La jornada de ayer ofreció una señal que los observadores judiciales más experimentados no esperaban: la unanimidad sobre malversación. Cuando la Sala Segunda cierra un bloque con consenso pleno de los cinco magistrados — Marchena, Berdugo, Polo, Sánchez Melgar y Del Moral — el precedente indica que el resultado final será una sentencia condenatoria con penas cercanas a las solicitadas por Anticorrupción. La unanimidad elimina la posibilidad de votos particulares que debiliten la sentencia y otorga al fallo una autoridad jurídica que dificultará enormemente cualquier recurso ante el Tribunal Constitucional. Los abogados de Ábalos, Koldo y Aldama saben que la unanimidad sobre malversación es una señal ominosa: si cinco jueces coinciden en que hubo desvío de fondos públicos, la barrera cognitiva para concluir que también hubo prevaricación — es decir, que las decisiones administrativas que facilitaron el desvío fueron deliberadamente ilegales — es considerablemente más baja.
La ponencia de Marchena sobre prevaricación aborda la cuestión central del caso: si la adjudicación de los contratos de mascarillas durante la pandemia se hizo siguiendo los procedimientos legales de emergencia o si se utilizaron esos procedimientos como cobertura jurídica para canalizar dinero público hacia empresas vinculadas al entramado societario de Aldama. La distinción es crucial porque la legislación de emergencia sanitaria permitía la contratación directa — sin concurso público — en situaciones de urgencia, y la defensa de Ábalos ha argumentado desde el primer día que todas las adjudicaciones se hicieron dentro del marco legal vigente. La ponencia de Marchena, según fuentes que han tenido acceso a su estructura, desmonta este argumento en tres fases: primero, demuestra que la urgencia era real pero que los contratos adjudicados no se correspondían con las necesidades sanitarias documentadas por el Ministerio; segundo, establece que las empresas adjudicatarias carecían de experiencia previa en material sanitario y que su selección solo se explica por la intermediación personal de Koldo y Aldama; y tercero, concluye que el uso del marco de emergencia para adjudicar contratos a empresas preseleccionadas constituye una desviación del procedimiento que solo puede calificarse de prevaricación.
El calendario judicial se ha convertido en una variable política de primer orden. Si Marchena logra cerrar el bloque de prevaricación en una sola sesión — algo que las fuentes jurídicas consideran probable dada la unanimidad alcanzada ayer en malversación —, la sentencia podría dictarse tan pronto como el jueves 22. Un fallo condenatorio el jueves coincidiría con el recurso de la defensa de Begoña Gómez ante la Audiencia Provincial, creando una jornada de doble impacto judicial que el PSOE teme y el PP anhela. La confluencia no es casual: el calendario judicial tiene su propia lógica procesal, pero los actores políticos llevan semanas calculando las fechas como si fueran casillas de un tablero de ajedrez.
En el caso Kitchen, la jornada de hoy presenta un dilema procesal que el tribunal debe resolver antes del mediodía. José Manuel Villarejo, uno de los acusados principales en la trama de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, presentó ayer un parte médico firmado por el cirujano que le operó el domingo, en el que se prescribe «reposo absoluto durante un mínimo de cuatro semanas» tras una intervención abdominal cuya naturaleza exacta el parte no detalla por razones de privacidad médica. La defensa de Villarejo alega «imposibilidad física de comparecer» y solicita la suspensión del juicio oral hasta mediados de junio. La Fiscalía se opone alegando que el juicio lleva ya cinco semanas de vista oral y que una suspensión de cuatro semanas «perjudicaría gravemente la continuidad del procedimiento y la memoria de los testigos ya declarados».
El tribunal tiene tres opciones: suspender el juicio hasta que Villarejo se recupere, lo que retrasaría las declaraciones pendientes de la CNI y la UCO y podría afectar a la calidad del testimonio de Cospedal, previsto como uno de los últimos; aplazar solo las sesiones en las que Villarejo deba estar presente y continuar con las demás, lo que plantea problemas de derecho de defensa; o solicitar un peritaje médico independiente que verifique la gravedad real de la intervención y la duración necesaria del reposo. Las tres opciones tienen consecuencias procesales y políticas significativas, y la decisión se conocerá antes de las 13:00.
