El primero en moverse ha sido José Manuel Villarejo. El excomisario, que lleva años siendo el protagonista más excéntrico del panorama judicial español, ha ingresado a las siete de la mañana en la Clínica Ruber Internacional del Paseo de la Habana de Madrid para someterse a una intervención quirúrgica programada de cadera derecha. La operación, que estaba prevista desde hace tres semanas pero que ha sido aplazada dos veces por circunstancias procesales, está programada para las diez y media y durará entre tres y cuatro horas según el parte médico facilitado por la clínica. El juez titular de la causa Kitchen ha autorizado la intervención con una condición taxativa: custodia policial permanente durante todo el ingreso y la posterior recuperación, que se estima en cuatro a seis semanas.
La custodia policial de Villarejo no es un detalle menor. El excomisario, que se encuentra en libertad provisional con pasaporte retirado y obligación de comparecer cada quince días ante el juzgado, es considerado por la Fiscalía como un testigo clave cuya declaración en la reanudación del juicio el 9 de junio podría ser determinante para el esclarecimiento de los hechos. La Fiscalía teme que un ingreso hospitalario prolongado pueda convertirse en un pretexto para solicitar un nuevo aplazamiento, una estrategia que la defensa de Villarejo ya ha utilizado en tres ocasiones anteriores. El juez, anticipándose a esa posibilidad, ha dejado constancia en el auto de que la reanudación del 9 de junio no se modificará salvo que concurran circunstancias médicas acreditadas por el forense del juzgado, no por los médicos privados del acusado.
El audio de 2014 que salió a la luz ayer, en el que un mando policial propone hacer policía al chófer de Bárcenas para tenerlo controlado, ha sido formalmente incorporado al sumario de la causa Kitchen como prueba documental número 847. La grabación, de cuarenta y tres minutos de duración, fue realizada presuntamente por el propio Villarejo durante una reunión en el despacho de un alto cargo del Ministerio del Interior de la época. En ella se escuchan al menos tres voces masculinas discutiendo la conveniencia de infiltrar al conductor personal de Luis Bárcenas en las fuerzas de seguridad del Estado como mecanismo para monitorizar los movimientos del extesorero del PP. La grabación no menciona nombres propios, pero los peritos de voz designados por el tribunal han identificado provisionalmente a dos de los interlocutores.
Mientras Villarejo entraba en quirófano, en la sede de la Audiencia Provincial de Madrid se ponía en marcha el mecanismo que podría alterar el curso del caso Begoña Gómez. La Sección 23, especializada en instrucción penal, ha comenzado esta mañana el estudio del recurso interpuesto por la defensa de la esposa del presidente del Gobierno contra el auto del juez Peinado que insiste en celebrar un juicio con jurado popular por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. La defensa, liderada por el abogado Antonio Camacho, ha registrado esta madrugada — a las 03:17 según el sello de entrada del registro electrónico — un escrito complementario de cuarenta y tres páginas que incluye documentación nueva.
El escrito complementario contiene tres bloques de documentos que la defensa considera exculpatorios. El primero es una serie de correos electrónicos internos de la Universidad Complutense fechados entre marzo y julio de 2020 que demuestran, según la defensa, que la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva fue aprobada por los órganos colegiados de la universidad sin intervención alguna de Begoña Gómez. El segundo bloque incluye declaraciones juradas de tres directivos de Barrabés Next que afirman que los contratos adjudicados a la empresa se tramitaron a través de los cauces administrativos ordinarios sin que nadie del entorno de la Presidencia del Gobierno contactara con ellos. Y el tercer bloque aporta informes de la Intervención General del Estado que certifican que los fondos destinados a la cátedra se ejecutaron conforme a la normativa vigente.
La Audiencia Provincial tiene previsto resolver el recurso el viernes 23, lo que significa que Begoña Gómez conocerá el veredicto sobre el formato de su juicio apenas veinticuatro horas después de que su marido haya tenido que gestionar la sentencia del caso Koldo. Si la Audiencia estima el recurso y revoca el auto de Peinado, el juicio se celebrará ante un tribunal profesional y no ante un jurado popular, lo que la defensa considera favorable porque reduce el componente emocional del proceso. Si lo desestima, el juicio con jurado se mantendrá y la defensa ha anunciado que llevará el caso al Tribunal Constitucional alegando vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley.
El tercer frente judicial que se ha activado esta mañana es el del etarra Gregorio Vicario. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha registrado a primera hora un recurso ante el Tribunal Supremo contra el auto emitido por la Junta de Tratamiento del centro penitenciario de Zaballa, avalado por el Gobierno Vasco, que proponía el paso a régimen abierto del terrorista condenado a penas de entre 154 y 265 años de prisión por su participación en múltiples atentados de ETA. El recurso de la Fiscalía, de sesenta y dos páginas, argumenta que la propuesta del Gobierno Vasco adolece de tres vicios fundamentales: no acredita arrepentimiento genuino, no evalúa adecuadamente el riesgo de fuga y no tiene en cuenta el impacto sobre las víctimas.
El recurso incluye un apartado especialmente duro en el que la Fiscalía critica al Gobierno Vasco por lo que denomina precipitación incomprensible en la tramitación de la propuesta de semilibertad. Según el Ministerio Fiscal, la Junta de Tratamiento aprobó el informe favorable en una sesión extraordinaria convocada con solo cuarenta y ocho horas de antelación, sin dar audiencia previa a las asociaciones de víctimas del terrorismo y sin recabar el informe preceptivo del Centro Nacional de Inteligencia sobre el riesgo de contacto con estructuras residuales de ETA. La Fiscalía pide al Supremo que anule el auto y ordene la repetición del procedimiento con todas las garantías.
La confluencia de estos tres frentes judiciales en una sola mañana no es casual. Obedece a una dinámica procesal que se ha acelerado en las últimas semanas por la proximidad de los periodos vacacionales de los tribunales y por la presión mediática que generan las múltiples causas abiertas. Los abogados defensores saben que cada día que pasa sin resolución es un día más de desgaste para sus clientes, mientras que la Fiscalía es consciente de que la opinión pública tiene una capacidad limitada de atención y que concentrar los movimientos procesales maximiza su impacto comunicativo.
Para el Gobierno de Sánchez, el triple frente judicial de esta mañana se suma al cuádruple frente político — PSOE, presupuestos, Ormuz, Hondius — configurando una presión multidimensional que ningún ejecutivo español ha experimentado desde la última legislatura de Zapatero en 2011. La diferencia, como señalan los analistas más experimentados, es que en 2011 la crisis era fundamentalmente económica y la respuesta podía ser técnica. En mayo de 2026, la crisis es simultáneamente judicial, política, sanitaria y energética, y ninguna de las respuestas posibles está bajo el control del Gobierno.
