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Juez ordena a Mérida revocar licencias del gasoducto de Engie en San Damián

El amparo 492/2021, tras cinco años de litigio, derivó en el desistimiento de la empresa; los vecinos piden saber qué pasará con los ductos ya enterrados.

Por Redacción de El Hemiciclo·
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Un juez federal de Yucatán resolvió un amparo que obliga al ayuntamiento de Mérida a revocar las licencias de construcción otorgadas para un gasoducto de la empresa Tractebel GNP, conocida como ENGIE, en la colonia San Damián. La sentencia, resultado de cinco años de litigio, también ordena a la autoridad municipal realizar un ejercicio de participación pública sobre los riesgos y beneficios de instalar ductos de gas natural en la zona.

El juicio de amparo 492/2021 fue promovido por el colectivo Defensores de San Damián ante el Juzgado Segundo de Distrito en Yucatán, luego de que vecinos de la colonia denunciaran durante años falta de información, presuntos engaños e intimidación relacionados con el intento de tender infraestructura de gas natural frente a sus viviendas. La asociación Kanan Derechos Humanos, que acompañó el caso, difundió el contenido de la resolución en un comunicado.

La sentencia recae directamente sobre la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, que deberá dejar sin efecto los permisos de obra entregados previamente a la empresa para tender la tubería bajo las calles de la colonia.

"Los vecinos consiguieron una sentencia que ordenó a la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, revocar las licencias de construcción otorgadas a la empresa, además de realizar un ejercicio de participación pública para informar sobre los aspectos positivos, negativos, beneficios y perjuicios que podría generar la instalación de ductos de gas natural en la zona", señala Kanan Derechos Humanos en su comunicado.

Las autoridades del ayuntamiento de Mérida informaron, por su parte, que la empresa manifestó su desistimiento de continuar con el proyecto en esa vialidad, lo que en los hechos cierra la instalación del tramo que había generado la disputa vecinal durante el último lustro.

El colectivo Defensores de San Damián, sin embargo, planteó una duda que la resolución no resuelve: qué ocurrirá con los segmentos de ducto que ya habían sido enterrados bajo las calles de la colonia antes de que se frenara el proyecto, y si existe obligación de retirarlos o algún riesgo asociado a dejarlos en el subsuelo.

El juicio de amparo es la vía que han empleado distintas comunidades en México para exigir consulta y transparencia antes de la ejecución de obras de infraestructura energética en zonas habitacionales. El mecanismo permite a un particular impugnar actos de autoridad —en este caso, el otorgamiento de licencias municipales— cuando considera que vulneran sus derechos, y obtener una sentencia que obligue a la autoridad a reponer el procedimiento.

La disputa de San Damián se suma a una serie de litigios recientes por proyectos de infraestructura en el estado, en un patrón de judicialización comparable al que enfrentaron otras obras energéticas en el país, como el Tren Maya, suspendido parcialmente por amparos en tramos de la Península de Yucatán antes de su inauguración en 2023. También en Tribunales de la edición, un juez reclasificó recientemente un ataque en Santa Fe, muestra del peso de las resoluciones de distrito en casos locales.

La resolución del Juzgado Segundo de Distrito ordena al ayuntamiento revocar las licencias y abrir el ejercicio de participación pública, sin que se haya reportado el plazo para formalizar ambas medidas ni una definición sobre el destino de la tubería ya instalada bajo las calles de San Damián.

Fuentes

  1. El Universaleluniversal.com.mx

Material del que parte esta pieza. El texto es propio; los enlaces llevan al original.

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