El informe final del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, leído en sala por el teniente fiscal Julián Sánchez Melgar pero redactado en su integridad por el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, es un documento de 47 páginas que la historia procesal de España recordará por la contundencia de su prosa jurídica. Luzón no se limitó a reiterar las peticiones de pena — 24 años para Ábalos por malversación continuada y prevaricación en concurso medial, 19 años y medio para Koldo García Izaguirre por los mismos delitos en grado de cooperación necesaria, y 7 años para Víctor de Aldama por complicidad y blanqueo de capitales —. Lo que hizo fue construir un relato narrativo del caso que conecta cada transferencia bancaria, cada contrato público adjudicado y cada llamada telefónica interceptada en una estructura que el fiscal calificó de «verdadera organización criminal enquistada en el corazón del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana».
La expresión «organización criminal» es jurídicamente significativa y políticamente explosiva. En el derecho penal español, la pertenencia a una organización criminal se tipifica en el artículo 570 bis del Código Penal y conlleva penas adicionales de dos a cinco años de prisión. Luzón no ha solicitado la aplicación de este tipo específico — la calificación jurídica del caso se ciñe a la malversación y la prevaricación —, pero su uso retórico en el informe final tiene un propósito estratégico claro: anclar en la memoria de los cinco magistrados la imagen de una trama que no fue un conjunto de irregularidades aisladas sino una estructura organizada con distribución de roles, jerarquía de mando y mecanismos de ocultación. Si Marchena y sus compañeros aceptan esta caracterización en la sentencia, las penas podrían situarse en la franja alta de las solicitadas.
El aspecto más novedoso del informe de Luzón es el que afecta a Meritxell Batet y, sobre todo, a Francina Armengol. El fiscal dedicó seis páginas de su informe a documentar lo que calificó de «omisión deliberada» por parte de la presidencia del Congreso al no investigar las alertas internas que varios funcionarios del Ministerio elevaron a la Mesa del Congreso entre 2020 y 2022 sobre irregularidades en contratos de emergencia vinculados a la pandemia. Armengol, que preside el Congreso desde agosto de 2023, no está imputada en el caso Koldo, pero el informe de Luzón la sitúa en una zona gris que las defensas ya han anunciado que explotarán en sus recursos: si la presidenta del Congreso conocía las alertas y no actuó, ¿incurrió en una omisión punible o en un ejercicio legítimo de su discrecionalidad institucional?
Las defensas respondieron al informe de Luzón con una batería de argumentos que oscilaron entre lo técnico y lo político. El abogado de Ábalos, Gonzalo Martínez-Fresneda, centró su réplica en cuestionar la cadena de custodia de las grabaciones telefónicas que constituyen la prueba principal de la Fiscalía, argumentando que varias de ellas fueron obtenidas mediante interceptaciones autorizadas por un juez instructor que no tenía competencia territorial sobre las comunicaciones intervenidas. Martínez-Fresneda también anunció que, en caso de sentencia condenatoria, presentará recurso ante el Tribunal Constitucional por vulneración del derecho a un juicio justo, alegando que la cobertura mediática del caso ha contaminado la imparcialidad del tribunal. La defensa de Koldo García, más breve, se limitó a insistir en que su cliente era un «subordinado que ejecutaba órdenes» sin capacidad de decisión propia, una estrategia que busca reducir su pena degradando su rol en la trama.
Marchena anunció antes de levantar la sesión que la Sala Segunda tiene previsto leer el fallo el jueves 22 de mayo a las 10:00 de la mañana, un calendario inusualmente rápido que los analistas jurídicos interpretan de dos maneras: o bien la deliberación sobre prevaricación — el único bloque pendiente tras el consenso alcanzado hoy sobre malversación — se resolverá en una sola sesión mañana martes, o bien la sentencia ya está sustancialmente redactada y el ponente solo necesita incorporar los matices de la deliberación final. Ambas interpretaciones apuntan en la misma dirección: la sentencia será condenatoria, probablemente con penas cercanas a las solicitadas por la Fiscalía.
