La decisión de reclasificar la conducta marca un giro respecto a la imputación original de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, que había sostenido la tentativa de feminicidio. El cambio no implica pronunciamiento sobre la culpabilidad del imputado, quien conserva la presunción de inocencia mientras se desahoga la etapa de investigación complementaria.
La agresión ocurrió el 29 de junio de 2026 en el hotel de Santa Fe, donde las cámaras de seguridad del establecimiento registraron el momento en que Octavio “N” atacó a la trabajadora. El video se difundió públicamente y el agresor permaneció sin localizar durante casi cuatro meses.
Autoridades de los Estados Unidos lo detuvieron en San Diego, California, y lo deportaron el pasado 16 de octubre. La FGJ comunicó que el imputado fue entregado en la garita fronteriza de Tijuana, Baja California, donde agentes de la Policía de Investigación (PDI) ejecutaron la orden de aprehensión girada en su contra.
Tras su entrega, Octavio “N” fue trasladado a la Ciudad de México e ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en la alcaldía Iztapalapa, para su puesta a disposición de la autoridad judicial correspondiente, donde permanecerá mientras avanza el proceso penal.
La prisión preventiva es una medida cautelar orientada a garantizar la comparecencia del imputado y no constituye condena. El plazo de dos meses deberá emplearse para que tanto la fiscalía como la defensa reúnan los elementos que sustenten sus posturas antes de que se determine si el caso avanza a la etapa intermedia.
La reclasificación de delitos por parte de los jueces de control es una facultad del sistema penal acusatorio vigente en el país desde su implementación plena en 2016, que permite ajustar la calificación jurídica de los hechos conforme a los datos de prueba expuestos en audiencia. El cambio de tentativa de feminicidio a lesiones calificadas agravadas modifica el marco punitivo aplicable en caso de eventual sentencia condenatoria.
El expediente se inscribe en el escrutinio público sobre la actuación de autoridades judiciales y de procuración de justicia en la capital frente a los delitos de género. En días recientes, colectivos animalistas pidieron en el Senado desaforar a la legisladora Mariela Gutiérrez por hechos distintos, muestra de la vigilancia que distintos sectores mantienen sobre los procesos penales y legislativos en curso.
La causa continuará ante el juzgado de control, que deberá resolver una vez concluido el plazo de dos meses para la investigación complementaria fijado este jueves.
