La actuación se originó a partir de una investigación del SEPRONA, la unidad de la Guardia Civil especializada en delitos contra el medio ambiente y el bienestar animal. Según el instituto armado, la pesquisa, que comenzó como una inspección rutinaria, derivó en la localización de una finca cuyas condiciones y estructura llevaron a los agentes a intervenir de inmediato.
Durante la inspección, los investigadores contabilizaron cerca de 350 gallos de raza combatiente español, una variedad tradicionalmente empleada en peleas de aves. De ellos, más de 70 presentaban heridas, cicatrices y otras marcas que, según los indicios recabados por los agentes, resultarían compatibles con la participación en combates. Esos ejemplares fueron incautados para someterlos a una valoración veterinaria que determine el alcance y el origen de las lesiones.
El peritaje veterinario es, en este tipo de causas, la prueba sobre la que suelen sostenerse las acusaciones por maltrato animal, tipificado en el artículo 337 del Código Penal, precepto que fue reformado en 2023 para endurecer las penas y ampliar los supuestos protegidos a los animales vertebrados. La valoración de los animales incautados resultará determinante en la instrucción judicial al objetivar el origen y la antigüedad de las heridas.
Un reñidero y un 'quirófano' con instrumental sin autorización
El hallazgo más relevante fue el de un reñidero, la instalación específica destinada a la celebración de los combates. Su existencia, unida a la infraestructura de jaulas individuales y compartidas detectada en la finca, apunta según los agentes a una actividad organizada y sostenida en el tiempo. La investigación trata ahora de esclarecer la periodicidad con la que presuntamente se celebraban los enfrentamientos y si existían participantes externos o espectadores que acudieran a la finca, extremos que podrían ampliar el círculo de responsabilidades.
El registro incorporó a la causa un segundo elemento: dos estancias con abundante material médico —medicamentos veterinarios, instrumental y utensilios quirúrgicos— que, según los indicios recabados, se habrían empleado para intervenciones sin la titulación ni la autorización legal exigida. Entre las prácticas que se investigan figuran la mutilación de crestas y barbillas, la sustitución de espolones y la cura de heridas de combate, conductas que de acreditarse constituirían un delito de intrusismo profesional del artículo 403 del Código Penal, al margen del presunto maltrato animal.
La Guardia Civil investiga a tres personas por su presunta implicación en los hechos. El instituto armado no ha precisado su identidad. El procedimiento se encuentra en fase de instrucción, la etapa en la que el juzgado competente reúne pruebas y toma declaración a las partes antes de decidir si existen indicios suficientes para la apertura de juicio oral. Mientras no recaiga sentencia firme, los investigados mantienen la presunción de inocencia que ampara a todo imputado en el proceso penal español. No consta que los responsables de la finca hayan realizado manifestaciones públicas sobre los hechos.
El material incautado —los gallos lesionados, los medicamentos y el instrumental quirúrgico— ha sido puesto a disposición judicial y será objeto de análisis pericial. Esas pruebas resultarán claves para determinar tanto el alcance del presunto maltrato como la posible existencia de una actividad veterinaria no autorizada de forma continuada.
Las peleas de gallos están prohibidas en España con carácter general y perseguidas por la normativa de protección animal, tanto estatal como autonómica. La actividad subsiste de forma clandestina en algunas zonas donde históricamente ha existido una tradición vinculada a la cría de aves de combate. En determinados territorios rige un régimen excepcional: la disposición adicional primera de la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales mantiene una salvedad para las peleas de gallos en las localidades de Canarias y Andalucía donde estuvieran autorizadas antes de su entrada en vigor, mientras que fuera de esos supuestos la práctica es ilícita.
El SEPRONA, creado en 1988, ha desarrollado en las últimas décadas operaciones específicas contra el maltrato animal y las redes clandestinas de peleas de aves y perros. Intervenciones de dimensión similar, con incautación de decenas o centenares de ejemplares e instalaciones acondicionadas para los combates, se han producido con anterioridad en distintas provincias españolas, lo que las fuerzas de seguridad atribuyen a la persistencia de estructuras organizadas al margen de la legalidad.
La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas actuaciones, entre ellas la identificación de posibles participantes en la organización de los combates o de destinatarios de los animales criados en la finca. El desenlace del procedimiento dependerá de los informes periciales veterinarios y de la instrucción judicial, que deberá determinar si los hechos son constitutivos de delito y, en su caso, si procede la apertura de juicio oral contra los investigados.