A tres kilómetros del Supremo, en la Audiencia Nacional, el caso Kitchen ha entrado en su semana más decisiva con el anuncio de que la operación quirúrgica de urgencia de José Manuel Villarejo está programada para el domingo 11 de mayo. La intervención, descrita por su equipo médico como una «cirugía abdominal compleja» relacionada con una hernia inguinal estrangulada, podría suspender el juicio entre dos y cuatro semanas si el tribunal acepta la solicitud de aplazamiento que la defensa presentará el viernes. Pero antes de la cirugía, la Audiencia escuchará esta semana testimonios que pueden ser determinantes: el martes declaran dos agentes del CNI que, según la acusación, facilitaron información clasificada a Villarejo para la operación de espionaje a Luis Bárcenas; y el miércoles, peritos de la UCO presentarán el análisis forense de los dispositivos electrónicos incautados en los registros a Villarejo, unos registros en los que, según tres policías que declararon la semana pasada, el propio Villarejo estuvo presente y «dirigió activamente la selección de materiales que se incautaban y los que se dejaban».
La cita judicial más simbólica de la semana será la del jueves, cuando María Dolores de Cospedal comparezca como testigo en el caso Kitchen. La ex secretaria general del PP y ex ministra de Defensa es señalada por el comisario Dolset como una de las «impulsoras políticas» de la operación junto con el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, una acusación que Cospedal ha respondido a través de su abogado con un lacónico «falso de toda falsedad». La declaración de Cospedal coincidirá con la lectura del fallo de Koldo en el Supremo, configurando un jueves en el que los dos grandes casos de corrupción de los dos grandes partidos convergerán en los tribunales con una simultaneidad que ningún guionista se atrevería a imaginar.
En un registro completamente distinto pero igualmente relevante para la arquitectura judicial española, vigilancia penitenciaria del País Vasco ha revocado esta noche la semilibertad concedida al preso etarra Gregorio Vicario Setién tras recibir un informe del Centro Nacional de Inteligencia que documenta contactos del recluso con «individuos vinculados a estructuras disidentes del entorno de ETA» durante sus salidas del centro penitenciario de Zaballa. Vicario, que cumple condena por tres atentados que causaron dos muertos y siete heridos entre 1985 y 1991, había obtenido la semilibertad en marzo de 2026 tras un informe favorable de la Junta de Tratamiento del centro, una decisión que generó una intensa polémica política porque fue avalada por el Gobierno vasco en un momento en el que PNV y Bildu negociaban los Presupuestos de Euskadi.
La revocación de la semilibertad de Vicario tiene implicaciones que trascienden el caso individual. El Gobierno vasco ha emitido un comunicado en el que «acata con reservas» la decisión de vigilancia penitenciaria pero pide «que se revisen los protocolos de coordinación entre el CNI y las instituciones penitenciarias vascas para evitar interferencias que erosionen la autonomía del sistema penitenciario de Euskadi». La formulación — acatar pero cuestionar el origen de la información — revela la tensión entre la competencia estatal en materia de inteligencia y la aspiración vasca de gestionar íntegramente su política penitenciaria, una tensión que Bildu explotará en el Congreso para condicionar su apoyo a los próximos decretos del Gobierno.
La noche judicial española se cierra con tres frentes abiertos que comparten un denominador común: la fragilidad del equilibrio entre poderes. El Supremo delibera sobre Koldo con la presión mediática y política de una sentencia que condicionará la legislatura. La Audiencia Nacional juzga Kitchen con un acusado que programa cirugías y una testigo que niega todo. Y vigilancia penitenciaria revoca libertades basándose en informes de inteligencia que el Gobierno autonómico cuestiona. En cada caso, la justicia opera en el espacio estrecho que le dejan la política, la opinión pública y la historia — un espacio que, esta noche, parece más estrecho que nunca.
