El punto de partida es un desfase que la propia Comisión Europea ha reconocido. Según Eurostat, los Estados miembros dictaron 491.950 órdenes de salida en 2025, pero solo 135.460 personas fueron efectivamente devueltas a un país fuera de la Unión, un 21% más que el año anterior y una fracción del total. Cuando Bruselas presentó en marzo de 2025 su reforma de las normas de retorno, calculaba que únicamente el 20% de quienes recibían una orden de expulsión acababan saliendo del territorio comunitario.
Las causas de ese bloqueo son conocidas: personas que desaparecen antes de ser expulsadas, ausencia de documentos que acrediten la nacionalidad, procedimientos que se alargan durante meses o años, y países de origen que se niegan a readmitir a sus propios ciudadanos o ponen trabas administrativas. Ante ese atasco, la nueva legislación europea sobre retornos ha abierto una vía alternativa: si el expulsado no puede ser enviado a su país, puede ser enviado a otro que haya aceptado recibirlo.
Esa vía son los llamados return hubs, centros situados fuera de la Unión Europea a los que trasladar a personas sin derecho a permanecer en suelo comunitario, sin que medie vínculo alguno entre esa persona y el país receptor. La norma contempla dos usos distintos: el centro puede operar como estación de paso mientras se gestiona el regreso al país de origen real, o puede convertirse directamente en el destino final de la expulsión, sin retorno posterior previsto.
Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos han decidido adelantarse al resto del bloque para poner en marcha el mecanismo. Sus ministros de Inmigración se reunieron el 4 de septiembre en Copenhague y salieron de allí con un modelo común, un calendario de trabajo y el objetivo de cerrar antes de que termine el año un acuerdo con al menos un país tercero. Los cinco gobiernos han optado por la discreción: se niegan a hacer pública la lista completa de países con los que negocian mientras las conversaciones sigan abiertas.
El ministro danés de Inmigración, Morten Bødskov, resumió así el estado de las conversaciones tras el encuentro de Copenhague:
«Estamos más cerca que nunca», Morten Bødskov, ministro danés de Inmigración.
Dos nombres han trascendido pese a esa reserva: Ruanda y Uganda. A finales de agosto, representantes de los cinco países viajaron a Kigali para estudiar con las autoridades ruandesas la posibilidad de instalar allí uno de los centros. El ministro de Exteriores ruandés, Olivier Nduhungirehe, confirmó después tanto la visita como la existencia de negociaciones en curso. Uno de los emplazamientos bajo estudio es el centro de tránsito de Gashora, situado unos 60 kilómetros al sur de la capital, que desde 2019 ha acogido a personas evacuadas de los centros de detención de Libia a la espera de un destino definitivo.
Con Uganda las conversaciones también avanzan, aunque con matices sobre quién las conduce. La Comisión Europea confirmó en agosto que los cinco países mantenían contactos con Kampala, pero precisó que Bruselas no participa directamente en esas negociaciones, que corren por cuenta de cada gobierno nacional.
El precio de los acuerdos, aún sin cifra
El incentivo para que un tercer país acepte recibir a inmigrantes expulsados por otros será, inevitablemente, económico. La cuantía no se conoce todavía, pero los acuerdos de este tipo suelen combinar financiación directa de los centros, ayuda al desarrollo, inversiones y ventajas comerciales o diplomáticas para el país receptor. Es, en esencia, el mismo terreno de negociación que la Unión Europea ya ha explorado en otros acuerdos migratorios con terceros países.
El precedente más directo de esta fórmula no es europeo, sino británico, y terminó en fracaso judicial. En abril de 2022, el Gobierno de Boris Johnson firmó con Kigali un acuerdo para trasladar a Ruanda a inmigrantes llegados de forma irregular al Reino Unido, con la idea de que sus solicitudes de asilo se examinaran allí y quienes obtuvieran protección permanecieran en territorio ruandés. Ningún vuelo llegó a despegar. En noviembre de 2023, el Tribunal Supremo británico declaró ilegal el plan al apreciar riesgo de que algunas personas fueran reenviadas desde Ruanda a países donde podían sufrir persecución.
El Gobierno conservador intentó salvarlo con un nuevo tratado y una ley que declaraba a Ruanda país seguro, pero el proyecto se cerró definitivamente cuando Keir Starmer llegó a Downing Street en 2024 y lo canceló. Los nuevos centros europeos comparten con aquel modelo el rasgo esencial de enviar fuera del continente a personas sin nacionalidad ni vínculo con el país receptor, pero existe una diferencia jurídica que sus impulsores subrayan: los return hubs están pensados para quienes ya han recibido una orden de salida firme, no para decidir en suelo africano si una persona merece asilo. La decisión sobre su estatus ya estaría tomada antes del traslado.
El giro hacia los return hubs se produce en un momento en que varias de las posiciones más restrictivas en materia migratoria han ganado terreno en los consejos de ministros europeos, con Alemania entre los principales impulsores de una idea que hace pocos años solo planteaban los partidos soberanistas. España fue el único país que votó en contra del reglamento que agiliza las expulsiones, en una votación que dejó a Madrid aislada frente al resto de socios comunitarios, tal y como se detalló en la pieza sobre el voto en solitario de España contra el reglamento de expulsiones.
El calendario fijado por los cinco países en Copenhague marca el siguiente hito verificable: un acuerdo con al menos un país tercero antes de que acabe el año en curso, y los primeros traslados efectivos a uno de esos centros en 2027 si las negociaciones con Ruanda o Uganda llegan a buen puerto.
