La quinta semana de la fase documental del juicio por la operación Kitchen en la Audiencia Nacional cerró con dos frentes abiertos de distinta naturaleza pero igual urgencia: la posible intervención quirúrgica de urgencia del comisario jubilado José Manuel Villarejo el domingo siguiente —que podría forzar la suspensión de las sesiones— y el cuestionamiento de la cadena de custodia de las grabaciones atribuidas al acusado, tras la declaración de los agentes que en 2017 ejecutaron los registros en sus domicilios. A ello se sumó la intervención del empresario Ignacio Pérez Dolset, quien señaló ante el tribunal a los exministros Jorge Fernández Díaz y María Dolores de Cospedal como los responsables últimos del diseño y ejecución de la operación.
Villarejo avisa de una posible cirugía y el tribunal aguarda
Villarejo comunicó al tribunal que podría necesitar una intervención quirúrgica de urgencia el domingo, introduciendo una variable sanitaria en un procedimiento ya de por sí voluminoso. El artículo 746 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal —norma procesal básica en vigor— contempla la suspensión del juicio oral cuando el acusado sufre una enfermedad repentina que le impida estar presente, siempre que su asistencia sea legalmente preceptiva o que su estado comprometa el ejercicio efectivo de su derecho de defensa. La sala no se pronunció públicamente al cierre de la semana sobre las medidas a adoptar ni sobre el calendario alternativo.
La suspensión, de producirse, añadiría retraso a un procedimiento que ya acumula cinco semanas de deliberación exclusivamente sobre la fase documental, lo que da medida de la extensión del expediente. El tribunal deberá determinar si concurren los presupuestos legales del artículo 746.4 LECrim y, en su caso, fijar nuevas fechas para retomar las sesiones, con el impacto consiguiente sobre el conjunto de las partes personadas.
La cadena de custodia de las grabaciones, cuestionada
La jornada estuvo dominada en buena parte por la declaración de los agentes que ejecutaron los registros en los domicilios de Villarejo en 2017. Sus testimonios abrieron un frente procesal de calado al poner bajo escrutinio la cadena de custodia de las grabaciones atribuidas al acusado. Este mecanismo documental acredita quién ha tenido acceso a una prueba desde su incautación hasta su presentación en juicio; su eventual ruptura puede determinar la inadmisibilidad de los materiales afectados o la pérdida de su valor probatorio, conforme a la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo sobre prueba ilícita derivada del artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Las grabaciones de Villarejo constituyen uno de los pilares de la acusación en este procedimiento. Cualquier duda acreditada sobre su integridad o sobre quién tuvo acceso a los soportes entre 2017 y el juicio oral debilitaría directamente el edificio probatorio construido por la Fiscalía y las acusaciones populares. Las defensas, que hasta ahora han cuestionado la licitud de distintos elementos de prueba, disponen en este flanco de un argumento de especial potencia jurídica.
Pérez Dolset apunta a Fernández Díaz y Cospedal como cerebros de la operación
El empresario Ignacio Pérez Dolset, cuya figura aparece vinculada a los hechos investigados, sostuvo durante su intervención que Jorge Fernández Díaz —titular del Ministerio del Interior entre 2011 y 2016— y María Dolores de Cospedal —ministra de Defensa entre 2016 y 2018 y exsecretaria general del Partido Popular— fueron los responsables del diseño y la ejecución de la operación Kitchen. Tanto Fernández Díaz como Cospedal figuran entre los acusados en este procedimiento; ninguno de los dos avaló públicamente esa versión al cierre de la semana, y sus respectivas defensas mantienen que sus representados son ajenos a los hechos que se les imputan.
Qué es la operación Kitchen y el recorrido del caso hasta el juicio oral
La operación Kitchen es la denominación con la que el sumario identifica el presunto dispositivo ilegal puesto en marcha desde el Ministerio del Interior, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, para sustraer mediante un confidente policial y con cargo a fondos reservados la documentación comprometedora que Luis Bárcenas —exempleado del Partido Popular— guardaba sobre la formación. La investigación fue impulsada inicialmente por el juez Manuel García Castellón en la Audiencia Nacional y desembocó en una causa que implica a exaltos cargos del Ejecutivo, mandos policiales y al propio Villarejo. Como precedente procesal comparable en la jurisdicción española, el caso de los papeles del CESID en la década de 1990 planteó igualmente la tensión entre secreto de Estado, fondos reservados y responsabilidad penal de cargos públicos, si bien en aquel supuesto la instrucción no alcanzó la fase de juicio oral respecto de los principales implicados políticos.
El marco normativo aplicable al fondo del asunto combina el Código Penal —en sus tipos de revelación de secretos, cohecho y malversación, entre otros—, la Ley de Secretos Oficiales de 1968 y el régimen de los fondos reservados regulado por la Ley 11/1995. La acreditación de que esos fondos se emplearon para financiar actividades de espionaje interno sobre un particular y sobre documentación interna de un partido político es el núcleo del debate probatorio que la fase documental está llamada a resolver.
El caso Begoña Gómez avanza en paralelo con una disputa sobre el jurado
Al margen del juicio Kitchen, la semana registró también un movimiento relevante en el caso Begoña Gómez, tramitado en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid bajo la dirección del juez Juan Carlos Peinado. El magistrado insistió en su criterio de celebrar el juicio oral con jurado popular, posición a la que se opone la Fiscalía. El juicio por jurado en España está regulado por la Ley Orgánica 5/1995, cuyo artículo 1 circunscribe su ámbito de aplicación a un catálogo tasado de delitos; la discrepancia entre el instructor y el Ministerio Público sobre su procedencia en este caso anticipa un posible recurso que podría retrasar la apertura del juicio oral.
Plazos y vectores que marcarán las próximas sesiones
La evolución del estado de salud de Villarejo es el factor determinante para el calendario inmediato del juicio Kitchen. Si la cirugía se confirma y el tribunal aprecia causa de suspensión conforme al artículo 746 LECrim, quedará pendiente fijar nuevas fechas para retomar la fase documental. Sobre el fondo, el cuestionamiento de la cadena de custodia de las grabaciones y las imputaciones directas a Fernández Díaz y Cospedal por parte de Pérez Dolset constituyen los dos vectores que orientarán el desarrollo de las sesiones siguientes, una vez que la sala despeje la incógnita sanitaria y el procedimiento recupere su ritmo.
