La resolución del juzgado ceutí no ha citado, de momento, a Pérez Triano como investigado, pero sí ordenó practicar diligencias para esclarecer los hechos. Manos Limpias sostiene en su denuncia que el delegado incurrió en una «imprudencia grave al no haber impedido la invasión de una parte del territorio nacional» y le acusa de haber actuado «a sabiendas» de que los servicios de inteligencia le habían advertido con antelación de lo que iba a ocurrir.
Ese aviso previo es uno de los puntos que ha alimentado la crisis interna del Gobierno delegado. El jefe de gabinete de Pérez Triano, Gonzalo Sanz, dimitió después de que el delegado afirmara en una rueda de prensa que su colaborador no le había informado de una llamada de once minutos mantenida con el Centro Nacional de Inteligencia, en la que el organismo alertaba de llamamientos a entrar ilegalmente en Ceuta difundidos en grupos de redes sociales con hasta 180.000 seguidores. Sanz negó esa versión en su carta de renuncia, en la que aseguró que sí trasladó el contenido de la comunicación a su superior.
El caso dio un giro procesal este lunes, cuando la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, que instruye la causa principal sobre la entrada masiva del 30 de julio, solicitó al juzgado de Ceuta que le remitiera el procedimiento abierto contra el delegado. La jueza pidió a la Sala ceutí que valorase «la pertinencia de inhibirse de sus actuaciones en favor» de su juzgado si los hechos investigados coincidieran con los que ya instruye en la pieza principal.
La petición de Tardón llegó después de que la Fiscalía de Ceuta reclamara que las diligencias abiertas en la ciudad autónoma se elevaran a la causa de la Audiencia Nacional, al entender el Ministerio Público que ambos procedimientos investigan hechos relacionados. La decisión sobre una eventual acumulación de causas corresponde ahora a los juzgados implicados.
El precedente de Salvadora Mateos en 2021
Fuentes socialistas restan trascendencia a la investigación y recuerdan que la anterior delegada del Gobierno en Ceuta, la socialista Salvadora Mateos, ya fue objeto de una sentencia por su gestión de la llegada masiva de 2021, cuando entraron en la ciudad autónoma unos 15.000 inmigrantes azuzados por Marruecos. La Audiencia de Cádiz dictó su fallo en 2025, cuando Mateos ya no ocupaba el cargo, por la repatriación de 55 menores extranjeros no acompañados a Marruecos en agosto de 2021. El tribunal consideró probado que Mateos y la entonces vicepresidenta ceutí, Mabel Deu, del PP, actuaron con «consciente desprecio de las normas legales aplicables» y en coordinación con autoridades marroquíes mediante un acuerdo verbal, sin resoluciones administrativas individuales ni informes preceptivos.
«Ya se inhabilitó a la anterior», resumen esas mismas fuentes socialistas, que se limitan a describir la nueva causa como algo que «está en investigación». La idea del Ejecutivo, según fuentes citadas, era mantener en el puesto a Pérez Triano «siempre que no aparezca ninguna otra implicación».
La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, evitó pronunciarse sobre la continuidad del delegado en la rueda de prensa posterior a la Ejecutiva del partido celebrada este lunes, después de que el vicepresidente socialista de la Asamblea de Ceuta, Melchor León, afirmara que Pérez Triano tenía los días contados al frente de los socialistas ceutíes. «Estamos en la gestión de Ceuta y nada nos va a despistar de este objetivo», replicó Mínguez, quien defendió la transparencia del Ejecutivo: «Incluso hemos sido tan transparentes como nunca nadie antes lo había sido; ustedes han podido leer los informes».
La crisis migratoria de Ceuta ha marcado la agenda política del verano, con el Gobierno anunciando una ampliación a 10.000 plazas de acogida en la ciudad autónoma y críticas de la oposición, como las de Juanma Moreno sobre la gestión de Sánchez. El desgaste se reflejó en el barómetro del CIS, que situó al PSOE en el 31% de intención de voto, dos puntos menos que en julio.
«Esto se está investigando y, cuando acabe la investigación, evidentemente se tomarán las medidas que se tengan que tomar, pero dejemos que la investigación avance y se resuelva», recalcó la portavoz del PSOE, Montse Mínguez.
