La decisión del alto tribunal no cierra la investigación sobre lo ocurrido en la ciudad autónoma, sino que traslada el peso de la instrucción a la Audiencia Nacional, que asumió el caso el 7 de septiembre al considerar que los hechos podrían haber atacado «gravemente la integridad territorial de España». Será la jueza instructora, María Tardón, quien determine si existen indicios contra algún aforado que justifiquen elevar la causa al Supremo.
«No hay elementos suficientes que justifiquen abrir ahora un procedimiento penal contra el presidente del Gobierno ni ninguno de sus ministros», resuelve la Sala Penal del Tribunal Supremo.
El mecanismo procesal explica por qué el caso rebota entre tribunales: al tratarse de altos cargos aforados, cualquier investigación penal que les afecte directamente debe sustanciarse ante el Supremo, pero solo cuando existan indicios concretos de responsabilidad personal. Mientras la instrucción en la Audiencia Nacional se centra en los hechos generales —la entrada masiva de personas y la respuesta de las autoridades fronterizas—, el alto tribunal se reserva el papel de vigilar si de esa instrucción emergen elementos que le obliguen a actuar.
La crisis de Ceuta derivó en una comparecencia de Pedro Sánchez ante el Pleno del Congreso de los Diputados, convocada a petición propia, en la que el presidente defendió la actuación del Ejecutivo frente a las críticas de la oposición. Vox, promotor de la querella ahora archivada, había situado el episodio en el centro de su ofensiva judicial contra el Gobierno, en una estrategia que el partido ha repetido en otras crisis migratorias y de seguridad fronteriza desde que irrumpió en el Congreso.
El archivo del Supremo no implica que la Justicia haya descartado responsabilidades en la gestión de la crisis, sino que aplaza cualquier valoración sobre la conducta de los aforados hasta que avance la instrucción ordinaria. Ese reparto de competencias entre tribunales —común en causas que afectan a cargos con fuero especial— ha generado controversia en episodios previos de la vida política española, cuando denuncias contra miembros del Gobierno han quedado condicionadas a la aparición de indicios personales.
El episodio migratorio en Ceuta coincidió con otros frentes abiertos para el Ejecutivo en los últimos meses, entre ellos la crisis en el área de Transportes que terminó con la dimisión de Óscar Puente como ministro por «una cuestión de dignidad política», en un contexto de desgaste acumulado para distintos departamentos del Gobierno.
Manos Limpias, sindicato que ha protagonizado decenas de querellas contra autoridades de distinto signo político en las últimas dos décadas, figuraba entre los denunciantes junto a dos particulares, mientras que Vox aportó la querella de mayor calado político al vincular directamente al presidente con la gestión operativa de la frontera. El Supremo no entra a valorar el fondo de las acusaciones, sino que se limita a constatar la ausencia de indicios suficientes en esta fase del procedimiento, que quedará en manos de la jueza Tardón en la Audiencia Nacional.