La última jornada del juicio estuvo marcada por la intervención final de los tres acusados, un derecho que el artículo setecientos treinta y nueve de la Ley de Enjuiciamiento Criminal reserva para el procesado antes de que el tribunal se retire a deliberar y que en este caso produjo tres discursos de naturaleza radicalmente distinta que los cronistas judiciales presentes en la sala han descrito como un epílogo dramático a un juicio que ha mantenido en vilo a la opinión pública española durante semanas. Ábalos fue el primero en hacer uso de la palabra y desplegó durante cuarenta y siete minutos una intervención que combinó la defensa jurídica con el ataque frontal a todos los actores que, en su opinión, han conspirado para destruirle. Dirigiéndose directamente a la fiscal Luzón, el exministro le acusó de haber conducido el interrogatorio con «una agresividad que no busca la verdad sino el titular» y de haber seleccionado las pruebas documentales de manera sesgada para crear una narrativa incriminatoria que, según él, no se sostiene cuando se examina el conjunto de la documentación. A continuación, cargó contra el juez instructor de la Audiencia Nacional que derivó el caso al Supremo por aforamiento, acusándole de haber aceptado sin espíritu crítico las declaraciones de un «estafador profesional» como Aldama para construir un auto de procesamiento que Ábalos calificó de «castillo de naipes judicial».
El ataque de Ábalos a Víctor de Aldama fue el momento más tenso de la sesión. El exministro se giró hacia el banquillo donde se sentaba el empresario y, mirándole directamente a los ojos según los testigos presenciales, le espetó que «todo lo que ha declarado este señor en esta sala es una mezcla calculada de verdades a medias y mentiras completas diseñada para salvar su propio pellejo a costa de los demás». Ábalos insistió en que la reducción de la petición de pena que la acusación popular ha concedido a Aldama demuestra que existe un «intercambio de favores procesales» que vulnera el principio de igualdad de armas y que él denunciará ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos si la sentencia resulta condenatoria. La referencia a la prensa fue igualmente virulenta: el exministro acusó a varios medios de comunicación, a los que no nombró individualmente pero que describió como «máquinas de fabricar culpables antes de que haya sentencia», de haber vulnerado su presunción de inocencia con una cobertura que calificó de «linchamiento mediático preventivo». Marchena le interrumpió en dos ocasiones para recordarle que debía ceñirse a cuestiones procesales y no entrar en valoraciones sobre la actuación de los medios de comunicación, pero Ábalos continuó su alocución hasta agotar los cuarenta y siete minutos.
La intervención de Koldo García resultó ser la más reveladora de la sesión y probablemente de todo el juicio. El exasesor de Ábalos, que había mantenido un perfil bajo durante la mayor parte del procedimiento limitándose a responder con monosílabos y gestos de negación durante los interrogatorios, utilizó su derecho a la última palabra para lanzar una acusación que ha sacudido los cimientos del principal partido de la oposición. Koldo reveló que en las semanas previas al inicio del juicio oral, un abogado que identificó como «vinculado directamente al Partido Popular» le visitó en la cárcel de Soto del Real donde cumple prisión preventiva y le ofreció un pacto que consistía en declarar contra Ábalos y contra dirigentes del PSOE a cambio de una intervención política que facilitase su excarcelación y la reducción de su condena. Koldo añadió, con una voz que los periodistas presentes describieron como temblorosa pero decidida, que rechazó la oferta porque «no estoy dispuesto a colaborar mintiendo y engañando a todos los españoles para servir los intereses electorales de ningún partido». La revelación provocó una oleada de murmullos en la sala que Marchena silenció con dos golpes de su mazo y un «silencio o desalojo la tribuna» que los asistentes acataron de inmediato.
La reacción del Partido Popular fue fulminante. Apenas una hora después de que la sesión concluyese, el portavoz parlamentario Miguel Tellado convocó una rueda de prensa en la que negó categóricamente que ningún abogado vinculado al PP hubiera contactado con Koldo García y calificó la declaración del exasesor de Ábalos como «una maniobra desesperada de un condenado en potencia que intenta desviar la atención de sus propios delitos fabricando una conspiración inexistente». Tellado exigió al PSOE que no utilice «las fantasías de un preso preventivo como arma política» y acusó a Koldo de actuar «siguiendo instrucciones directas de Ábalos para intentar contaminar la imagen del PP en plena campaña andaluza». Sin embargo, la dirección popular no se limitó a la defensa reactiva: Tellado aprovechó la comparecencia para reiterar la exigencia de una comisión de investigación parlamentaria sobre las cuentas bancarias de Singapur que la UCO detectó durante el rastreo de los flujos financieros de la trama, unas cuentas cuya titularidad exacta sigue sin estar completamente esclarecida pero que las sospechas policiales vinculan con intermediarios que habrían actuado en nombre de cargos públicos socialistas.
El papel de Francina Armengol en la trama del caso Koldo ha ido adquiriendo relevancia progresiva a lo largo del juicio y la declaración de visto para sentencia no ha clausurado este frente sino que, paradójicamente, lo ha abierto con más fuerza. La conexión balear del caso se centra en los contratos que el Govern de les Illes Balears adjudicó durante la pandemia para la compra de material sanitario a empresas vinculadas a la red de Aldama, unos contratos que se firmaron cuando Armengol era presidenta de la comunidad autónoma y que la Fiscalía ha incorporado al acervo probatorio del juicio aunque no haya formulado acusación directa contra ella. Los investigadores de la UCO detectaron transferencias bancarias entre una de las sociedades pantalla de Aldama y una cuenta domiciliada en Singapur cuyo beneficiario real no ha sido plenamente identificado pero que, según los informes policiales obrantes en la causa, presenta indicios de vinculación con personas del entorno institucional balear. Armengol, actual presidenta del Congreso de los Diputados, ha negado reiteradamente cualquier conocimiento de irregularidades en aquellos contratos y ha descargado la responsabilidad en los técnicos de la consejería de Salud que los tramitaron.
