La Agcvim ubicó los 95 casos en 28 municipios. Acapulco encabeza el conteo con 37 asesinatos, seguido de Chilapa con seis, y Chilpancingo y Atlixtac con cuatro cada uno. La organización lleva un registro propio desde hace años por las diferencias que detecta frente a las cifras del secretariado, que en septiembre quedaron en una sexta parte de las suyas.
La distancia entre ambos registros no es nueva. En 2025 la Agcvim contabilizó 113 asesinatos violentos de mujeres frente a 20 feminicidios reportados oficialmente; en 2024 fueron 175 contra 22; en 2023, 138 contra 15; y en 2022, 106 contra 12. El patrón se repite año con año sin que la brecha se reduzca. Defensoras de derechos de las mujeres atribuyen el subregistro a la manipulación de las cifras, a la resistencia oficial para tipificar los asesinatos como feminicidios y al miedo a denunciar.
La Montaña, 168 casos y cuatro sentencias
En la región de La Montaña, la abogada del Centro de Defensa de los Derechos Humanos Tlachinollan, Neil Arias Vitinio, documentó al menos 168 asesinatos violentos de mujeres entre 2016 y 2026. De ese total, sólo cuatro casos llegaron a sentencia condenatoria y existen siete órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentarse. Arias Vitinio sostiene que esa cifra de condenas no es casual.
La abogada atribuye el rezago a la debilidad institucional: para una región de más de 400,000 habitantes hay apenas nueve agencias del Ministerio Público de fuero común y 22 agentes, sin ninguna unidad para delitos federales. En una década, señala, sólo dos asesinatos de mujeres en la zona fueron clasificados e investigados como feminicidios desde el inicio; el acompañamiento legal a las familias permitió reclasificar ocho casos más que la fiscalía había descartado como tales.
Uno de los cuatro casos con condena es el de Florencia Sánchez Joaquín, mujer me'phaa de 23 años asesinada el 24 de agosto de 2014 en Acatepec por su expareja, Marcelino de la Cruz Sánchez, y otros dos hombres, luego de que la violaran. Fue el primer asesinato violento de una mujer en la región clasificado como feminicidio. De la Cruz Sánchez fue detenido en mayo de 2017 y sentenciado tres años después; los otros dos presuntos responsables continúan libres.
El perfil de la impunidad lo ilustra un caso ocurrido en febrero de este año, el de una mujer identificada bajo nombre ficticio para proteger a su familia. Murió en un poblado de La Montaña tras acudir a su antigua casa, de la que se había mudado semanas antes por violencia conyugal. La versión inicial señaló una caída accidental en un lavadero, pero su madre documentó moretones en estómago y piernas, marcas de sometimiento en el cuello y lesiones en cabeza y rostro antes del funeral.
Los peritos de la FGE acudieron un día después del hallazgo y el dictamen del médico legista concluyó que no había lesiones y que la muerte no derivaba de un delito. La madre, inconforme, fotografió las marcas de violencia durante el sepelio y volvió al Ministerio Público para exigir una segunda necropsia que otros peritos examinaran el cadáver. Su exigencia llegó hasta un juez.
El episodio guerrerense se suma a otros expedientes recientes sobre violencia contra las mujeres, como la seguidilla de crímenes documentada en Morelos, que cerró una semana con tres feminicidios. La diferencia entre los 95 asesinatos que cuenta la asociación y los 15 feminicidios que reconoce el secretariado seguirá definiendo cuántas muertes se investigan con esa tipificación en Guerrero.