El tercer frente judicial de la semana es el caso de Begoña Gómez. El juez Juan Carlos Peinado rechazó la semana pasada archivar la causa e insistió en que el asunto debe juzgarse ante un jurado popular, una decisión que la Fiscalía considera «injustificada» y que la defensa de Gómez recurrirá ante la Audiencia Provincial de Madrid el jueves 22. El recurso argumentará que los hechos investigados — la presunta influencia de Gómez en la adjudicación de contratos de la cátedra que dirigía en la Universidad Complutense — no reúnen los requisitos de tipicidad penal necesarios para justificar un juicio y que Peinado ha incurrido en una «instrucción prospectiva» que vulnera el derecho a la presunción de inocencia. La Audiencia Provincial tiene un plazo de cinco días hábiles para resolver, lo que significa que la decisión podría conocerse antes del fin de semana.
La confluencia de los tres frentes judiciales — Koldo, Kitchen y Begoña Gómez — en una sola semana no tiene precedente en la historia reciente de la democracia española. El último Gobierno que enfrentó una presión judicial comparable fue el de Mariano Rajoy durante la sentencia de la Gürtel en junio de 2018, pero entonces solo había un caso y una sentencia. Ahora hay tres casos en tres tribunales distintos con tres calendarios que convergen en cuatro días, una densidad judicial que desborda la capacidad de respuesta comunicativa de cualquier gabinete de crisis y que obliga al PSOE a gestionar simultáneamente la narrativa de tres procesos con lógicas jurídicas diferentes.
Los abogados de los tres casos trabajan en paralelo pero con estrategias que a veces colisionan. La defensa de Ábalos en el caso Koldo ha basado su estrategia en la separación estricta entre las decisiones políticas — que serían legítimas — y los beneficios privados — que serían responsabilidad exclusiva de Koldo y Aldama. Pero la ponencia de Marchena sobre prevaricación parece cerrar esa vía al establecer un vínculo directo entre la decisión administrativa y el beneficio privado que la defensa no podrá desmontar fácilmente. En Kitchen, la ausencia de Villarejo complica la estrategia de todas las partes, porque el comisario es el eje central de una trama que involucra al Ministerio del Interior del PP y cuyo testimonio es imprescindible para establecer la cadena de mando.
A las 09:00 de esta mañana, los pasillos del Tribunal Supremo empiezan a llenarse con los primeros abogados y periodistas. Marchena entrará en la sala a las 09:30 con la ponencia bajo el brazo y la confianza de quien sabe que la unanimidad de ayer le otorga una posición de fuerza. En la planta baja, el tribunal que lleva Kitchen se reunirá a las 10:00 para decidir sobre la suspensión. Y en la Audiencia Provincial, los magistrados empiezan a recibir el recurso de Begoña Gómez que se formalizará el jueves. Tres tribunales, tres casos, una sola semana. La justicia española funciona con la parsimonia de sus propios tiempos, pero esta semana esos tiempos se han comprimido hasta crear una densidad que ningún observador judicial recuerda haber vivido antes.
La pregunta que flota sobre las tres salas es la misma que flota sobre la calle Ferraz, sobre Moncloa y sobre el Congreso: ¿puede un sistema político absorber simultáneamente tres sentencias o resoluciones judiciales adversas sin que la estabilidad institucional se resienta? La respuesta teórica es sí — las democracias están diseñadas para separar el poder judicial del ejecutivo y del legislativo —, pero la respuesta práctica depende de la capacidad del Gobierno para gestionar la narrativa y de la disposición de la oposición para respetar los tiempos judiciales sin convertirlos en armas políticas. A las 09:30, la primera respuesta empezará a escribirse en la sala de deliberaciones de Marchena.
