La Sala Segunda del Tribunal Supremo iniciará el lunes a las 10:00 la deliberación formal del caso Koldo con una ponencia de 183 páginas elaborada por el magistrado Manuel Marchena sobre la mesa. El tribunal afronta así la fase decisiva de un procedimiento en el que la Fiscalía Anticorrupción mantiene peticiones de 24 años de prisión para el exministro de Transportes José Luis Ábalos y de 19,5 años para su exasesor Koldo García Izaguirre, cuya confesión sobre el transporte de billetes de 500 euros ocultos en paquetes de chistorras vascas marcó el tramo final del juicio oral. Fuentes judiciales consultadas descartan absoluciones. La sentencia podría conocerse a finales de mayo.
Por qué importa esta deliberación
La trascendencia del caso excede la acusación concreta. El procedimiento examina la presunta captura de la contratación pública en el Ministerio de Transportes durante la pandemia, con mascarillas como objeto del contrato y una trama de comisiones como eje de la instrucción. Si la sentencia confirma los hechos que sostiene la acusación, sería la condena más severa dictada contra un miembro del Ejecutivo central desde el retorno de la democracia, lo que la convierte en un hito de referencia para la fiscalización penal del poder ejecutivo en España.
La ponencia de Marchena y el peso de 183 páginas
En el procedimiento penal ante el Tribunal Supremo para aforados, el magistrado ponente redacta un proyecto de sentencia que el pleno de la sala delibera, enmienda y, en su caso, aprueba. La extensión de la ponencia —183 páginas según las fuentes judiciales— refleja la complejidad fáctica y jurídica de la causa: múltiples acusados, cargos que abarcan desde cohecho hasta tráfico de influencias, y un volumen de prueba documental y testifical acumulado a lo largo de meses de juicio oral. El texto de Marchena constituye el suelo sobre el que los magistrados de la sala construirán o modificarán el fallo definitivo.
La confesión que redefinió el juicio
En la recta final de las sesiones, García Izaguirre confirmó ante la sala que los billetes de 500 euros se transportaron ocultos en paquetes de chistorras vascas. La frase que los cronistas presentes recogen —«sí, las chistorras eran billetes de 500»— adquirió de inmediato valor procesal por provenir del propio acusado y por su capacidad de concretar materialmente la acusación de cobro de comisiones ilegales. Quienes cubren la actividad de la Sala Segunda equiparan el impacto de esa declaración al que en su día tuvo la comparecencia de Luis Bárcenas en causas relacionadas con la financiación del Partido Popular, por la combinación de detalle incriminatorio y fuente directa. En términos jurídicos, una confesión no equivale automáticamente a condena, pero sí puede operar como prueba de cargo de primer orden cuando el tribunal la valora junto al resto del acervo probatorio.
Qué pide Anticorrupción y por qué esas cifras
La Fiscalía Anticorrupción mantiene sus conclusiones definitivas: 24 años de prisión para Ábalos y 19,5 para García Izaguirre. Esas peticiones se sostienen sobre tipos penales cuyas penas se acumulan conforme al sistema de concurso real de delitos previsto en el Código Penal, que permite sumar las penas de infracciones independientes hasta el límite legal. La acusación no ha introducido modificaciones sustanciales tras el juicio oral, lo que indica que considera que la prueba practicada en sala ha reforzado, y no erosionado, su relato de los hechos.
Sin absoluciones en el horizonte judicial
Las fuentes judiciales consultadas descartan expresamente que la deliberación del lunes concluya con absoluciones. Esta indicación, que no prejuzga la cuantificación de las penas ni la calificación jurídica exacta que adopte la sala, señala que el tribunal considera acreditada la existencia de conductas penalmente relevantes. La distancia entre esa premisa y las peticiones de la acusación será, precisamente, el espacio que ocupe la deliberación.
Contexto institucional: cómo opera la Sala Segunda con aforados
El Tribunal Supremo juzga en única instancia a los aforados —miembros del Gobierno en activo y diputados, entre otros— conforme al artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La ausencia de una segunda instancia revisora ordinaria fue señalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Serrano Contreras contra España, lo que llevó a una reforma legal en 2015 que introdujo un recurso de casación ante el propio Supremo como mecanismo de revisión. Esa singularidad del aforamiento confiere a la sentencia que dicte la sala el carácter de resolución casi definitiva, con márgenes de impugnación más estrechos que en la jurisdicción ordinaria.
Tiempos y próximos pasos
La deliberación que arranca el lunes no tiene plazo legal tasado, aunque la práctica de la sala y la envergadura del texto de ponencia apuntan a que el proceso de discusión, posibles votos particulares y redacción del fallo podría extenderse varias semanas. Las mismas fuentes judiciales sitúan la publicación de la sentencia a finales de mayo, un horizonte que, de cumplirse, convertiría este procedimiento en uno de los resueltos con mayor rapidez en causas de esta complejidad ante el Supremo. Una vez firme, o en la fase de ejecución provisional si procede, corresponderá al tribunal determinar el ingreso en prisión de los condenados y la responsabilidad civil derivada del delito.
