El retraso coincide con un endurecimiento general de la política migratoria comunitaria. El pasado mes, España votó en solitario en el Consejo de la UE contra el reglamento que agiliza las expulsiones de migrantes, una postura que distanció al Ejecutivo del resto de socios europeos según consta en la votación recogida por las instituciones comunitarias.
El texto, que el Gobierno había vinculado inicialmente al paquete de vivienda, buscaba dotar a las autoridades de mecanismos más ágiles para tramitar devoluciones de personas en situación irregular. Ese procedimiento se rige en España por la Ley de Extranjería y su reglamento de desarrollo, además del Reglamento Dublín III y el Pacto Europeo de Migración y Asilo, aprobado en 2024. La falta de desarrollo normativo interno limita la capacidad de ejecución de las resoluciones de expulsión ya dictadas.
Ceuta, frontera terrestre de la Unión con Marruecos, es uno de los puntos de mayor presión migratoria del Mediterráneo occidental. En mayo de 2021, más de 8.000 personas cruzaron la frontera en apenas 48 horas tras una relajación de los controles marroquíes, un episodio que marcó un punto de inflexión en la relación bilateral entre Madrid y Rabat y en la percepción europea de la vulnerabilidad de ese perímetro.
El calendario electoral español explica la decisión de no activar el decreto antes de lo previsto. Cualquier medida con impacto directo en la gestión migratoria genera un intenso debate parlamentario, lo que el Gobierno habría preferido evitar en un periodo de máxima exposición pública antes de los comicios.
La Comisión ha reiterado en distintos foros la necesidad de que los Estados miembros trasladen a sus marcos jurídicos nacionales las disposiciones del Pacto de Migración y Asilo antes de mediados de 2026, un plazo que España comparte con el resto de socios pero que, en el caso de las devoluciones, exige además desarrollo reglamentario propio.
El contraste entre el discurso europeo de endurecimiento y la pausa legislativa española convive con otros movimientos de integración de Madrid con Bruselas, como la reciente firma del primer préstamo Safe de la Unión Europea, dotado con 1.000 millones de euros, en materia de defensa.
Mientras el decreto permanece sin fecha de tramitación, la presión sobre la frontera de Ceuta continúa siendo objeto de seguimiento por parte de las autoridades europeas, que vinculan la estabilidad de ese perímetro a los acuerdos de cooperación con Marruecos y a la capacidad de España de ejecutar con celeridad las resoluciones de expulsión ya dictadas por sus tribunales.
