El caso llegó a la Guardia Civil a través de una alerta emitida por una asociación internacional de defensa de la infancia, que detectó la circulación de vídeos y fotografías con contenido sexual explícito de una menor. Según la instrucción, ese material se distribuía a través de aplicaciones de mensajería instantánea y de un foro alojado en la Dark Web especializado en pornografía infantil, lo que activó el protocolo de colaboración entre organizaciones civiles y cuerpos policiales especializados en delitos tecnológicos contra menores.
La investigación, desarrollada por especialistas de la UCO, se apoyó en un detalle aparentemente menor para identificar al sospechoso: el estampado de una camiseta visible en las grabaciones. Ese diseño remitía a un cartel publicitario de una asociación balear vinculada al break dance, lo que permitió a los investigadores rastrear perfiles públicos en Instagram y TikTok hasta dar con adultos de ese entorno cuyos tatuajes en los brazos coincidían con los que aparecían en los archivos incautados.
A partir de ahí, según fuentes de la investigación, el análisis de las publicaciones en redes sociales permitió geolocalizar varios de los puntos donde presuntamente se habrían producido los abusos. Las víctimas identificadas serían alumnas de la academia de baile en la que el detenido impartía clases; una de ellas sería hija de una compañera de trabajo del propio investigado, un extremo que ilustra el grado de confianza que, según la instrucción, el sospechoso habría logrado generar en el entorno familiar de las menores.
El registro domiciliario, practicado el 27 de julio, permitió a la Guardia Civil incautar teléfonos móviles, tabletas y varias unidades de almacenamiento masivo. En esos dispositivos se habrían localizado miles de archivos de contenido pedófilo, incluido material presuntamente manipulado mediante inteligencia artificial, según las mismas fuentes. La fase actual de la investigación se centra en el análisis pericial de las pruebas biológicas e informáticas: los laboratorios de Criminalística estarían examinando los vídeos recabados y la composición de determinadas bebidas que el investigado, según la instrucción, preparaba mezclando semen, orina y bebida isotónica, presentándolas a las menores como sustancias destinadas a mejorar su rendimiento físico. Esas prácticas, de confirmarse en el procedimiento, sustentarían la imputación por trato degradante.
El marco penal y la medida cautelar
El marco penal aplicable —agresión sexual a menor de dieciséis años, corrupción de menores y elaboración o distribución de pornografía infantil— se recoge en los artículos 181 y siguientes del Código Penal, tras la reforma introducida por la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, que endureció las penas y amplió los plazos de prescripción en delitos contra menores. La instrucción corresponde al juzgado de instrucción competente por razón del territorio y el enjuiciamiento, de elevarse a juicio oral, recaería en la Audiencia Provincial de Baleares.
La prisión provisional decretada por la jueza de Inca es una medida cautelar orientada a evitar el riesgo de fuga, destrucción de pruebas o reiteración delictiva, y no implica una declaración de culpabilidad, que solo podría establecerse mediante sentencia firme. Según ha trascendido, el investigado contaba ya con un antecedente por un delito de agresión sexual registrado en mayo de 2023, un dato que la instrucción deberá valorar en el conjunto de la causa sin que prejuzgue por sí solo su responsabilidad en los hechos actuales.
El entorno cercano al detenido ha cuestionado la solidez de las evidencias y ha justificado su ausencia de los primeros compases del caso alegando un viaje urgente a Ecuador, una versión que los investigadores no habrían podido corroborar de forma independiente. La defensa del investigado, cuya identidad no ha trascendido, podrá presentar recurso contra el auto de prisión provisional ante la Audiencia Provincial de Baleares en los plazos que fija la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Los casos de captación de menores en entornos deportivos o de ocio y la explotación posterior del material a través de redes cifradas o la Dark Web se han incrementado en España en paralelo a la mayor sofisticación de las herramientas de rastreo digital y a la cooperación con asociaciones internacionales de protección a la infancia. La Fiscalía General del Estado viene reflejando en sus memorias anuales un aumento sostenido de las diligencias abiertas por delitos de pornografía infantil difundida por internet a lo largo de la última década. Como precedente notorio, la Operación Carrusel de la Guardia Civil, desarrollada desde 2018, se saldó con decenas de detenidos por distribución de este tipo de material en foros de la red oscura, y evidenció el peso creciente de la pericia informática en esta tipología de causas.
El procedimiento continúa con parte de las diligencias bajo secreto mientras se completa el volcado y análisis pericial del material incautado. De confirmarse los indicios que sostienen la instrucción, el caso podría derivar en la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial de Baleares, si bien los plazos de instrucción en causas de esta complejidad —que combinan pericia digital, forense y testimonios de menores— suelen prolongarse durante meses antes de que el juzgado resuelva sobre su elevación a juicio.
