La ponencia de Llarena, cuyo contenido exacto permanece bajo secreto de deliberación pero cuyas líneas maestras han sido filtradas a varios medios por fuentes que El Hemiciclo identifica como próximas al entorno de la defensa de Aldama, constituye según los analistas procesalistas consultados el documento más exhaustivo que se ha redactado en un caso de corrupción política en España desde la sentencia de la Gürtel de dos mil dieciocho. El texto se estructura en cuatro grandes bloques: el primero analiza la autoría y participación de cada uno de los acusados en los hechos probados, estableciendo una jerarquía criminal que sitúa a Ábalos como autor intelectual y organizador de la trama, a Koldo García como ejecutor material de las gestiones y a Aldama como intermediario y beneficiario económico; el segundo valora la prueba documental, con especial énfasis en los extractos bancarios del BBVA Dubái, las comunicaciones cifradas recuperadas de los teléfonos intervenidos y las facturas de las empresas pantalla utilizadas para canalizar los pagos; el tercero aborda las cuestiones de nulidad planteadas por las defensas, desde la impugnación de la comisión rogatoria emiratí hasta la cadena de custodia de las grabaciones de Villarejo que fueron incorporadas de forma tangencial al caso; y el cuarto propone el cuadro de penas, que según las fuentes consultadas oscilaría entre los veintidós años de prisión para Ábalos — dos menos que los veinticuatro solicitados por la Fiscalía —, los dieciocho para Koldo García y los siete para Aldama, manteniendo en este último caso la cifra exacta pedida por el ministerio público.
El silencio institucional del Congreso de los Diputados durante este sábado ha sido tan elocuente como cualquier declaración. Ni la presidenta Armengol, ni los portavoces de los grupos parlamentarios, ni los servicios de comunicación de la cámara han emitido ninguna nota, tuit o comunicado relacionado con la deliberación del Supremo, un mutismo que contrasta con la hiperactividad verbal de los días anteriores y que fuentes parlamentarias atribuyen a una instrucción directa de La Moncloa: «Nadie habla hasta que haya sentencia, cualquier palabra que se diga ahora será utilizada en contra». La orden de silencio afecta especialmente a Armengol, cuya posición se ha vuelto extraordinariamente delicada desde que la Audiencia Nacional incorporó al sumario las declaraciones de tres testigos de Baleares que la vinculan con la adjudicación de un contrato de setecientas mil mascarillas FFP2 durante su etapa como presidenta del Govern balear en el verano de dos mil veinte. Aunque Armengol no está imputada ni acusada en el caso Koldo, las declaraciones de los testigos baleares — dos funcionarios de la Consejería de Sanidad y un empresario local que intermedió en la operación — sugieren que la entonces presidenta del Govern tuvo conocimiento directo de las gestiones realizadas por Koldo García para facilitar el contrato y que autorizó el pago sin exigir los informes de fiscalización previa que la legislación autonómica requiere para compras de esa magnitud.
La estrategia del PP para el momento post-sentencia ha sido diseñada con una precisión milimétrica que revela la importancia que Génova otorga al desenlace judicial del caso Koldo como palanca de desgaste del gobierno de coalición. Según fuentes del equipo de estrategia de Feijóo consultadas por El Hemiciclo, el PP tiene preparados tres escenarios con sus correspondientes paquetes de acción parlamentaria: en el escenario A, condena de Ábalos con pena superior a veinte años, el PP solicitará la dimisión inmediata de Armengol como presidenta del Congreso, registrará una proposición no de ley exigiendo una comisión de investigación y pedirá una comparecencia urgente de Sánchez para que explique «cuándo supo que tenía un ministro corrupto en su Consejo de Ministros y por qué no actuó»; en el escenario B, condena con pena inferior a veinte años o con absolución parcial de alguno de los cargos, el PP modulará su ofensiva centrándose en la petición de comisión de investigación y en las responsabilidades políticas sin exigir directamente la dimisión de Armengol; y en el escenario C, absolución total o parcial mayoritaria, el PP pivotará hacia las responsabilidades políticas independientes del veredicto judicial, argumentando que «la absolución penal no borra la responsabilidad política de quienes gestionaron contratos millonarios con intermediarios de dudosa reputación». Los tres escenarios incluyen una línea de comunicación coordinada con los medios afines y una batería de preguntas parlamentarias escritas que ya están redactadas y listas para ser registradas en la Mesa del Congreso en las veinticuatro horas siguientes a la publicación de la sentencia.
