El operativo, ejecutado por el Joint Task Force Western Hemisphere bajo la dirección de SOUTHCOM, se suma a una campaña que el gobierno de Donald Trump inició a principios de septiembre de 2025 contra embarcaciones sospechosas de transportar droga en el Caribe y el Pacífico oriental. Washington sostiene que mantiene un estado de guerra contra los cárteles que operan desde América Latina, encuadre con el que ha justificado el uso de fuerza letal fuera de su territorio.
"Información de inteligencia confirmada reveló la participación activa de la embarcación en el narcotráfico", señaló el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) en su publicación en X.
Según un recuento de la agencia AFP, al menos 235 personas han muerto desde el arranque de estos ataques en el mar Caribe y el este del Pacífico, cifra que ha crecido con cada operativo anunciado. La administración estadounidense no ha presentado pruebas concluyentes que vinculen a las embarcaciones atacadas con el trasiego de estupefacientes, un punto que concentra el escrutinio de organizaciones de derechos humanos.
Expertos en derecho internacional y organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que estos bombardeos podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, al tener presuntamente como blanco a civiles que no representaban una amenaza inmediata para Estados Unidos en el momento del ataque. La ausencia de evidencia pública sobre la carga o la identidad de los tripulantes ha sido el eje de ese cuestionamiento desde que comenzó la ofensiva hace más de un año.
Estos ataques reproducen un patrón que Washington ha replicado en distintos puntos de la región, con reportes previos de operativos similares contra embarcaciones frente a Cuba y en aguas del Caribe. La política ha tensado la relación con gobiernos latinoamericanos que cuestionan la legalidad de ataques militares directos contra civiles sin proceso judicial previo, en un momento en que la región sigue otros procesos políticos, como el que llevó a la jefa de gobierno capitalina, Clara Brugada, a celebrar el triunfo de Lula da Silva como una señal de esperanza continental.
La doctrina estadounidense de intervención unilateral en el hemisferio tiene antecedentes profundos: en diciembre de 1989 Estados Unidos invadió Panamá para capturar a Manuel Antonio Noriega, acusado de narcotráfico, en una operación militar que dejó cientos de muertos y marcó el uso de la lucha antidrogas como justificación de acción armada en la región. México, por su parte, ha defendido históricamente los principios de no intervención y autodeterminación consagrados en su política exterior.
Organismos especializados en política de drogas han advertido que la estrategia de ataques directos no ha reducido el flujo de narcóticos hacia Estados Unidos, mientras algunas organizaciones criminales habrían diversificado sus rutas hacia el transporte aéreo ante la mayor vigilancia marítima. SOUTHCOM no detalló en su comunicado del martes la nacionalidad de las cinco personas fallecidas ni el tipo de droga que presuntamente transportaba la embarcación atacada.
