En marzo, en un acto celebrado en la Real Casa de Correos, Isabel Díaz Ayuso firmó con los rectores de las seis universidades públicas madrileñas un nuevo modelo de financiación plurianual que comprometía 14.790,7 millones de euros entre 2026 y 2031. Fue el sector académico, y no el Gobierno regional, quien empleó el adjetivo que ahora funciona como contrapunto: «Es un hito histórico», reconocieron los rectores.
Aquel pacto llegó dos semanas después de que Ayuso destituyera a Emilio Viciana al frente de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades y colocara en su lugar a Mercedes Zarzalejo, con el encargo de desbloquear un modelo de financiación estancado. El acuerdo neutralizó, al menos temporalmente, uno de los argumentos más repetidos por la oposición madrileña: la denuncia de infrafinanciación de la universidad pública, bandera histórica del PSOE regional frente a más de tres décadas de gobiernos del PP en la Comunidad.
La Coordinadora en Defensa de la Universidad Pública, que agrupa a las seis instituciones convocantes, ha fijado la huelga para el miércoles y el jueves bajo el lema «Basta de asfixia económica, basta de represión». El argumento central es presupuestario: según la Coordinadora, la inversión regional en universidades públicas sigue estancada en el 0,4% del PIB regional, por debajo del 1% que fija la Ley Orgánica del Sistema Universitario, de la media nacional (0,75%) y de la europea (0,92%).
A ese reclamo económico se suman la denuncia de un desvío de recursos hacia la enseñanza privada, el señalamiento de un presunto «aumento de la represión» e «intimidación» policial contra los movilizados y una llamada a secundar la huelga general del 11 de noviembre. «No nos vamos a callar», aseguran los convocantes en el texto de su convocatoria.
El Ejecutivo de Ayuso rechaza de plano los motivos esgrimidos por los convocantes y sitúa la protesta en clave electoral, a pocos meses de las elecciones autonómicas. La consejería califica la movilización de «huelga política» y niega una de las premisas que sostienen las reivindicaciones salariales del profesorado: la afirmación de que los docentes madrileños son los peor pagados de España.
«No va a haber paz en las calles de Madrid»
La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, elevó el tono de la confrontación con una advertencia que anticipa un otoño de movilizaciones sostenidas.
«No va a haber paz en las calles de Madrid», advirtió la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot.
La huelga universitaria no es un episodio aislado. La educación pública no universitaria —Infantil, Primaria, Secundaria y Formación Profesional— mantiene una huelga indefinida desde el 14 de octubre, por lo que esta semana entra en su cuarta semana consecutiva de paros, con un seguimiento que, según los datos oficiales de la Comunidad de Madrid, está siendo escaso.
El dispositivo de protesta conjunta se extiende varios días. Este miércoles está prevista una marcha desde la calle de Ferraz —sede nacional del PSOE— hasta la calle de Génova, sede del PP nacional y madrileño. El jueves se repetirá el esquema con una manifestación desde Atocha hasta la Consejería de Educación. El viernes se celebrará una asamblea general unitaria en el auditorio Marcelino Camacho, y el domingo cerrará el ciclo un «picnic por la pública» en el paseo del Prado.
Los sindicatos del sector educativo no universitario reclaman una subida salarial de 600 euros mensuales, la reducción de las horas lectivas y una disminución de las ratios por aula. El Gobierno regional ha calificado esas peticiones de «irrealizables» y ha advertido de que, si se aceptaran en su totalidad, el sistema educativo madrileño quebraría.
La discrepancia sobre las cifras —el 0,4% frente al 1% legal, los salarios docentes, el coste de las reivindicaciones sindicales— reproduce un patrón recurrente en la región: coincidiendo con la proximidad de citas electorales, los sectores de educación y sanidad han recurrido a la huelga como palanca de presión frente a un PP que gobierna la Comunidad de Madrid desde hace más de treinta años, sin que ese tipo de movilizaciones haya alterado hasta ahora el resultado de las urnas.
El pulso se dirime en un contexto de tensión más amplia sobre el gasto público y el consumo en España: el comercio minorista registró en septiembre su peor dato interanual desde 2022, un telón de fondo que pesa sobre cualquier debate de financiación.
El calendario de movilizaciones fijado por la Coordinadora se cierra el domingo con el «picnic por la pública» en el paseo del Prado, tras la huelga universitaria del miércoles y el jueves y la asamblea unitaria del viernes en el auditorio Marcelino Camacho.