El fenómeno no es nuevo, pero su magnitud preocupa a los supervisores: cuando un banco posee grandes cantidades de bonos de su propio país, cualquier deterioro en la percepción de solvencia del Estado golpea simultáneamente al balance de la entidad, que ve caer el valor de esos activos justo cuando más necesita capital. Es el mecanismo que llevó a Irlanda, Grecia, Portugal y España a solicitar asistencia financiera europea hace más de una década, cuando la deuda pública y la bancaria quedaron entrelazadas hasta hacerse casi indistinguibles para los mercados.
La diferencia respecto a entonces es que la deuda pública española ha crecido de forma sostenida desde la pandemia, mientras el Banco Central Europeo ha ido retirando progresivamente las compras de bonos que sostuvieron el mercado durante años. Esa retirada deja a los bancos como compradores de referencia en las subastas del Tesoro, reforzando el vínculo entre la salud del sector financiero y la capacidad del Estado para financiarse a tipos razonables.
El marco regulatorio surgido tras aquella crisis —la unión bancaria europea, con el Mecanismo Único de Supervisión y el Mecanismo Único de Resolución— se diseñó precisamente para romper ese lazo entre bancos y soberanos. Sin embargo, la deuda pública sigue recibiendo un tratamiento de riesgo cero en el cálculo de capital regulatorio de las entidades, un privilegio que incentiva su acumulación en los balances sin consumir recursos propios, a diferencia de otros activos.
Francia supera el 110% de deuda
Francia, con una deuda pública que supera el 110% de su PIB según Eurostat, lidera la exposición bancaria a bonos soberanos en la eurozona, en un contexto de inestabilidad política que ha presionado la prima de riesgo del país. España, con una deuda en torno al 101% del PIB según el Banco de España, ocupa la segunda posición en ese ranking de concentración, por delante de economías como Alemania, donde el mercado de deuda está más diversificado entre inversores internacionales.
La proporción destaca si se compara con la situación previa a 2008, cuando la banca española mantenía una exposición mucho más moderada a la deuda del Tesoro y basaba su negocio en el crédito hipotecario y empresarial. El giro hacia la deuda soberana como activo refugio se intensificó durante la crisis financiera y se ha mantenido como estrategia de gestión de liquidez, en parte por la rentabilidad relativa que ofrecen los bonos frente a otras colocaciones de bajo riesgo. El tratamiento fiscal del ladrillo volvió a marcar la actualidad económica reciente, como refleja el caso de un propietario que retira pisos del alquiler ante los decretos de vivienda.
La Autoridad Bancaria Europea revisa periódicamente estos niveles de concentración en sus pruebas de resistencia, aunque no ha impuesto límites obligatorios a la tenencia de deuda soberana nacional por parte de los bancos. La medida se ha debatido en Bruselas sin llegar a materializarse por la resistencia de varios Estados miembros, entre ellos Italia y la propia España, reacios a encarecer su financiación.
El contexto de tipos de interés más altos que los de la última década eleva el coste de cualquier nueva emisión y aumenta la sensibilidad de los balances bancarios a las fluctuaciones en la prima de riesgo. Mientras el mercado de deuda se mantenga estable, la exposición no genera tensiones visibles; el riesgo aflora en los episodios de desconfianza súbita sobre la sostenibilidad fiscal de un Estado, como ocurrió con Grecia en 2010 o con el Reino Unido tras el fallido plan presupuestario de 2022.
