Pardo de Vera llegó al Supremo acompañada de su abogada y con una carpeta de documentos que, según fuentes de la sala, incluía agendas personales, correos electrónicos impresos y un cuaderno de notas manuscritas que ella misma describió como 'mi diario de trabajo'. La testigo, que declaraba como tal y no como investigada, comenzó su relato situando cronológicamente las visitas de Aldama: 'La primera vez que vi a ese hombre fue en septiembre de 2020, unos días después de que Koldo García me dijera que iba a venir un empresario a hablar con el ministro sobre un asunto de mascarillas. Desde entonces, durante los siguientes catorce o quince meses, lo vi con una regularidad que me resultaba llamativa'. La fiscalía le pidió que precisara esa regularidad y Pardo de Vera respondió sin dudar: 'Al menos dos veces por semana. A veces tres. Normalmente los martes y los jueves, aunque hubo semanas en las que también venía los viernes'.
La descripción de las visitas fue minuciosa y cargada de detalles que, para un observador externo, podrían parecer triviales pero que en el contexto judicial resultan devastadores. Pardo de Vera relató que Aldama accedía siempre por la entrada principal del ministerio en el Paseo de la Castellana, que nunca pasaba por el registro de visitas oficial —'Koldo lo recogía directamente en el hall y lo subía por el ascensor de autoridades'—, que permanecía en la planta noble entre cuarenta y cinco minutos y dos horas, y que en al menos cuatro ocasiones lo vio salir del despacho del propio ministro Ábalos 'con documentación bajo el brazo'. La testigo precisó que ella nunca participó en las reuniones y que su conocimiento se basaba en lo que 'veía y oía desde mi despacho, que estaba a quince metros del del ministro'.
El momento más tenso de la sesión llegó cuando el abogado de Ábalos, Agustín Martínez, interrogó a Pardo de Vera sobre su relación personal con el exministro. La testigo admitió que habían tenido 'una relación profesional estrecha' durante tres años pero negó cualquier motivación personal en su testimonio. 'No estoy aquí por rencor ni por venganza —dijo, mirando directamente al tribunal—. Estoy aquí porque me citaron y porque lo que vi me pareció, ya entonces, irregular'. Martínez intentó cuestionar la fiabilidad de su memoria sobre fechas concretas, pero Pardo de Vera sacó de su carpeta el cuaderno de notas y leyó varias entradas en las que había anotado, con fecha y hora, las visitas de Aldama. El tribunal admitió el cuaderno como prueba documental pese a la objeción de la defensa.
La reacción de Ábalos fue la más esperada del día. El exministro, que asiste a todas las sesiones sentado en el banquillo junto a Koldo García y al propio Aldama, pidió la palabra a través de su abogado para hacer una 'puntualización'. Se le concedió. Ábalos, con voz pausada y tono de quien ha ensayado cada palabra, admitió que las visitas de Aldama 'no eran habituales en el sentido protocolario' pero insistió en que 'Víctor es el amigo de Koldo, no el mío. Yo no controlaba la agenda de mi asesor ni le pedía cuentas de con quién se reunía fuera de los actos oficiales'. La frase tiene una debilidad estructural evidente: si Aldama visitaba al ministro en su propio despacho, como ha declarado Pardo de Vera, la coartada de que era 'el amigo de Koldo' pierde consistencia.
Pero la jornada guardaba una segunda sorpresa que, en términos procesales, podría ser incluso más significativa que el testimonio de Pardo de Vera. A las 14:30, cuando el tribunal estaba a punto de levantar la sesión, el abogado de Aldama, José Antonio Choclán, presentó un escrito renunciando a cuatro de los once testigos que la defensa había propuesto. Los cuatro testigos retirados son funcionarios del Ministerio de Transportes que, según el escrito de Choclán, 'se encuentran en una situación de dependencia laboral y jerárquica respecto del Gobierno que les impide declarar con libertad y sin temor a represalias'. El escrito utiliza una expresión más contundente: los testigos están 'controlados por Moncloa'.
La acusación del control gubernamental sobre testigos no es nueva en el caso Koldo, pero nunca se había formalizado en un escrito procesal con la contundencia de hoy. Choclán argumenta que los cuatro funcionarios fueron 'convocados a reuniones individuales en la Secretaría de Estado de Función Pública' durante las dos semanas previas al juicio y que, tras esas reuniones, tres de ellos comunicaron a la defensa que 'no se sentían en condiciones de declarar lo que realmente saben'. El cuarto, según Choclán, directamente dejó de responder a las llamadas de la defensa. El tribunal ha tomado nota del escrito y ha anunciado que se pronunciará el lunes sobre su admisión como incidencia procesal.
La Fiscalía, por su parte, se ha opuesto a que la retirada de testigos se interprete como prueba de presión gubernamental. El fiscal Alejandro Luzón ha recordado que 'la renuncia a la prueba testifical es un derecho de las partes' y que 'las especulaciones sobre las motivaciones de esa renuncia no tienen cabida en el acto del juicio oral'. Luzón ha añadido que, si la defensa de Aldama tiene indicios de intimidación de testigos, debe presentar la correspondiente denuncia ante el juzgado de instrucción, no ante la sala de enjuiciamiento. El magistrado presidente, Manuel Marchena, ha zanjado la cuestión con una frase que resume el tono de toda la jornada: 'Este tribunal juzga con las pruebas que se practican, no con las que se retiran'.
Lo que deja el día octavo del juicio del caso Koldo es un panorama procesal cada vez más complejo. El testimonio de Pardo de Vera ha colocado a Aldama dentro del despacho del ministro con una frecuencia que contradice la versión oficial de Ábalos. La retirada de cuatro testigos por la defensa abre un frente de sospecha sobre posibles presiones gubernamentales que, sea cierto o no, contamina el relato del juicio. Y la acumulación de pruebas documentales —cuadernos, agendas, correos— empieza a dibujar una trama en la que las líneas entre lo político, lo empresarial y lo delictivo se difuminan con cada sesión.
La semana que viene será decisiva. El lunes declaran dos empresarios vinculados a los contratos de mascarillas. El martes está prevista la comparecencia del propio Koldo García, que hasta ahora se ha acogido a su derecho a no declarar pero que, según fuentes de su defensa, podría cambiar de estrategia tras el testimonio de Pardo de Vera. Y el miércoles, si el calendario se mantiene, declarará un inspector de Hacienda que ha analizado los movimientos bancarios de las sociedades interpuestas. El caso Koldo no ha hecho más que empezar a desvelar sus capas, y cada una de ellas es más incómoda que la anterior para quienes gobernaron España entre 2020 y 2023.
El Hemiciclo mantendrá a Beatriz Ostos en la Sala Segunda del Supremo durante toda la próxima semana. Lo que está en juego no es solo la responsabilidad penal de tres hombres, sino la credibilidad de un sistema institucional que permitió —si los indicios se confirman— que un comisionista sin cargo público accediera al corazón del poder ejecutivo con la regularidad de un funcionario y la impunidad de un fantasma.
