El informe, remitido a la instructora, se perfila como una de las piezas centrales del procedimiento al aportar un indicio material que respalda el relato de la denunciante. Las muestras se recogieron tras detectarse indicios de la presunta agresión, en el marco del procedimiento médico-legal habitual en este tipo de causas, que exige preservar la cadena de custodia de las pruebas biológicas para su validez posterior ante el tribunal.
El caso salió a la luz en enero de 2026, cuando se conoció la apertura de una investigación contra el cirujano por la presunta violación de una paciente durante una intervención de cirugía estética en un centro de Murcia. En los días siguientes, el juzgado amplió las diligencias para esclarecer si el mismo profesional habría cometido agresiones similares contra al menos otras dos mujeres a las que también había operado, según trascendió de fuentes judiciales.
El marco penal y la ausencia de consentimiento bajo anestesia
La causa se tramita por el procedimiento penal ordinario para delitos contra la libertad sexual, regulado en los artículos 178 y siguientes del Código Penal tras la reforma introducida por la Ley Orgánica 10/2022, conocida como ley del «solo sí es sí», que eliminó la distinción previa entre abuso y agresión sexual y equiparó ambas conductas bajo el criterio del consentimiento. La particularidad del caso reside en el escenario en el que se habrían producido los hechos: el quirófano, donde la paciente se encuentra bajo los efectos de la anestesia y, por tanto, sin capacidad para consentir o rechazar cualquier acto.
Los protocolos hospitalarios establecen la presencia de personal médico y de enfermería durante toda intervención, precisamente para evitar situaciones de este tipo, por lo que la instrucción deberá determinar también si hubo fallos en la supervisión del acto quirúrgico.
La defensa del cirujano, cuya identidad no ha sido difundida al mantenerse la causa bajo secreto parcial en determinadas piezas, no se ha pronunciado públicamente sobre el hallazgo forense. En fases anteriores habría negado los hechos y solicitado el archivo por falta de indicios, argumento que la aparición de restos biológicos podría debilitar, si bien corresponderá a la instrucción establecer su origen y compatibilidad genética mediante las pruebas de ADN pertinentes.
El siguiente paso procesal previsible es el cotejo genético de las muestras con el perfil de ADN del investigado, un análisis que en España realizan los institutos de medicina legal o la Comisaría General de Policía Científica y cuyos plazos suelen oscilar entre varias semanas y algunos meses, según la carga de trabajo de los laboratorios.
Un supuesto excepcional que activa la vía deontológica
Las agresiones sexuales cometidas por personal sanitario durante procedimientos médicos no son inéditas en España, aunque resultan estadísticamente excepcionales frente al volumen de intervenciones que se practican cada año en la sanidad pública y privada. El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos dispone de mecanismos deontológicos y disciplinarios que permiten la apertura de expedientes e incluso la inhabilitación cautelar de un facultativo cuando existen indicios graves de conducta delictiva, medida cuya iniciativa corresponde al colegio de la región donde ejerce el investigado.
La Región de Murcia cuenta con su propio Colegio Oficial de Médicos, que no ha informado públicamente sobre si ha incoado expediente disciplinario paralelo. La normativa colegial permite a estas corporaciones actuar con independencia del proceso penal cuando existe riesgo para la seguridad de los pacientes, incluida la suspensión cautelar de la licencia para ejercer mientras dura la instrucción.
Las asociaciones de víctimas de violencia sexual han reclamado en los últimos años una mayor protección para las pacientes durante procedimientos bajo anestesia, así como la revisión de los protocolos de acompañamiento en quirófano, en particular en clínicas privadas de cirugía estética, un sector que carece en España de un registro público centralizado sobre el número exacto de intervenciones realizadas cada año.
La instrucción sigue abierta y no hay fecha para la apertura de juicio oral, un trámite que en España puede demorarse entre varios meses y más de un año desde la incoación de la causa, según la complejidad de las pruebas y el número de partes. Entre tanto, el juzgado deberá resolver sobre las otras presuntas víctimas cuyos casos se investigan de forma conjunta, para determinar si existe un patrón de conducta que agrave la responsabilidad penal atribuida al cirujano.
