Barrón ha defendido la fiabilidad del sistema de seguridad LZB, cuya caída en la jornada del accidente precedió, presuntamente por un fallo humano, al choque entre los dos convoyes. El ingeniero ha pedido no cargar las culpas sobre la tecnología mientras se esclarecen las causas últimas del siniestro, y reclama una inversión mucho mayor en el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias.
«El LZB es completamente fiable, es injusto que se intente demonizarlo», ha declarado Iñaki Barrón, vocal del Colegio de Ingenieros de Caminos.
El vocal apunta a un problema estructural que trasciende el caso concreto de Urda y afecta, según su planteamiento, al conjunto de la red de alta velocidad española. La línea Madrid-Sevilla, la primera construida en España e inaugurada en 1992 para la Exposición Universal, acumula más de tres décadas de uso intensivo y figura entre los corredores con mayor tráfico de pasajeros del país.
Barrón ha insistido en que la gestión del ferrocarril debe situarse por encima de los ciclos electorales y los cambios de gobierno. Su declaración llega apenas un día después de que el Ejecutivo asumiera el coste político más visible del accidente.
«El ferrocarril es un proyecto de Estado, no es un proyecto de partido ni de legislatura», ha aseverado Iñaki Barrón, exresponsable de la CIAF.
El siniestro de Urda costó el cargo al ministro de Transportes, Óscar Puente, que dimitió alegando «una cuestión de dignidad política» pese a contar con el respaldo de Pedro Sánchez a su gestión. La salida del ministro se ha producido en paralelo a un malestar interno en Adif que ya había aflorado antes del accidente, con denuncias sobre las condiciones de trabajo del personal encargado de la seguridad de las circulaciones.
A ese malestar se suma el aviso que la Asociación de Ingenieros y Licenciados en Automática, Control y Electrónica (Aicape) trasladó en junio al Gobierno sobre una fuga de talento en seguridad ferroviaria, un mensaje que, a la luz del accidente de Urda, cobra ahora una dimensión distinta en el debate sobre los recursos destinados al mantenimiento y la supervisión de la red.
El relevo en Transportes coincide con el reciente respaldo presupuestario del Ejecutivo a otras infraestructuras estratégicas, después de que el Gobierno aprobara más de 4.000 millones de euros en programas de adquisición para Defensa, una cifra que en el debate público ha servido de contraste con las demandas de mayor inversión en mantenimiento ferroviario planteadas por el Colegio de Ingenieros de Caminos.
Barrón ha insistido en que la prioridad inmediata debe ser el esclarecimiento técnico de lo ocurrido en Urda, sin que ello implique cuestionar de forma genérica los sistemas de seguridad empleados en la línea Madrid-Sevilla.