En conferencia de prensa se le preguntó a la mandataria si el resto del consejo general del INE enfrentaba el mismo riesgo que orilló a Taddei a dejar el cargo. Sheinbaum circunscribió el problema a la extitular del instituto y descartó un efecto dominó sobre el órgano electoral en la antesala de la próxima elección federal.
"En este caso, lo que salió está relacionado con la consejera presidenta y, repito, afortunadamente hay una ley que resuelve como seguir avanzando en el proceso electoral sin problema", respondió la presidenta Claudia Sheinbaum.
La respuesta llega después de que Taddei presentara un portal de contratos del INE ante los primeros cuestionamientos sobre choferes y proveedores del instituto, un intento de transparentar la operación administrativa que no contuvo el desgaste político que terminó en su salida.
El amparo que frenó a la UIF en 2024
Sheinbaum situó el caso en una línea de tiempo que, dijo, ya había pasado por la Unidad de Inteligencia Financiera. Según relató, en 2023, cuando Pablo Gómez encabezaba la UIF, la dependencia congeló las cuentas de uno de los proveedores del INE señalados ahora en los videos y comunicaciones que detonaron la crisis.
"La UIF congela las cuentas de este proveedor que ha estado saliendo, en 2023, cuando estaba Pablo Gómez al frente de la UIF, hay un congelamiento de cuentas de uno de los proveedores, después viene un amparo… y tiene que retirar el congelamiento, si mal no recuerdo, en enero de 2024", contó la presidenta.
El relato sitúa a las autoridades financieras siguiendo al proveedor desde antes de que el caso Taddei estallara públicamente. Un amparo detuvo entonces el congelamiento de activos, una figura legal que en México permite a cualquier persona o empresa impugnar ante un juez federal una medida administrativa que considere violatoria de sus derechos, y que en este caso frenó la acción de la UIF.
Sheinbaum añadió que corresponde ahora a la propia UIF, el organismo de la Secretaría de Hacienda encargado de detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, informar si existen líneas de investigación adicionales sobre los contratos firmados por el INE y el manejo de los recursos vinculados a ellos. La precisión deja abierta la puerta a que el caso no se agote en la salida de Taddei.
Un árbitro bajo escrutinio rumbo a 2027
El episodio se suma a una serie de señalamientos sobre la operación interna del INE en el arranque del ciclo rumbo a los comicios de 2027. Especialistas en materia electoral han documentado en paralelo otras prácticas que tensionan la vigilancia institucional sobre los partidos, como el uso de "coordinadores" sin regulación para adelantar campañas, una figura que opera en los márgenes de la ley electoral.
La exmagistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Janine Otálora calificó las preprecampañas de los partidos como "un fraude a la ley", una crítica pública que apunta a los mismos vacíos normativos que rodean el caso de los contratos del instituto.
La afirmación de Sheinbaum de que "hay una ley que resuelve" el relevo remite al mecanismo previsto en la legislación para sustituir a un consejero que deja el cargo antes de concluir su periodo, procedimiento que corresponde desahogar a la Cámara de Diputados mediante la Junta de Coordinación Política y una comisión de evaluación que propone perfiles al pleno de San Lázaro.
El consejo general ya vivió relevos individuales sin que ello arrastrara al órgano completo: en la etapa en que el instituto era el IFE, los cuestionamientos sobre el manejo de recursos y contratos en distintos procesos electorales derivaron en ajustes normativos y cambios de consejeros, pero no en una salida simultánea de todo el cuerpo colegiado, patrón que Sheinbaum invoca al descartar un efecto similar ahora.
La UIF, pieza pendiente del expediente
El señalamiento de la presidenta sobre el papel que debe jugar la UIF deja en el aire si habrá nuevas líneas de investigación formales sobre el manejo de los contratos del INE con el proveedor cuyas cuentas fueron congeladas en 2023. No se ha hecho público un nuevo congelamiento ni una resolución distinta a la que derivó del amparo de enero de 2024.
El caso se da en un contexto de mayor exposición de bases de datos y operaciones de call centers vinculados a estructuras comerciales y políticas: la Secretaría Anticorrupción detectó recientemente la venta de 12.9 millones de registros de call centers en Telegram, un hallazgo de naturaleza distinta que ilustra el escrutinio creciente sobre el manejo de información y contratos en instituciones públicas.
La postura de la presidenta fija el límite político del caso: la salida de Taddei se mantiene como el único movimiento confirmado dentro del consejo general, mientras el proceso rumbo a la elección de 2027 sigue su curso bajo el marco legal vigente para la sustitución de consejeros.
