La orden, de acuerdo con lo expuesto por Flávio, partió del ministro de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, el mismo instructor del juicio que llevó a Jair Bolsonaro a una condena de 27 años de cárcel por golpe de Estado. El excandidato perdió la segunda vuelta por un margen de 52% a 48%, según los resultados divulgados, y tampoco reconoció la derrota en las urnas, en un gesto que remite al de su padre tras los comicios de 2022.
Abogado de 45 años con más de dos décadas de vida pública como diputado regional de Río de Janeiro (2003-2019) y senador (2019-2027), Flávio perderá su escaño en la Cámara Alta brasileña en febrero próximo, cuando arranque la nueva legislatura. A partir de 2027 será la primera ocasión desde 2003 en que no ocupe un cargo público. A sus espaldas acumula varios escándalos: ha sido investigado o acusado en distintos momentos, aunque ninguno de los casos ha llegado a juicio.
El excandidato afronta actualmente dos pesquisas ante la Corte Suprema. La primera indaga la presunta financiación ilegal de una película sobre la vida de su padre, 'Dark Horse', con pagos atribuidos a Daniel Vorcaro, exdueño del Banco Master y hoy en prisión preventiva por un fraude financiero de gran escala. Según las autoridades, Flávio solicitó 134 millones de reales (26 millones de dólares) a Vorcaro —a quien llamó "hermano" en audios citados por la Policía—, de los que el banquero habría desembolsado cerca de la mitad, monto que los investigadores sospechan terminó en cuentas en Estados Unidos vinculadas a la familia Bolsonaro. Flávio sostiene que esa negociación se dio dentro de la legalidad.
La segunda causa, revelada en vísperas de la segunda vuelta por los diarios O Estado de S.Paulo y O Globo, investiga un presunto esquema de lavado de dinero operado por Willer Tomaz, abogado cercano a Flávio, con movimientos financieros ligados al mundo de las apuestas deportivas. De acuerdo con la Policía citada por la prensa, Flávio figuró como usuario con amplios permisos en una cuenta compartida con Tomaz, también investigado por un escándalo de descuentos indebidos en pensiones de jubilados.
Una eventual victoria presidencial de Flávio habría frenado ambas indagatorias, pues la legislación brasileña impide procesar a un jefe de Estado en funciones por actos previos a su investidura.
"La mayoría del mundo jurídico piensa que, estando en la Presidencia, ni siquiera podrían seguir adelante esas investigaciones con vistas a presentar eventualmente una denuncia cuando dejara el cargo", explicó Luisa Ferreira, doctora en Derecho y profesora de la Fundación Getúlio Vargas (FGV).
Flávio ya había sido denunciado formalmente por la Fiscalía en 2020, cuando su padre ocupaba la Presidencia, por organización criminal, malversación, blanqueo de capitales y apropiación indebida. El caso señalaba la presunta contratación de amigos, familiares y vecinos como funcionarios "fantasma" durante su etapa como diputado en Río, con el objetivo de quedarse con parte de su salario; según la Fiscalía, ese dinero se blanqueó mediante gastos personales, una tienda de chocolates y operaciones inmobiliarias en efectivo. La denuncia fue archivada tras la anulación de una serie de pruebas.
Sobre el excandidato pesa además la sombra de sus nexos con milicias de Río, grupos formados por policías corruptos que controlan barrios mediante la extorsión y la violencia. Algunos de los funcionarios "fantasma" de su despacho eran parientes de milicianos, como Adriano da Nóbrega, un sicario abatido por la Policía en 2020. La derrota electoral deja esas causas sin el blindaje que habría dado la banda presidencial: a partir de 2027, por primera vez en dos décadas, Flávio Bolsonaro las enfrentará sin fuero.
