Pardo de Vera ha comparecido a las 10:15 como testigo de la fiscalía y su declaración se ha extendido durante dos horas y cuarenta minutos, convirtiéndose en la más larga del juicio hasta la fecha. La exjefa de gabinete, que abandonó su puesto en Transportes en marzo de 2021 tras lo que en su momento se presentó como una reorganización del gabinete pero que las fuentes ministeriales siempre atribuyeron a 'discrepancias con la gestión de la pandemia', ha respondido con precisión milimétrica a las preguntas del fiscal delegado Antonio Romeral. El interrogatorio ha seguido un orden cronológico que arrancaba en las primeras semanas del estado de alarma de marzo de 2020 y terminaba en los últimos días de Pardo de Vera en el ministerio. Cada respuesta incluía fechas, nombres y detalles espaciales que delataban una memoria entrenada o, como han sugerido las fuentes de la defensa, una declaración cuidadosamente preparada. 'Vi a Aldama por primera vez en el despacho del ministro el 17 de marzo de 2020, el segundo día del estado de alarma', ha afirmado. 'Desde entonces, su presencia en la planta noble era tan habitual que el personal de seguridad dejó de pedirle identificación a partir de la segunda semana. Venía al menos dos veces por semana, a veces tres. Siempre entraba por la puerta lateral de la calle Nuevos Ministerios, la que utilizan los cargos con acreditación permanente'.
La descripción de Pardo de Vera ha incluido detalles que van más allá de la mera frecuencia de las visitas. La testigo ha relatado que Aldama disponía de una acreditación de visitante especial que le permitía acceder a la planta noble sin cita previa y sin pasar por el registro electrónico que deja constancia de las visitas ordinarias. 'Era un sistema que se implementó para los asesores externos de máxima confianza del ministro', ha explicado. 'Yo no autoricé esa acreditación ni fui consultada sobre ella. Cuando pregunté a Koldo quién era ese señor que venía con tanta frecuencia, me dijo que era un empresario amigo suyo que ayudaba al ministerio con contactos para la compra de material sanitario'. La testigo ha añadido que, en al menos cuatro ocasiones, coincidió con Aldama en la sala de espera del despacho del ministro y que en dos de ellas Aldama llevaba carpetas con documentos que no pudo identificar. El detalle de las carpetas ha provocado una intervención inmediata del abogado de Aldama, Gonzalo Martínez-Fresneda, que ha protestado por la 'especulación' sobre el contenido de documentos que la testigo no leyó, pero el magistrado presidente Manuel Marchena ha permitido la declaración al considerarla 'una descripción fáctica de lo observado, no una interpretación del contenido'.
El momento más tenso de la mañana se ha producido cuando el fiscal ha preguntado directamente a Pardo de Vera si en algún momento comunicó a Ábalos su preocupación por las visitas de Aldama. La testigo ha respondido afirmativamente y ha reconstruido una conversación mantenida con el exministro en su despacho a finales de junio de 2020, aproximadamente tres meses después de la primera aparición de Aldama en el edificio. 'Le dije al ministro que la presencia de ese hombre era excesiva y que podía generar problemas si trascendía a la prensa. El ministro me contestó que Aldama era amigo de Koldo, que le estaba echando una mano con los contactos para las mascarillas y que no me preocupara'. Pardo de Vera ha añadido una frase que ha provocado murmullos en la sala: 'Le insistí en que al menos se registraran sus visitas en el sistema electrónico. El ministro no me respondió. Dos días después, Koldo me llamó a mi despacho y me dijo que dejara de hacer preguntas incómodas sobre los amigos del ministro'. La tensión en la sala ha sido palpable: varios abogados han intercambiado miradas y el propio Ábalos, sentado en el banquillo de los acusados, ha inclinado la cabeza hacia su abogado para susurrarle algo al oído.
La declaración de Ábalos, que ha tomado la palabra a las 13:05 en uso de su derecho a la última palabra del acusado antes del cierre de la sesión testifical, ha sido un ejercicio de equilibrismo entre la admisión parcial y la minimización. El exministro ha reconocido que las visitas de Aldama 'no eran normales en un sentido estrictamente protocolar' pero ha insistido en que se enmarcaban en un contexto extraordinario —la pandemia— en el que 'muchas personas ajenas a la administración colaboraban con los ministerios de manera informal para resolver una emergencia sanitaria sin precedentes'. Ábalos ha admitido que conocía las visitas de Aldama pero ha negado que le diera instrucciones sobre contratos: 'Aldama venía porque era amigo de Koldo y Koldo era mi asesor de confianza. Yo no controlaba la agenda de Koldo ni supervisaba quién entraba y salía de su despacho. ¿Era normal que un empresario visitara la planta noble dos veces por semana? No, no es normal. Pero tampoco era normal que se murieran 500 personas al día y que no tuviéramos mascarillas'. La frase 'no es normal' ha sido inmediatamente subrayada por el fiscal en sus notas y es previsible que aparezca en el escrito de conclusiones definitivas como una admisión parcial de la irregularidad.
