Según las fuentes policiales consultadas, Interior optó por presentar los resultados de las dos fases de forma conjunta, en un movimiento con el que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska busca proyectar ante las instituciones europeas la eficacia española en la lucha contra las mafias del tráfico de personas. La red operaba con una estructura transnacional que, según la misma fuente, conectaba puntos de salida en el norte de Argelia con las costas del sureste español mediante embarcaciones de alta velocidad capaces de travesías rápidas que dificultan la detección por los servicios de vigilancia marítima.
El grueso de la operación se dividió en dos tandas diferenciadas en el tiempo. La primera, con 59 arrestos, se ejecutó a mediados de junio, en una fase de la investigación que no trascendió públicamente entonces. La segunda, con las 19 detenciones restantes, se produjo la semana pasada, ya en agosto y en pleno repunte de llegadas irregulares a Ceuta. Interior no ha detallado el desglose exacto de los 24 millones de euros atribuidos a la organización ni el destino final del dinero.
Una operación bajo el foco de Bruselas
España no ostenta este semestre la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, pero participa en los mecanismos europeos de cooperación policial, como Europol y Frontex, que vienen instando a los Estados miembros a intensificar la persecución de las redes que explotan la ruta del Mediterráneo occidental. La Comisión Europea cofinancia parte de los programas de vigilancia fronteriza y cooperación policial a través del Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras, y como uno de los principales puntos de entrada de migración irregular hacia la Unión, España se encuentra bajo escrutinio permanente de Bruselas sobre la eficacia de sus mecanismos de control.
El marco penal aplicable a estas detenciones es el artículo 318 bis del Código Penal español, que tipifica el tráfico ilícito de personas y prevé penas de prisión que se agravan cuando concurren circunstancias como el ánimo de lucro, la puesta en peligro de la vida de las personas transportadas o la pertenencia a una organización criminal. Junto a él operan los mecanismos de cooperación judicial internacional entre España y Argelia, país desde cuyo litoral se ha intensificado la salida de embarcaciones hacia las costas de Alicante, Murcia, Almería y, en ocasiones, Baleares.
La operación se hizo pública en un momento sensible para el Gobierno en materia migratoria. El anuncio coincide con la crisis en Ceuta, donde el aumento de llegadas ha reabierto el debate sobre la política migratoria del Ejecutivo y sus relaciones con Marruecos, socio clave en el control de fronteras. La oposición ha pedido la comparecencia en el Congreso de los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska; Exteriores, José Manuel Albares; Inclusión, Elma Saiz, y de la Presidencia, Félix Bolaños, para explicar la gestión de los flujos migratorios en la frontera sur.
El Partido Popular y Vox han exigido explicaciones al Ejecutivo por lo que consideran una gestión insuficiente de la frontera sur. El Gobierno, por su parte, sostiene que la presión migratoria responde a factores estructurales que exceden la capacidad de control de un solo Estado y requieren una respuesta coordinada a nivel europeo. Fuentes de Moncloa subrayan que operaciones como esta demuestran que la cooperación policial internacional, y no solo el control fronterizo, es la vía más eficaz contra las mafias.
La lucha contra el tráfico de personas en las rutas hacia España tiene precedentes en las últimas dos décadas. Las operaciones desarticuladas contra redes en la ruta canaria y en el Estrecho a lo largo de los años mostraron que estas estructuras criminales suelen reorganizarse con rapidez tras la caída de sus cabecillas, sustituyendo rutas y métodos de transporte. Las propias fuentes policiales advierten de que la incautación de las 18 embarcaciones, pese a su magnitud, no garantiza el fin de la actividad en la zona, dado el beneficio económico que sigue generando.
En el plano judicial, los 77 detenidos en territorio español pasan a disposición judicial conforme al procedimiento habitual para los delitos de esta naturaleza, mientras que la persona arrestada en Argelia queda sujeta a los mecanismos de cooperación bilateral entre ambos países, que podrían derivar en una solicitud de extradición si las autoridades españolas reclaman su comparecencia ante los tribunales nacionales.
La eventual comparecencia de los cuatro ministros ante el Congreso, de producirse, se perfila como el primer test parlamentario sobre la gestión combinada de la crisis en Ceuta y los resultados de esta operación contra el tráfico de personas. Ambos asuntos, de naturaleza distinta, compartirán el mismo debate sobre la capacidad del Estado para controlar sus fronteras y combatir a las organizaciones que se benefician de la migración irregular.
