La fiscal Marta Durántez sometió este martes al exministro de Transportes José Luis Ábalos a cuatro horas y media de interrogatorio ininterrumpido ante el Tribunal Supremo, en una sesión articulada en tres bloques —los 94.372 euros en efectivo hallados en su entorno, los 15.000 euros del viaje a Dubái sin acreditación bancaria, y las doce llamadas directas con el empresario Víctor Aldama que Ábalos negó haber mantenido durante la instrucción— que derivó en silencios prolongados, admisiones parciales y respuestas cada vez más lacónicas por parte del interrogado. La defensa solicitó una pausa que el presidente de la sala, Manuel Marchena, denegó. La Fiscalía mantiene una petición de 24 años de prisión.
Por qué importa esta sesión
El interrogatorio de la acusación pública constituye uno de los momentos procesales de mayor peso en un juicio oral ante el Tribunal Supremo: es el espacio en el que la Fiscalía confronta al acusado con los indicios documentales y testificales reunidos durante la instrucción, y en el que las contradicciones —o la ausencia de explicaciones— quedan registradas en el acta y pueden ser invocadas en el informe de conclusiones definitivas. La estrategia denominada 'de capas', empleada según el lead por Durántez, consiste en superponer preguntas sobre el mismo hecho desde ángulos distintos para identificar inconsistencias en las respuestas, una técnica habitual en litigios complejos de corrupción donde los movimientos de capital carecen de justificación documental directa.
El bloque del efectivo: 94.372 euros sin justificar
El primer tramo del interrogatorio se centró en los 94.372 euros en efectivo cuya procedencia y destino no han quedado acreditados, según el material de la acusación. Ante las preguntas de Durántez sobre el origen de esa cantidad, Ábalos incurrió en lo que la propia dinámica de la sesión evidenció como dificultades explicativas, sin que la defensa pudiera articular una interrupción eficaz. El efectivo no rastreable constituye uno de los ejes del caso porque la acreditación de flujos de capital en metálico —al margen del sistema bancario— es, en la doctrina del Tribunal Supremo sobre delitos de cohecho y corrupción, un indicio de primer orden cuando quien los maneja ostenta o ha ostentado funciones públicas relevantes.
El viaje a Dubái y los 15.000 euros sin rastro bancario
El segundo bloque abordó un viaje a Dubái para el que la Fiscalía cifra en 15.000 euros el coste sin reflejo en extracto bancario alguno. Durántez obtuvo de Ábalos una admisión parcial: la presencia durante ese desplazamiento de un acompañante descrito como empresario, extremo que el exministro no había reconocido con anterioridad en esos términos. El silencio de dieciocho segundos que la fiscal provocó al presentar el extracto de Mapfre —documentación de una aseguradora que la acusación incorporó como prueba— quedó registrado ante la sala y será previsiblemente referenciado en el informe oral de la Fiscalía. La ausencia de justificación bancaria para gastos de viaje de esa magnitud es relevante porque la legislación española sobre incompatibilidades y el régimen de control de actividades de los altos cargos —regulado por la Ley 3/2015— exige que los servidores públicos en activo puedan acreditar el origen y la naturaleza de sus percepciones.
Las doce llamadas con Aldama que Ábalos negó
El tercer y más prolongado bloque versó sobre doce contactos telefónicos directos entre Ábalos y el empresario Víctor Aldama que, según la Fiscalía, se produjeron y que el exministro negó durante la fase de instrucción. La confrontación con esos registros de llamadas —cuya existencia material no fue rebatida en sala según el material disponible— generó las respuestas más breves de la sesión por parte del interrogado. Aldama figura en la causa como pieza central de la trama investigada; las comunicaciones directas entre ambos, de confirmarse y no quedar explicadas, contradirían la versión sostenida por Ábalos ante el juez instructor y podrían reforzar la tesis acusatoria de una relación que Ábalos había minimizado o negado.
La denegación de pausa y la posición de la defensa
Cuando la defensa de Ábalos solicitó una interrupción —en un momento que el material sitúa en el tramo final del interrogatorio, coincidiendo con el bloque de las llamadas—, el magistrado Manuel Marchena denegó la pausa. En el procedimiento oral ante el Tribunal Supremo, la dirección de las sesiones corresponde al presidente de sala, que dispone de amplia discrecionalidad para gestionar los tiempos del plenario. Los letrados defensores calificaron públicamente la jornada de 'presión inaceptable', una expresión que, en términos procesales, carece de virtualidad jurídica inmediata pero que anticipa posibles alegaciones sobre las condiciones del interrogatorio en un eventual recurso.
Contexto y precedente
El caso tiene como telón de fondo la investigación de una presunta trama de corrupción en la que confluyen contratos públicos, intermediarios empresariales y transferencias de capital cuya licitud está en disputa. Ábalos, que fue ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana entre 2018 y 2021, es uno de los acusados de mayor rango institucional juzgados en el Supremo en la última década en el ámbito de la denominada corrupción política. El Tribunal Supremo actúa en esta causa en primera y única instancia por razón del aforamiento, lo que implica que un eventual recurso contra la sentencia solo cabría ante el Pleno de la Sala de lo Penal o, en su caso, ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Próximas fases del juicio
La sesión del martes no agota el interrogatorio al que Ábalos puede ser sometido: la acusación particular y las acusaciones populares, si las hubiere, conservan su turno de preguntas, al igual que su propia defensa en el tramo de repreguntas. Una vez concluida la práctica de la prueba, la Fiscalía elevará a definitivas o modificará sus conclusiones —hasta ahora, 24 años de prisión— en función de lo acreditado durante el plenario. La contundencia del interrogatorio del martes, sin embargo, sitúa la estrategia defensiva ante la necesidad de ofrecer en su informe final una explicación coherente para cada uno de los tres bloques que Durántez construyó durante la jornada.
