"A partir de ahora me concentraré en las tareas que me han sido encomendadas por nuestro proyecto político rumbo al proceso electoral", escribió Salvador Zamora, secretario general saliente del gobierno de Jalisco, en su cuenta de X.
El mensaje no hizo referencia directa a la concesión que motivó la consulta previa al gobierno jalisciense. El título número 846409, registrado a su nombre según el Registro Público de Derechos del Agua (REPDA), autoriza un volumen de 90 mil metros cúbicos anuales de aguas subterráneas en el área de Tlajomulco de Zúñiga, municipio que Zamora presidió entre 2018 y 2024. El flujo proviene de la región hidrológica Lerma-Santiago, de la cuenca 206 del acuífero de Toluquilla, identificado con el número 1402 por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
La declaración patrimonial más reciente de Zamora, disponible en la Plataforma Digital Nacional, consigna que durante 2025 recibió 2,814,150 pesos por un negocio de ganadería y agricultura, monto que más que duplica su sueldo anual como secretario general. Un año antes, el ingreso por ese mismo negocio superó los cinco millones de pesos. El exfuncionario figura además como socio de Rancho El Cuervo, empresa de agroquímicos con sede en Tlajomulco de Zúñiga, y como accionista de La Comunidad Limousin Brahman Rojo, dedicada a la producción de ganado de carne, cuya operación está a cargo de su hijo.
Zamora, licenciado en Zootecnia por la Universidad Autónoma de Guadalajara y especializado en crianza de ganado de carne por la Universidad Estatal de Colorado, concentraba desde su llegada a la Secretaría General la coordinación de la política interna y de la seguridad del estado. Esa doble función lo colocó en el centro del escrutinio tras las protestas por el desabasto y la mala calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), donde se reportó un actuar represivo de los cuerpos de seguridad contra manifestantes congregados el 11 de octubre frente a la residencia oficial del gobernador. En esa movilización resultaron detenidas 39 personas, de acuerdo con reportes oficiales.
Dos días después de esas detenciones, Lemus reconoció que hubo un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía estatal, corporación a la que se sumaron elementos de bomberos y de Protección Civil, quienes emplearon mangueras destinadas a apagar incendios para dispersar a los manifestantes. El 24 de octubre, el Congreso de Jalisco citó a comparecer a cuatro integrantes del gabinete de Seguridad, entre ellos Zamora, para explicar el operativo.
La crisis hídrica que detonó las protestas tiene origen en 2020, cuando el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) atribuyó la turbiedad del suministro al mantenimiento del sistema de depuración del canal de Las Pintas. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco abrió entonces una investigación, mientras persistían durante cinco años las denuncias por agua maloliente, con sedimentos y contaminada con coliformes.
Lemus reconoció el 6 de octubre la existencia de una crisis de agua potable en el estado y anunció que se dejaría de utilizar temporalmente el agua proveniente de Las Pintas. Como parte de su iniciativa para mejorar la calidad del suministro y de la propuesta para construir el Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara, informó que el SIAPA aplicará un esquema de tandeos en siete zonas de la ZMG, con cortes de hasta tres días por semana.
La salida de Zamora se produce en paralelo a otros episodios que han puesto bajo la lupa el patrimonio de figuras del poder público: la presidenta Claudia Sheinbaum pidió esta semana que se investigue el origen de los recursos de la senadora Carolina Viggiano. En Jalisco, la renuncia deja pendiente la comparecencia que el Congreso estatal había fijado para el 24 de octubre, en la que el exsecretario general debía explicar, junto con otros tres funcionarios del gabinete de Seguridad, el operativo del 11 de octubre.
