El requerimiento de HazteOir no se presentó como una denuncia judicial, sino como una petición de información dirigida a Interior sobre el operativo: qué función cumplía exactamente la embarcación, cuántos agentes participaron en el dispositivo y qué coste ha supuesto. La organización enmarcó su reclamación en la situación migratoria en Ceuta, sobre la que Sánchez presidió una videoconferencia con su equipo ministerial ese mismo viernes antes de la salida al mar.
«Esa Zodiac debería estar protegiendo nuestras fronteras o apoyando a los guardias civiles que combaten el narcotráfico en Barbate, no llevando a Pedro Sánchez a bucear», denunció la asociación, que sostuvo que «los medios públicos están para servir a España, no para hacer más cómodas las vacaciones del presidente». La entidad anunció que trasladará su pregunta a Interior, sin que por ahora haya traducción procesal alguna.
Según las imágenes difundidas, el presidente salió de Puerto Rubicón a las 11:16 horas del viernes y regresó al mismo puerto a las 12:53 horas, con una segunda embarcación de escolta acompañando el trayecto. La misma información apunta a que la salida se había repetido esa semana, con un desplazamiento previo el lunes 3 de agosto desde Puerto Calero a las 11:47 horas y un dispositivo similar de seguridad.
La Mareta, en el término de Teguise (Lanzarote), es una finca cedida al Estado que funciona como residencia de descanso para autoridades y ha sido utilizada por presidentes de distinto signo durante sus periodos vacacionales. Desde allí resulta habitual el desplazamiento a las calas próximas de Puerto Calero y Puerto Rubicón. El buceo, según el material publicado, forma parte de la rutina veraniega del presidente en la isla.
El marco de la protección presidencial
El uso de escoltas y embarcaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante los desplazamientos privados del jefe del Ejecutivo forma parte del dispositivo de protección inherente al cargo. Ese esquema lo coordina el Ministerio del Interior, con el Servicio de Protección de la Policía Nacional para las personalidades y, en operativos costeros o de apoyo logístico, con unidades de la Guardia Civil. La doctrina de seguridad establece que el nivel de protección se determina por el riesgo asociado a la persona, no por el carácter oficial o privado de la actividad.
El acceso a los datos sobre coste y despliegue de estos medios puede canalizarse mediante la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que faculta a cualquier ciudadano u organización para solicitar información a las administraciones. La propia norma prevé, sin embargo, límites cuando la difusión de determinados detalles pueda comprometer la seguridad nacional, la defensa o la de las personas protegidas y los agentes desplegados, un supuesto que suele invocarse en materia de escoltas de altos cargos.
La controversia sobre el empleo de medios públicos de seguridad en las vacaciones de los máximos responsables del Estado no es nueva. Presidentes anteriores fueron objeto de críticas semejantes por el despliegue de escoltas, vehículos oficiales o embarcaciones durante sus descansos estivales, ya fuera en Doñana, en el complejo de Marivent en Palma o en las propias Islas Canarias. En la práctica totalidad de esos casos el asunto se mantuvo en el terreno del debate político y de las preguntas de control, sin derivar en actuaciones judiciales, al considerarse parte del operativo de protección reglado.
HazteOir es una plataforma de movilización ciudadana que en otras ocasiones ha recurrido a peticiones de información, campañas de recogida de firmas y quejas ante instituciones para cuestionar decisiones de distintos gobiernos. Su reclamación en este caso se apoya en el contraste que la propia entidad establece entre la gestión de la tensión fronteriza en Ceuta —donde el Ejecutivo ha mantenido reuniones de coordinación interministerial— y el uso de una embarcación de la Guardia Civil en un desplazamiento de ocio.
Ni La Moncloa ni el Ministerio del Interior se han pronunciado públicamente sobre la petición ni sobre el dispositivo concreto empleado en Lanzarote. En episodios anteriores, distintos gobiernos han defendido que los medios asignados a la protección presidencial son consustanciales al cargo y no dependen de que la actividad sea oficial o privada, dado que el riesgo de seguridad persiste también durante las vacaciones.
El recorrido del asunto dependerá de si Interior atiende la petición de información y de si la controversia se traslada al ámbito parlamentario mediante preguntas de control al Gobierno, un cauce frecuente cuando estos episodios adquieren notoriedad. No consta, por el momento, ninguna actuación judicial o de la Fiscalía relacionada con el caso, que permanece en el plano del debate político y de la solicitud de transparencia administrativa.
