La propuesta partió del trabajo de la científica peruana Rosa Vásquez Espinoza, fundadora de Amazon Research International, cuya investigación documentó durante años el papel de las meliponas en la polinización de la flora amazónica y su peso en el tejido cultural de los pueblos indígenas de la zona, que las consideran seres sagrados. El marco legal contó con el respaldo de Earth Law Center, la propia Amazon Research International, la Reserva Comunal Ashaninka y EcoAshaninka, además de informes técnicos de especialistas en legislación ambiental.
Esa combinación de ciencia, activismo jurídico y conocimiento indígena permitió redactar una norma que traduce en derecho positivo una relación que las comunidades asháninka y kukama-kukamiria mantienen con estos insectos desde hace generaciones. El documento que sustenta la ordenanza recoge el fundamento cultural de la medida.
«Para los pueblos Asháninka y Kukama-Kukamiria, estas abejas no son un recurso. Son parte del tejido cultural. En ellas vive un conocimiento ancestral que no está escrito, pero se practica. Perderlas sería perder lenguaje, historia y formas de habitar la selva», recoge el documento que sustenta la ordenanza.
Las meliponas, a diferencia de las abejas europeas, carecen de aguijón funcional y recurren a mordeduras y resinas pegajosas como mecanismo de defensa. Su presencia en la Amazonia es anterior a la llegada del ser humano a la región y su función ecológica resulta determinante: son responsables de la polinización de más del 80% de las plantas amazónicas, incluidos cultivos con peso económico directo como el cacao, el café y el aguacate.
Producen además una miel en pequeñas cantidades pero con compuestos bioactivos de propiedades antibacterianas, antiinflamatorias y antioxidantes, empleada tradicionalmente como remedio por las comunidades indígenas. Esa doble condición —motor ecológico y patrimonio cultural vivo— es la que la ordenanza de Satipo intenta blindar frente a un deterioro que los datos ambientales sitúan en niveles históricos.
MAAP sitúa 2024 como quinto peor año
El Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) sitúa 2024 como el quinto año con mayor deforestación registrada desde 2002, con más de 1,7 millones de hectáreas perdidas en toda la cuenca amazónica, un 34% más que en 2023, aunque un 12% por debajo del pico de 2022, cuando se destruyeron 1,98 millones de hectáreas. Brasil concentró el 54,7% de esa deforestación en 2024, seguido de Bolivia (27,3%), Perú (8,1%) y Colombia (4,7%), según la misma fuente.
A esa presión se sumó, siempre según MAAP, un fenómeno sin precedentes: los incendios arrasaron 2,8 millones de hectáreas de bosque primario en 2024, una cifra que superó con holgura el anterior récord de 1,7 millones de hectáreas registrado en 2016. La combinación de tala, incendios, pesticidas y avance de especies invasoras como la abeja africanizada configura el escenario de riesgo que la ordenanza trata de contener a escala local.
El reconocimiento de derechos a un insecto se inscribe en una corriente jurídica que arrancó fuera de Perú. Ecuador fue en 2008 el primer país en incorporar los derechos de la naturaleza a su Constitución, un hito que abrió la puerta a que Bolivia y Nueva Zelanda desarrollaran después marcos legales propios para reconocer personalidad jurídica a ríos, montañas o ecosistemas enteros. Satipo traslada ahora ese principio, por primera vez según el material disponible, a una especie animal concreta.
El municipio, de población mayoritariamente rural y situado en pleno corredor de la selva central peruana, forma parte de un territorio donde conviven la Reserva Comunal Ashaninka y explotaciones agrícolas y madereras que compiten por el mismo suelo. La ordenanza no crea por sí sola mecanismos de vigilancia o sanción distintos a los ya existentes en la legislación ambiental peruana, pero sí abre la vía a que organizaciones y comunidades acudan a tribunales en representación de la especie cuando detecten daños a su hábitat.
El impulso encaja en un movimiento internacional de personalidad jurídica no humana que corre en paralelo a otras fronteras legales y tecnológicas del momento, desde el despliegue de armas en el espacio que Estados Unidos habría reconocido tener listas para su uso hasta las infraestructuras que buscan reducir la fricción entre desarrollo humano y fauna, como el mayor paso de fauna de Norteamérica construido en Colorado.
El origen científico de la iniciativa se apoya en el trabajo de campo de Vásquez Espinoza y de las organizaciones firmantes, que documentaron tanto la aportación ecológica de las meliponas como su valor simbólico para los pueblos originarios. La ordenanza formaliza esa doble lectura al equiparar la protección del insecto con la salvaguarda de un patrimonio inmaterial ligado a la lengua y las prácticas de la selva central.
La ordenanza de Satipo establece de forma expresa que las meliponas tienen derecho «a existir, a prosperar y a vivir en un entorno libre de contaminación», la fórmula que el municipio ha fijado como base jurídica de la protección. Es la primera vez, según el material disponible, que un texto legal de este tipo se aplica a un insecto, en un debate que empezó en Ecuador hace más de década y media.