La sentencia del caso Koldo se espera para finales de mayo o principios de junio, un calendario que los analistas judiciales interpretan como deliberadamente calculado para no interferir con las elecciones andaluzas del diecisiete de mayo. Marchena, que será el ponente del fallo, es conocido por la meticulosidad de sus deliberaciones y por su resistencia a las presiones mediáticas, pero también por la celeridad con la que redacta las sentencias una vez que el tribunal ha alcanzado un consenso interno. Los siete magistrados de la Sala Segunda que han escuchado el juicio deberán pronunciarse sobre más de trescientas cincuenta pruebas documentales, cuarenta y siete testificales y dieciocho periciales, un volumen de material que hace improbable una sentencia en menos de tres semanas pero que tampoco justifica una demora de meses. La cuestión clave que el tribunal debe resolver no es solo si los acusados cometieron los delitos que se les imputan — la prueba documental es abundante y en muchos aspectos incontestada — sino la graduación de la responsabilidad individual de cada uno de los tres procesados, un ejercicio de ponderación que determinará si las penas se acercan a los máximos solicitados por la Fiscalía o si se aplican atenuantes que podrían reducirlas significativamente.
El impacto político del caso Koldo trasciende con mucho el ámbito judicial y se ha convertido en un elemento central de la campaña electoral andaluza, de la estrategia de oposición del PP y de la gobernabilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Cada sesión del juicio ha generado un ciclo informativo que los partidos han instrumentalizado según sus intereses: el PP ha utilizado las revelaciones sobre los contratos de mascarillas como prueba de la «corrupción sistémica» del PSOE, mientras el Gobierno ha insistido en que los hechos juzgados son responsabilidad individual de personas que ya han sido apartadas de la vida pública y que el sistema judicial funciona porque los casos se investigan y se juzgan. La revelación de Koldo sobre el supuesto ofrecimiento del abogado del PP introduce un giro inesperado que podría alterar la narrativa dominante si se demuestra veraz, pero que también podría volverse contra el propio Koldo si se interpreta como una maniobra defensiva desesperada. El PSOE ha anunciado que solicitará la comparecencia urgente de Tellado ante la comisión de justicia del Congreso para que explique las relaciones del PP con abogados que visitan a presos preventivos.
Desde una perspectiva estrictamente procesal, el caso Koldo plantea cuestiones jurídicas de enorme complejidad que los especialistas en derecho penal seguirán debatiendo durante años. La primera es la validez de las declaraciones de Aldama como prueba incriminatoria: el empresario declaró contra Ábalos y Koldo a cambio de una expectativa de rebaja de pena que la acusación popular ha materializado parcialmente pero que la Fiscalía ha rechazado, lo que crea una asimetría procesal inédita en la que el mismo testimonio es valorado de manera contradictoria por las dos partes acusadoras. La segunda cuestión es la admisibilidad de las pruebas obtenidas a través de la cooperación internacional con las autoridades bancarias de Dubái, Singapur y Liechtenstein, cuyos marcos legales de intercambio de información financiera no siempre son compatibles con las garantías procesales del derecho español. La defensa de Ábalos ha planteado nulidades sobre varios de estos documentos que Marchena ha rechazado durante el juicio pero que podrían ser revisadas en casación.
La declaración del exministro Ábalos contra la prensa durante su intervención final ha reavivado el debate sobre la cobertura mediática de los macrojuicios por corrupción en España. Ábalos no nombró medios concretos pero su referencia a «máquinas de fabricar culpables» fue interpretada unánimemente como un ataque dirigido a las cabeceras que han publicado las exclusivas más comprometedoras del caso, incluyendo esta misma redacción que desveló en ediciones anteriores la existencia de la quinta cuenta en Liechtenstein vinculada a Panamá con ochocientos noventa mil euros y los flujos financieros entre Dubái y la sociedad Baskonia Gulf Consulting. Los juristas especializados en derecho de la información advierten de que la estrategia de Ábalos de presentarse como víctima de un juicio paralelo mediático tiene un doble propósito: preparar el terreno para un eventual recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y generar un relato alternativo que le permita mantener cierta credibilidad pública en caso de condena.
El eco del caso Koldo resuena con especial intensidad en la campaña andaluza del diecisiete de mayo, donde tanto el PP como el PSOE intentan instrumentalizar el juicio en direcciones opuestas. Juanma Moreno ha evitado mencionar directamente el caso para no nationalizar excesivamente una campaña que tiene ganada en el terreno autonómico, pero sus asesores reconocen en privado que cada titular sobre Ábalos y la trama de las mascarillas suma entre dos y tres décimas porcentuales al bloque de derecha. Montero, por su parte, ha intentado distanciarse del caso argumentando que los hechos se produjeron en el ámbito del Gobierno central y que ella, como delegada del Gobierno en Andalucía durante la pandemia, no tuvo responsabilidad alguna en la contratación de material sanitario. La revelación de Koldo sobre el abogado del PP podría ofrecer al PSOE munición inesperada en los últimos diez días de campaña, pero solo si la acusación resulta creíble y no es percibida como una maniobra defensiva coordinada con la dirección socialista, una percepción que el PP ya se ha apresurado a sembrar.