El segundo terremoto procesal de la jornada se ha producido a las 12:20, cuando el abogado de Koldo García, José Antonio Choclán, ha comunicado a la sala su decisión de retirar cuatro de los siete testigos de descargo previstos para las sesiones de la próxima semana. Choclán ha justificado la retirada con un argumento que ha provocado la protesta inmediata de la acusación popular y un murmullo audible en la sala de prensa: los cuatro testigos, funcionarios del Ministerio de Transportes en activo, están 'sometidos a presiones directas o indirectas por parte de la estructura de poder del actual Gobierno' y su testimonio 'no sería libre ni espontáneo'. El abogado no ha aportado pruebas de las presiones alegadas pero ha solicitado que conste en acta su denuncia y ha anunciado que presentará un escrito complementario con indicios que, según ha adelantado, incluyen 'comunicaciones internas del ministerio que evidencian instrucciones para coordinar declaraciones'. El magistrado Marchena ha aceptado la retirada de los testigos pero ha rechazado la petición de que conste la alegación de presiones como hecho probado, limitándose a recogerla como manifestación de la parte.
La reacción de la Fiscalía ha sido inmediata y contundente. El fiscal Romeral ha calificado la retirada de testigos de 'maniobra procesal encaminada a construir un relato victimista que permita a la defensa alegar indefensión en una eventual apelación' y ha solicitado al tribunal que incorpore al sumario nuevas pruebas documentales consistentes en los registros electrónicos de acceso al Ministerio de Transportes entre enero de 2020 y diciembre de 2021. Según ha explicado el fiscal, los registros demuestran que Aldama accedió a la planta noble del ministerio en al menos 147 ocasiones documentadas durante ese periodo, una cifra que supera con creces la frecuencia admitida por el propio Ábalos. La incorporación de los registros ha sido admitida por el tribunal sobre la objeción de las defensas, que han argumentado que se trata de documentación que debería haber sido aportada durante la fase de instrucción. Marchena ha resuelto la discrepancia con una frase que resume el estilo procesal que ha caracterizado este juicio: 'El tribunal admite la prueba porque la justicia material prima sobre la rigidez formal cuando estamos ante indicios relevantes de hechos delictivos'.
La alegación de que testigos están 'controlados por Moncloa' ha tenido un impacto político inmediato fuera de los muros del Supremo. El PP ha emitido un comunicado en el que exige al Gobierno que desmienta la acusación y que garantice que ningún funcionario en activo ha recibido instrucciones sobre su declaración. Vox ha ido más lejos y ha pedido que la Fiscalía investigue las presiones alegadas como un posible delito de obstrucción a la justicia. El portavoz del Gobierno, Patxi López, ha respondido a las 14:30 calificando la alegación de 'invención grotesca de la defensa para desviar la atención del contenido de las declaraciones' y ha recordado que 'ningún funcionario de Transportes ha recibido instrucción alguna del Gobierno sobre su declaración en el juicio'. Sin embargo, el daño mediático ya está hecho: la frase 'controlados por Moncloa' se ha convertido en tendencia en redes sociales y varios medios de comunicación la utilizan ya como titular sin matices, instalando en la opinión pública la idea de que el Gobierno interfiere en un proceso judicial que afecta a sus excompañeros.
El juicio se reanudará el lunes con la declaración de tres testigos de la acusación popular —dos exdirectivos de empresas adjudicatarias de contratos de mascarillas y un perito contable— y con la posible declaración de un agente de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que participó en las investigaciones. La defensa de Ábalos ha anunciado que solicitará una prueba pericial sobre el sistema de acreditaciones del Ministerio de Transportes para demostrar que la acreditación de Aldama no era excepcional y que otros asesores externos disponían del mismo tipo de acceso. La pregunta que flota sobre el juicio tras la jornada de hoy es si la retirada de testigos por parte de Koldo debilita su posición defensiva o, paradójicamente, la refuerza al sembrar la sospecha de que las declaraciones contra los acusados están orquestadas. En un juicio donde la prueba testifical es central, la batalla por la credibilidad de los testigos puede ser más decisiva que cualquier documento. Marchena tendrá que navegar esas aguas turbias con la precisión quirúrgica que ha definido su carrera, sabiendo que cada decisión procesal será escrutada por millones de ojos y que el eco de esta sala rebotará en el Senado que el Gobierno ha decidido dejar vacío el martes.
El caso Koldo, recordemos, se ha convertido en el mayor escándalo de corrupción vinculado a la gestión de la pandemia en España. La trama, según la acusación, consistía en una red liderada por Koldo García —asesor personal de Ábalos— y Víctor de Aldama —empresario con conexiones en múltiples ministerios— que habría intermediado en la adjudicación de contratos de emergencia para la compra de mascarillas, guantes y equipos de protección individual durante los meses más críticos de la crisis sanitaria. La cifra total de los contratos investigados asciende a 53,7 millones de euros, de los cuales la fiscalía sostiene que al menos 12,4 millones fueron pagados en condiciones irregulares que incluían comisiones encubiertas, sobrecostes injustificados y pagos a sociedades instrumentales radicadas en Emiratos Árabes Unidos. El juicio, que arrancó el 7 de abril, está previsto que se extienda hasta mediados de mayo con un calendario de sesiones que incluye 34 testigos, 8 peritos y la declaración final de los tres acusados principales.
