La iniciativa plantea adicionar la fracción X Bis al artículo 4, un cuarto párrafo al artículo 47 y el artículo 83 Bis a la ley vigente. Barrales argumentó que, en el marco jurídico actual, cuando una niña de entre 10 y 14 años se embaraza no existen garantías específicas que la protejan, una omisión que, dijo, tiene consecuencias jurídicas concretas porque invisibiliza a las víctimas.
La senadora citó cifras del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) según las cuales, durante 2025, 7,887 niñas de ese rango de edad se convirtieron en madres en México, un promedio de 22 nacimientos diarios. Con ese dato como respaldo, sostuvo que el fenómeno no puede entenderse como una decisión propia o consentida por parte de las menores.
Casos en Chiapas y Tamaulipas
Barrales recordó que en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, una niña de 10 años llegó a un hospital con un parto prematuro y complicaciones graves, mientras que en Matamoros, Tamaulipas, se atendió a una niña de 11 años con cinco meses de embarazo, producto de violencia sexual. También mencionó uniones con fuertes diferencias de edad, como en El Oro, Estado de México, entre una niña de 12 años y un hombre de 65, y en Texcoco, entre una niña de 10 años y un hombre de 32.
La legisladora advirtió que, con esa diferencia de edades, "de ninguna manera se puede pensar que en esas uniones hay consentimiento", y señaló que estos casos deben leerse como una señal de alerta de posible violencia sexual que obliga al Estado a actuar.
La iniciativa propone que las instituciones de salud, educativas y de asistencia social tengan la obligación de notificar de inmediato a la Fiscalía y a la Procuraduría de Protección cuando detecten un caso, para activar automáticamente la investigación. Plantea además garantizar a las niñas atención médica y psicológica integral, acompañamiento jurídico gratuito, continuidad educativa y protección contra la revictimización, sin que recaiga en ellas o sus familias la carga de iniciar las acciones legales.
Barrales consideró indispensable fijar un plazo de 180 días para que el Congreso de la Unión y los congresos locales tipifiquen el delito de embarazo infantil forzado, de forma que el Estado cuente con herramientas para sancionarlo. La propuesta se inscribe en la agenda legislativa que distintas bancadas impulsan en el periodo ordinario, junto a otras iniciativas que el Senado analiza sobre economía digital.
El tipo penal que Barrales busca crear no es ajeno al orden jurídico mexicano: el matrimonio infantil quedó prohibido sin excepciones en todo el país tras la reforma al Código Civil Federal y a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de 2019, que fijó la mayoría de edad como requisito para contraer nupcias y cerró la vía de las dispensas judiciales que antes permitían uniones de menores.
"La definición del embarazo infantil forzado es indispensable porque sin un supuesto jurídico que lo nombre, las autoridades carecen de la base legal para activar protocolos y exigir responsabilidades", alertó la senadora Alejandra Barrales Magdaleno.
