Desde el 31 de julio, unidades del Ejército de Tierra patrullan a pie y en vehículo por los barrios de Ceuta con el objetivo de interceptar a personas migrantes en situación irregular y ponerlas a disposición de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la frontera, donde se tramitan las devoluciones. El dispositivo abarca, según ATME, a regulares —las antiguas tropas nómadas—, caballería, ingenieros, zapadores, unidades logísticas, la Policía Militar y la Comandancia General de Ceuta, además de la Legión, en lo que su presidente describe como la implicación de «prácticamente todas las unidades militares» presentes en la ciudad.
La asociación, que representa a personal de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas, sostiene que la carga de trabajo se combina con una alimentación que califica de insuficiente para el esfuerzo físico exigido. Entre los ejemplos citados figuran raciones compuestas por un bocadillo de mortadela, una lata de atún con panecillo, una pieza de fruta y dos botellines de agua de 330 mililitros para cubrir toda la jornada. En otras ocasiones, según la misma fuente, el embutido varía a chorizo o salchichón y la fruta se sustituye por un yogur y un paquete de cuatro galletas.
Marco Antonio Gómez, presidente de ATME y con experiencia previa de servicio en la Legión de Ceuta durante el cambio de la valla fronteriza a finales de los años noventa, ha declarado que «no se puede exigir profesionalidad, sacrificio y compromiso sin garantizar lo más básico: una alimentación adecuada y el suficiente descanso para poder desempeñar la labor con garantías». Gómez reclamó medidas que pasen por reforzar la plantilla con efectivos de otras ciudades y por que las raciones sean suficientes.
La asociación apunta además a un reparto desigual: la comida, preparada para todos los efectivos por igual, habría llegado en cantidad suficiente a unos militares mientras que a otros no, lo que ATME atribuye a un fallo logístico en la distribución más que a una escasez general de recursos. «No somos robots. Es de cajón que si nos tienen haciendo 16 horas, malcomiendo y mal durmiendo, al día siguiente no podemos rendir», sostuvo Gómez.
Hacinamiento en los acuartelamientos
El hacinamiento es otro de los puntos señalados por la asociación. Al no estar diseñados los acuartelamientos —bases, cuarteles y buques— para alojar a un número de efectivos muy superior al habitual, dado que la mayoría de los militares destinados en Ceuta reside fuera de las instalaciones con sus familias, los soldados desplegados dormirían, según ATME, en habitaciones y pasillos habilitados de forma improvisada. Muchos de ellos llevan sin ver a sus familias desde el inicio del operativo, prolongado ya más de una semana. Fuentes militares consultadas habrían indicado también que en algunas unidades se ha restringido el uso del teléfono móvil, lo que dificultaría el contacto con sus allegados.
El Ministerio de Defensa no ha efectuado, hasta el momento, declaraciones públicas sobre las condiciones logísticas del despliegue en Ceuta ni sobre las denuncias trasladadas por la asociación. Tampoco consta respuesta oficial del Mando de Canarias, Ceuta y Melilla ni de la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma sobre la organización de turnos y suministros.
El precedente de 2021 y el marco legal
La llegada de migrantes a Ceuta a través de su frontera con Marruecos ha sido recurrente en los últimos años. El episodio más destacado se produjo en mayo de 2021, cuando alrededor de 10.000 personas cruzaron la frontera en apenas dos días tras la relajación temporal de los controles marroquíes, una crisis que llevó entonces también a un despliegue del Ejército en apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ceuta y Melilla constituyen los dos únicos puntos de contacto terrestre entre España y la Unión Europea con el continente africano.
El marco legal que rige estas actuaciones combina la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España con los acuerdos bilaterales de readmisión suscritos con Marruecos. La participación de las Fuerzas Armadas en tareas de apoyo a la seguridad se sustenta en la Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional, que contempla su empleo en misiones de colaboración con las autoridades civiles en situaciones de emergencia o especial necesidad, sin asumir competencias policiales propias.
Las condiciones laborales y de vida de la tropa se articulan, por su parte, a través de asociaciones profesionales como ATME, que no ostenta representación sindical formal —prohibida para los militares en activo en España— y carece de capacidad de negociación colectiva, pero actúa como cauce de queja e interlocución ante el Ministerio de Defensa y como voz pública para trasladar el malestar de sus afiliados. El Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas es el órgano oficial en el que estas asociaciones canalizan sus reivindicaciones ante el departamento.
Queda por ver si Defensa atiende las peticiones de refuerzo de personal y revisión de las raciones, y si el dispositivo fronterizo en Ceuta se prolonga en las próximas semanas o se reconduce hacia la normalidad, como ha ocurrido tras crisis migratorias anteriores. ATME advirtió de que «la normalidad aún no ha vuelto» a la ciudad autónoma.
