializar la norma, que a su juicio busca revocar la concesión de esas nacionalidades y no solo el sufragio.
La judicialización de la política de nacionalidad se cruza con otros frentes abiertos del Ejecutivo en materia migratoria, como la devolución de 23 sudaneses a Marruecos desde Ceuta pese a proceder de un país en guerra. En ambos casos, la controversia se dirime en instancias administrativas y judiciales antes que en el debate parlamentario.
El recurso presentado por la Abogacía del Estado queda en manos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que deberá resolver sobre el fondo de la impugnación de Vox tras la suspensión cautelar acordada el 8 de septiembre.