El PSOE, por su parte, ha trabajado durante las últimas semanas en una estrategia de defensa que, según las fuentes socialistas consultadas por El Hemiciclo, se articula en torno a tres mensajes clave que serán desplegados simultáneamente en todos los niveles del partido desde el segundo en que se conozca el fallo. El primer mensaje es de separación: «Ábalos fue expulsado del grupo parlamentario socialista, actúa desde hace meses como acusación particular contra Koldo y el PSOE no tiene ninguna responsabilidad en las acciones individuales de quien dejó de representar al partido hace más de un año». El segundo es de ataque: «El PP ha mantenido contactos documentados con Aldama — el principal testigo de cargo de la Fiscalía — para coordinar su estrategia mediática y parlamentaria, lo que convierte al partido de Feijóo en cómplice de la instrumentalización política de la justicia». Y el tercero, el más delicado, apunta directamente al ponente Llarena: «Existe un patrón de actuación del magistrado Llarena que evidencia un sesgo ideológico en su jurisprudencia, desde la causa del procés hasta el caso Koldo, que el PSOE no puede ignorar y que pondrá sobre la mesa si la sentencia confirma las penas propuestas en la ponencia». Este tercer mensaje, que implica un cuestionamiento directo de la imparcialidad de un magistrado del Supremo, ha generado un debate interno intenso en Ferraz, donde un sector liderado por los barones territoriales más moderados advierte de que atacar al ponente puede ser contraproducente y alimentar la narrativa de que el PSOE no respeta la independencia judicial.
El contexto político en el que se produce la deliberación del Supremo añade capas de complejidad que trascienden lo estrictamente jurídico. A ocho días de las elecciones andaluzas del diecisiete de mayo, el caso Koldo se ha convertido en un arma de doble filo para todas las formaciones. Para el PP, una condena severa de Ábalos reforzaría la narrativa de la corrupción socialista que Moreno ha utilizado con eficacia en Andalucía, pero también obligaría a Feijóo a explicar por qué su partido mantuvo contactos con Aldama — un extremo que el PP niega pero que las defensas han documentado parcialmente en el juicio —. Para el PSOE, la sombra del caso Koldo sobre la campaña andaluza es ya un hecho consumado que las encuestas reflejan en el estancamiento del veinte coma uno por ciento de Montero, pero una condena antes del diecisiete de mayo podría hundir al PSOE hasta mínimos históricos en la comunidad más poblada de España. Para Vox, el caso Koldo es una oportunidad para presentarse como la única fuerza que «no tiene las manos manchadas» y para consolidar el repunte del catorce coma cuatro por ciento que le atribuyen los sondeos más recientes. Y para Sumar, el caso genera una incomodidad existencial: como socio de gobierno del PSOE, cualquier daño al partido socialista le salpica, pero como fuerza que aspira a representar la política limpia, no puede defender a un exministro acusado de corrupción.
Las fuentes jurídicas consultadas por El Hemiciclo coinciden en que la deliberación podría prolongarse entre tres y cuatro semanas, lo que situaría la publicación de la sentencia a finales de mayo o principios de junio, es decir, después de las elecciones andaluzas pero antes de que expire el período ordinario de sesiones del Congreso. Este calendario, si se confirma, tendría implicaciones estratégicas para todos los actores: el PP no podría utilizar la sentencia como argumento electoral en Andalucía pero sí como munición para la recta final del período parlamentario; el PSOE respiraría aliviado de que el veredicto no llegue antes del diecisiete de mayo pero tendría que afrontar las consecuencias políticas en un momento de desgaste acumulado por la crisis del Hondius, el luto de Huelva y las tensiones internas generadas por el recurso de Begoña Gómez; y Armengol tendría unas semanas adicionales para preparar su defensa política frente a las acusaciones derivadas de las declaraciones de Baleares, un tiempo que sus asesores consideran vital para articular un relato que separe su gestión como presidenta del Govern de las actuaciones de Koldo García en las islas.
El caso Koldo, que comenzó como una investigación sobre la adjudicación irregular de contratos de mascarillas durante la pandemia y fue creciendo hasta convertirse en la mayor causa de corrupción política de la era post-Gürtel, entra así en su fase más crítica con un país que no puede apartar la mirada pero que tampoco puede permitirse el lujo de quedar paralizado por ella. La deliberación del Supremo coincide con una acumulación de crisis — el luto de Huelva, la emergencia sanitaria del Hondius, las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, el ultimátum arancelario de Trump a la UE, la campaña andaluza congelada por el luto — que convierte a la España de este sábado nueve de mayo en un escenario de tensiones múltiples donde cada actor político calcula sus movimientos con la precisión del ajedrecista que sabe que una jugada en falso puede costarle la partida. Los magistrados del Supremo deliberan ajenos — o al menos esa es la ficción constitucional — a las presiones, las filtraciones, los cálculos electorales y las estrategias de comunicación que se despliegan a su alrededor. La sentencia, cuando llegue, será un veredicto sobre tres hombres, pero también un diagnóstico sobre el estado de salud de las instituciones españolas.
La noche avanza sobre el Palacio de las Salesas Reales y las luces del segundo piso siguen encendidas. En algún lugar de ese edificio majestuoso, cinco magistrados del Tribunal Supremo estudian trescientas páginas que condensan tres años de investigación, catorce jornadas de juicio y la suerte política de un partido que gobernó España durante décadas y que ahora contempla, con una mezcla de resignación y rabia contenida, cómo uno de sus exministros podría convertirse en el próximo preso ilustre de la democracia española. Fuera, en las calles de Madrid, la vida nocturna del sábado sigue su curso ajeno a las deliberaciones que se producen tras los muros de piedra del tribunal. Pero en los despachos de Génova, en las oficinas de Ferraz, en el Palacio de la Moncloa y en los grupos de WhatsApp de los diputados, nadie descansa esta noche. El caso Koldo ha entrado en deliberación y todos esperan.
