El suceso se produjo en una vivienda alquilada en Cullera, uno de los destinos turísticos más frecuentados del litoral valenciano durante los meses de verano. Según fuentes próximas a la investigación citadas en el caso, los cuerpos de la pareja fueron localizados por sus propios hijos, menores de edad, la tarde del martes, en el interior del jacuzzi de la propiedad que la familia tenía alquilada para pasar sus vacaciones.
Los agentes que se desplazaron al lugar tras darse la voz de alarma acordonaron la vivienda y activaron el protocolo habitual en muertes de causa no esclarecida, que incluye la inspección técnico-policial del escenario, la recogida de muestras biológicas y objetos de interés, y el aviso al Juzgado de Instrucción de guardia de Sueca, partido judicial al que pertenece Cullera, para que autorice el levantamiento de los cadáveres y ordene las diligencias oportunas.
De acuerdo con las mismas fuentes, la pareja presentaba signos aparentes de haber consumido sustancias estupefacientes, un extremo que deberá confirmar la autopsia y que constituye por ahora uno de los elementos que los investigadores analizan para determinar las causas del fallecimiento. El Instituto de Medicina Legal de Valencia será el encargado de practicar la necropsia a ambos cuerpos, un trámite que en muertes de causa incierta suele demorarse varios días hasta la obtención de los primeros resultados toxicológicos.
La instrucción, en su fase inicial, se centra en reconstruir las últimas horas del matrimonio: con quién estuvieron, si ingirieron alcohol u otras sustancias antes de sumergirse en el jacuzzi, y si existía algún indicio de intervención de terceros en la vivienda. La Guardia Civil no ha calificado el hecho como homicidio ni como accidente; ambas posibilidades permanecen abiertas mientras no se cierre el informe forense y se completen las pesquisas de campo, entre ellas la toma de declaración a testigos y a los propios hijos de la pareja.
La condición de menores de los dos hijos obliga a rodear cualquier entrevista de las garantías previstas en la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, que impone la intervención del Ministerio Fiscal y la adopción de medidas que eviten una nueva victimización. Los servicios sociales suelen activar en estos casos un protocolo de atención a menores en situación de desamparo temporal, a la espera de que familiares o la representación consular se hagan cargo de su custodia.
La asistencia consular a los nacionales irlandeses en España corresponde a la embajada de Irlanda, conforme a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, que reconoce a los Estados el derecho a proteger a sus ciudadanos en el extranjero y a ser informados de incidentes graves que les afecten. La eventual repatriación de los cuerpos a Irlanda exigiría la coordinación entre el Registro Civil español, el consulado del país de origen y la autorización judicial, que no se concede mientras la causa de la muerte siga bajo investigación.
De accidente a homicidio: dos vías abiertas
Las fuentes de la investigación han evitado por ahora pronunciarse sobre si existen indicios de la intervención de una tercera persona. De confirmarse esa hipótesis, las diligencias se reorientarían hacia una causa por delito contra la vida, con la consiguiente apertura de un procedimiento penal y, en su caso, la identificación de algún investigado. Mientras tanto, el caso se tramita como muerte de causa desconocida pendiente de determinar mediante prueba pericial, la fórmula procesal que permite mantener abiertas todas las líneas hasta que la ciencia forense fije la causa del deceso.
El resultado de la autopsia será decisivo para orientar la instrucción. Los análisis toxicológicos completos suelen tardar varias semanas en estar disponibles en los laboratorios oficiales españoles, un plazo que condiciona el ritmo de la investigación y que en la práctica retrasa cualquier conclusión firme sobre las causas.
Sucesos de este tipo, aunque infrecuentes, no son inéditos en el litoral mediterráneo durante los meses estivales. La combinación de altas temperaturas, ingesta de alcohol o estupefacientes y el uso de jacuzzis o piscinas privadas ha motivado en el pasado investigaciones en las que la autopsia terminó revelando causas naturales, como paradas cardiorrespiratorias asociadas al calor del agua, o intoxicaciones accidentales. Los servicios de emergencia advierten periódicamente del riesgo de combinar el uso de jacuzzis con sustancias que alteran la percepción o la regulación de la temperatura corporal.
La Guardia Civil ha subrayado que se trata de una investigación en curso y que cualquier conclusión sobre las causas del fallecimiento deberá esperar a los resultados de la autopsia y del resto de diligencias abiertas. El siguiente hito será el informe preliminar del Instituto de Medicina Legal de Valencia, que determinará si la causa se archiva como muerte accidental o si se reorienta hacia una investigación penal por posible intervención de terceros.
